Enrique Soriano y Empar Marco. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EFE). Un juzgado de Paterna ha archivado la causa contra el presidente del consejo rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, Enrique Soriano, y la directora general de À Punt, Empar Marco, por un presunto delito de prevaricación por posibles contratos irregulares.
El Juzgado de Instrucción número 1 admitió a trámite la querella presentada por el PP por la presunta contratación irregular en À Punt de la empresa de un exconcejal del PSPV-PSOE, y tanto Soriano como Marco fueron citados a declarar el pasado 20 de junio.
Los populares cuestionaban el procedimiento administrativo seguido en el contrato entre la CVMC y la mercantil Mediterráneo Media Entertainment cuyo objeto era la producción de la serie "La Tramuntana", así como la contratación de diversos informes por 5.995 euros.
En el auto, al que ha tenido acceso EFE, la jueza concluye que no se ha producido una "ilegalidad patente, flagrante y clamorosa" que justifique la continuación de la investigación, y no aprecia "indicios de criminalidad" en la conducta de Soriano y Marco.
"De las diligencias practicadas no han quedado acreditados los ilícitos penales imputados en el escrito de querella, tratándose de meras sospechas que no constituyen en modo alguno un actuar torticero, manifiestamente ilegal y arbitrario, elemento nuclear del tipo de prevaricación administrativa", señala.
En este sentido, la jueza entiende, al igual que el Ministerio Fiscal, que no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones.
Recuerda que el Código Penal establece que comete delito de prevaricación la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
Asimismo, destaca que, según el Tribunal Supremo, "se deben sancionar exclusivamente los casos límite en los que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer el mero capricho del sujeto activo, con el correspondiente perjuicio del sujeto pasivo o de los intereses generales, en un injustificado abuso de poder".
De esta manera, indica, "no es la mera ilegalidad y sí la arbitrariedad grosera, esperpéntica o disparatada lo que se sanciona con el referido precepto".
La querella del PPCV se basa en el informe de la Sindicatura de Comptes. La magistrada investiga la causa iniciada a raíz de una querella del PP por prevaricación tanto en la adjudicación de un contrato por 1,3 millones a una empresa para la producción de una serie como en contratos menores suscritos con diez personas físicas y de tres directivos.
Dicha querella, a la que tuvo acceso Valencia Plaza, se basa en dos patas. La primera es la relacionada con un contrato Firmado el 28 de junio de 2017 que se suscribió entre la CVMC, representada por su presidente, Enrique Soriano Hernández, y la sociedad mercantil Mediterráneo Media Entertainment (MME), representada por su administrador único, Fausto José Atienza Reines, exconcejal del PSPV en Benifaió. Dicho contrato era para la producción de la serie La Tramuntana, a realizar por MME para su posterior emisión en los canales de televisión de la radio televisión valenciana. La serie consistía en 13 capítulos por un importe total de 1.353.727 euros.
Según la querella, el contrato se adjudicó directamente "sin ninguna clase de procedimiento público abierto a la concurrencia competitiva (procedimiento abierto), ni tampoco procedimiento sin publicidad en el que existiese una negociación previa sobre el precio y características del servicio (procedimiento negociado)", por lo que, a juicio de los querellados, "la tramitación que se le da es la propia de un contrato menor", algo que se saltaría la ley al superar los 18.000 euros más IVA.
La segunda pata de la querella de los populares es la que versa sobre los contratos menores suscritos por la SAMC con distintas personas que, según ellos, "encubrían salarios de personal no contratado", o lo que es lo mismo, contratos a dedo. Explica el escrito que antes de la puesta en marcha de las emisiones, la sociedad pública suscribió contratos menores por importe de 5.995 cada uno de ellos con distintas personas a las que luego se les contrató como personal laboral.
