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VALÈNCIA (EP). El pleno del Parlamento Europeo ha dado este miércoles luz verde final a las nuevas normas de productos de construcción 'verdes', que eliminarán los obstáculos a su libre circulación en el mercado y reducirán la carga administrativa a través de soluciones digitales a fin de incentivar su uso.
Las nuevas normas, que buscan fortalecer el mercado único de productos de construcción y respaldar los objetivos ecológicos y de digitalización de la UE, han sido adoptadas por 505 votos a favor, 40 votos en contra y 78 abstenciones.
Este reglamento, que fue acordado en diciembre entre el Consejo y el Parlamento, tiene en cuenta el desarrollo de las tecnologías, prevé la creación de un pasaporte digital de productos de construcción y establece la habilitación para futuros procedimientos de contratación pública 'verde' de productos de construcción.
Por su lado, la Comisión Europea estará facultada para establecer requisitos mínimos obligatorios de sostenibilidad ambiental a través de actos delegados para la contratación pública de productos de construcción, para incentivar la oferta y la demanda de productos ambientalmente sostenibles.
Estas normas podrán aplicarse a todos los contratos que contengan productos de construcción, incluidos las licitaciones de obras públicas, cuando los Estados miembro quieran introducir requisitos medioambientales para estos productos.
Asimismo, se ofrece a los Estados miembro la posibilidad de desviarse de los requisitos medioambientales en los casos en que su aplicación puede dar lugar a una baja oferta de mercado para el producto de construcción requerido y en los casos en los que se generen costes desproporcionados que causen un gasto extra del 10% en comparación con el escenario en el que no se aplicarían requisitos.
El reglamento establece un periodo de transición del antiguo marco legal al nuevo que durará 15 años a partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo reglamento (hasta 2039) para garantizar que haya tiempo suficiente para realizar una transición ordenada y una migración adecuada de especificaciones técnicas armonizadas del antiguo marco legal al nuevo, y minimizar el riesgo de desarmonización de cualquier grupo o familia de productos.