Los testigos aseguran que no presentaron una denuncia por no perder más dinero
VALÈNCIA. Los actuales dueños de la empresa Pavasal acudieron este viernes a declarar como testigos dentro del conocido como RitaGate, la parte del Caso Taula que investiga la presunta financiación irregular del PP de Rita Barberá durante la campaña de las municipales del año 2007. Los empresarios prestaron declaración como testigos ya que los posibles delitos que hubieran podido cometer están prescritos tal y como informó el magistrado instructor en un auto.
Según los papeles que Valencia Plaza entregó a la Fiscalía Anticorrupción, y que pondrían de manifiesto el dopaje electoral sistemático del PP de Valencia, Pavasal pagó 240.000 euros a la empresa Laterne Product Council (LPC) en dos pagos, uno de 90.000 y otro de 150.000 euros. LPC es la empresa a la que el PP municipal contrató para llevar su campaña electoral por 135.000 euros, pero que la investigación, y los papeles del RitaGate, apuntan a que en realidad dicha campaña costó cerca de 3 millones de euros, es decir, 20 veces más de lo declarado.
En cuanto al dinero que Pavasal entregó a LPC, los testigos afirmaron que se dio, como ya dijeron otros testigos, entre ellos los de Agricultores de la Vega (SAV), para entrar a formar parte de un proyecto empresarial que debía atraer inversores extranjeros y promocionar el nombre de Valencia en el extranjero. Pero al igual que los miembros de SAV, los dueños de Pavasal aseguran que se sintieron "estafados", pues aportaron el dinero pero el proyecto no se realizó y no les devolvieron el capital aportado.
Ante dicha afirmación, el fiscal Anticorrupción preguntó que por qué no presentaron una denuncia pues el dinero invertido no era poco, 240.000, y la respuesta de los empresarios fue que no querían perder más dinero del ya invertido.
Los testigos también declararon que no podían aportar ningún documento de aquella época. Explicaron que la ley marca que solo se han de guardar las facturas y documentos de los cinco últimos años y, por tanto, que en su día hubo papeles pero hace tanto tiempo, que han sido destruidos y ya no están en su poder.
Además de las declaraciones previstas para este viernes, los letrados debían escuchar los pinchazos telefónicos a la exconcejal de Cultura popular del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón, íntegramente y no solo la parte destacada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Las defensas creen que los agentes manipularon y pudieron dejar fuera partes que convendrían a sus estrategias de defensa.
Al término de las declaraciones de los testigos, todos los abogados entraron en el juzgado para poder escuchar las grabaciones completas pero un problema técnico impidió su escucha. Por ello, el magistrado volvió a citar a todas las partes este próximo lunes para que puedan oír el contenido íntegro antes que Alcón acuda a declarar, pues está citada a la una y media del mediodía del lunes.
