VALÈNCIA. (EFE) La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha firmado este jueves con la rectora del la Universitat de València (UV), Mavi Mestre, un convenio para crear la Cátedra DeBlanc, que servirá para detectar delitos financieros y de blanqueo de capitales y que para este año cuenta con un presupuesto de 80.000 euros.
Esa cátedra hará actividades específicas para asistir técnicamente a jueces y fiscales de la Comunitat Valenciana en la lucha contra este tipo de delitos y también llevará a cabo programas formativos, divulgativos, investigadores, culturales y de extensión universitaria para incrementar el nivel de formación de jueces y fiscales en esta materia.
En un comunicado de la Generalitat, Bravo ha asegurado que de este modo se "proporciona apoyo técnico especializado sobre delincuencia económica a jueces y fiscales", los cuales "reclaman órganos especializados en formación y asesoramiento en técnicas avanzadas para luchar contra este tipo de delitos".
La Cátedra DeBlanc, que se constituye a través de este convenio, estará a cargo del Grupo de Investigación de Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Economía de la UV, que está conformado por los expertos José Manuel Pavía Miralles, Elena Badal Valero y José Antonio Álvarez Jareño.
Según la consellera, "la lucha contra la delincuencia económica y financiera es un reto muy complicado, ya que la globalización ha provocado que los delitos de esta índole se hayan hecho cada vez más sofisticados".
Por ese motivo, "el Consell está convencido de que se ha de satisfacer una demanda histórica de jueces de instrucción y fiscales que reclaman asesoramiento y formación para la detección e investigación de este tipo de criminalidad mediante el uso de las herramientas informáticas más avanzadas de análisis del denominado 'Big Data'".
La asistencia que ofrecerá la Cátedra DeBlanc no sustituye a los peritajes, cuyo funcionamiento está regulado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero sí que servirá a jueces y fiscales como orientación para la instrucción.
En este sentido, Bravo ha asegurado que "lo ideal sería modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para crear un cuerpo de peritos especializados en finanzas, contabilidad y economía y cuyos informes fueran válidos desde el punto de vista procesal de la misma manera que lo son los médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal".
Ha recordado que la creación de este cuerpo "es responsabilidad del Ministerio de Justicia, pero como no parece que esté por la labor de llevarla a cabo, la Generalitat, en el ámbito de sus competencias, ha puesto en marcha esta iniciativa para ayudar a jueces y fiscales a que tengan más y mejores herramientas".
Para este año, la Cátedra tiene una dotación presupuestaria de 80.000 euros, aunque desde la Generalitat han apuntado que esta partida se podría aumentar en los años siguientes si es necesario.
Bravo ha explicado que esta iniciativa "es pionera en España, a pesar de que es muy común en Europa y Estados Unidos" y ha destacado que la Conselleria de Justicia no intervendrá en ningún caso en las tareas de la Cátedra.
