VALÈNCIA (EFE). La nueva ley de Servicios Sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, que se prevé aprobar a principios de 2019, marcará un "antes y un después" en este área de atención al ciudadano porque ordenará "de arriba abajo" un sistema en el que durante el anterior gobierno "la arbitrariedad era total".
Así lo asegura en una entrevista con la Agencia Efe la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando, quien tras dos años en el cargo afirma que el balance es "positivo" y las "cosas han cambiado mucho" pero "aún queda mucho por hacer". A su juicio, ésta es la legislatura de la "deconstrucción" de lo que dejó el anterior gobierno del PP para "volver a construir" y poner en marca el nuevo modelo de servicios sociales.
Afirma que cuando en 2015 llegaron al Consell los equipos de base estaban "muy cansados y desmotivados, había mucha gente de baja", y desde el departamento que dirige Mónica Oltra se duplicó el personal y se les comenzó a "motivar" e "implicarlos" en el nuevo modelo.
Considera que uno de los indicadores de que la situación de este área ha mejorado en la Comunitat Valenciana es que hay "menos policías o vigilantes de seguridad" en los centros de servicios sociales, donde antes se producían agresiones a los trabajadores.
Estos, señala, "atendían con mucho miedo" a personas sin recursos que, al ver que sus necesidades básicas no estaban cubiertas, "se ponían nerviosos", y añade que ya no se producen esos episodios violentos.
Otro de los indicadores de que las cosas van mejor, afirma, es que solo este mes han entrado más de 2.200 solicitudes de personas con dependencia para ser valoradas: "Es una forma de valorar que le gente se está sintiendo bien, está siendo un recurso que está funcionando".
A su juicio, una de las cosas que más ha costado "deconstruir" ha sido la dependencia y aunque ha costado un año y medio implantar los programas de servicios especializados para personas en situación de dependencia, "en la actualidad está funcionando bien" y de menos de 1.000 valoraciones al mes se ha pasado a cerca de 3.000.
La implicación de los profesionales y el decreto impulsado por el Consell han permitido una disminución de las listas de espera y que los nuevos expedientes, salvo excepciones, sean valorados en el plazo inferior a los seis meses que marca la ley, cuando antes "tenía que esperar incluso dos o tres años".
Respecto a la nueva Ley de Servicios Sociales, que asegura ha sido "muy consensuada y participada", está actualmente en fase de tramitación en Les Corts y aunque la idea era aprobarla antes de Navidad, no ha podido ser por el debate de Presupuestos pero "se aprobará sí o sí en enero o febrero".
Según explica, el Pacto del Botànic llegó después de unos "gobiernos antiguos donde no se pusieron en marcha leyes nuevas de Servicios Sociales, la sensación de arbitrariedad era total y cada ayuntamiento hacía lo que quería. Estaba todo desordenado y nosotros hemos ordenado el sistema de arriba abajo".
También subraya que esta es la legislatura de la "construcción colectiva" y destaca las múltiples reuniones que mantiene con distintas plataformas, colectivos o sindicatos para trabajar las distintas áreas de este departamento.
Ferrando considera "básico" el Pacto de Salud Mental por la necesidad de que exista una coordinación entre lo social y lo sanitario y destaca la decisión de que sea la Secretaría Autonómica que dirige la que lidere "todo lo sociosanitario".
La tendencia en este área es a crear viviendas tuteladas, a que los afectados realicen itinerarios que permita a los afectados una integración comunitaria, y a que en todos los equipos base haya un técnico en salud mental.
A su juicio, aún hacen falta "muchos recursos" y la infrafinanciación autonómica es "tan grande que las cosas no funcionan con deberían", y recuerda que la ley de dependencia señala que el Gobierno debe financiar el 50 % de los servicios
