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Frente común de los colegios profesionales de Salud Pública ante el decreto de alertas del Consell

Los representantes de cada uno de los consejos colegiales tachan la oferta de Sanidad como una "remuneración ridícula", de 250 euros brutos a la semana para las guardias localizadas

17/02/2019 - 

CASTELLÓN. Representantes de los colegios de enfermeros, farmacéuticos, médicos y veterinarios de toda la Comunitat Valenciana, han acordado oponerse en bloque al llamado decreto de alertas en Sa­lud Pública, que regula cómo deben movilizarse y organizarse los empleados de los centros de salud pública en caso de una emergencia.

El origen de esta alianza colegial en contra del contenido de este decreto tiene su origen en el malestar generado ya por el propio borrador, que establecía unas remuneraciones para las guardias localizadas -aquellas que, pese a no ser presenciales, obligan al profesional a estar dis­ponible y a encontrarse en un radio determinado- de 250 euros brutos por semana.

Los representantes colegiales, por primera vez en sentados en la misma mesa, se reunieron en la Conselleria de Sanitat con el subsecretario de Sanidad, Juan Ángel Poyatos y con la di­rectora general de Salud Pública, Ana María García, para trasladar a la consellera su oposición a los términos en que estaba redactado. De esta reunión, el pasado mes de enero, salió el compromiso de un acuerdo para su revisión, sin embargo, los profesionales reconocen ahora su “indignación” al comprobar en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del pa­sado 6 de febrero que, lejos de paralizarse y de someterse a revisión, este polémico bo­rra­dor de decreto se ha comenzado a tramitar.

Los presidentes de estos cuatro con­se­jos colegiales, según ha podido conocer este medio, han elaborado un documento en el que coinciden en señalar que “trece años después, resulta curioso que la remune­ra­ción -lejos de actualizarse- se rebaje hasta llegar a lo ridículo y más aún que esta propuesta pro­ceda de un equipo de gobierno que habitualmente considera que las actuaciones llevadas a ca­bo en aquella época precarizaban y debilitaban el sistema y a los profesionales de salud pública”.

Un euro por hora

Tal como indican los representantes colegiales de la Comunitat, la oferta  que recoge el decreto supone el pago de 1 euro por hora, casi 10 veces menos que la pro­puesta que se realizó en 2006 desde el Ejecutivo autonómico para el último borrador, que finalmente no salió adelante.

Además, según entienden y así exponen en el documento avalado por las entidades colegiales, esta regulación de las alertas, pese a exigirlo la propia UE, presenta graves lagunas que los profesionales esperaban solucionar en la propuesta de 2019, tales como el cómputo de las guardias como tiempo trabajado o el problema que supone acudir a los avisos con sus propios medios. Estos colectivos, como recuerdan, han atendido durante estos años infinidad de emer­gen­cias de manera más voluntarista que protocolizada, por lo que "su compromiso y profesionalidad está fuera de toda duda", sentencian.

Según las estimaciones realizadas por los citados consejos, el decreto del Consell afectará a unos 800 empleados de centros públicos de salud valencianos, "profesionales sanitarios que, pese a velar por la salud de toda la población, son tratados de forma bien distinta de aquellos otros que sí realizan una actividad asistencial directa a las personas y cuyas guardias son asumidas con arreglo a su condición de personal estatutario", según el balance aprobado por todos los colegios del ámbito de la salud pública.


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