Un perjuicio "grave e irreparable" para Hércules y Elche, pero no para la Administración

ALICANTE. Les abocaría a bajar la persiana. Así se traduce al lenguaje llano lo de "perjuicio grave e irreparable" que alegan ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) Elche y Hércules para conseguir que se les conceda la suspensión cautelar del efecto de la decisión de recuperación dictada en julio de 2016 por la Comisión Europea que les reclama el pago de 4,1 y 6,9 millones respectivamente.

"Nosotros trabajamos para tener una solución si nos desestiman la petición", señala a Alicante Plaza el presidente del Elche, Diego García, en referencia al famoso aval que permitiría cumplir con la citada obligación si se levanta la cautelarísima otorgada en su día y vuelven a ser obligados al pago de manera "inmediata y efectiva", pero el máximo mandatario franjiverde no niega que tener que afrontar ahora (el bufete especializado en Derecho de la Competencia que defiende sus intereses en Luxemburgo les ha adelantado que el Tribunal se pronunciará al respecto en abril) el pago de 4,1 millones les coloca al borde de la liquidación: "Imagina que el Elche o el Hércules desaparecen por no pagar ahora y dentro de año y medio el mismo Tribunal estima total o parcialmente nuestros recursos de nulidad y resulta que hemos desaparecido por no pagar unas cantidades que no teníamos que desembolsar". 

No para la Administración

Los clubes sostienen que el "perjuicio grave e irreparable" (también el Valencia se verá en un buen aprieto económico si ha de depositar los 23,4 millones que se le reclaman) que puede causarles la desestimación de la suspensión cautelar de la obligación de pago de las cantidades que les exige Bruselas, después de declarar ayudas de Estado prohibidas los avales que sus fundaciones recibieron (en 2008 a la del Valencia, en 2010 a la del Hércules y en 2011 a la del Elche) del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), no lo tendría la Administración "por mucho que la Comisión Europea se haya pronunciado el pasado mes de enero en contra", en el caso de que se consolidase la suspensión vigente en virtud de una cautelarísima a la que los clubes de la Comunitat se han agarrado los últimos 18 meses.

Liquidación para el insolvente

Hablamos de que los clubes quedarían abocados a cerrar porque, aunque se resistieran a hacerlo, la política de recuperación es bastante clara: el pago ha de ser inmediato y en efectivo y, para el caso de insolvencia de la empresa obligada, la alternativa es la liquidación. La Comisión entiende que, de no haber recibido la ayuda prohibida, esa empresa ya no existiría en el mercado, por lo que, en caso de no devolución de la cantidad que se le exige, su desaparición también permite poner fin a la distorsión. En el caso que nos ocupa, de desestimarse la suspensión cautelar solicitada por los clubes, el IVF les requerirá el pago (como ya hizo en septiembre de 2016) y si estos no atienden el requerimiento se acudiría a la vía de apremio, a embargarles. En el caso del Hércules, por ejemplo, la ausencia de patrimonio (algo con lo que se ha topado la Agencia Tributaria que le recama 4,5 millones desde hace un año) no permitiría satisfacer la deuda, por lo que Bruselas ordenaría acudir al Juzgado de lo Mercantil a solicitar la liquidación del club.

El presidente del Hércules, Quique Hernández, aseguraba días atrás que la voluntad del club es cumplir sus compromisos, pero la realidad es que hasta la fecha el club ha hecho gala de todo menos de esa voluntad: y no solo hablamos de la deuda con la Agencia Tributaria, a la que después de acordar con ella un nuevo convenio se la dejó a primero de julio colgada a la hora de firmar y sigue hoy esperando una llamada, también con la decisión de recuperación. El antecesor de Hernández en el cargo, Juan Carlos Ramírez, entre las diferentes propuestas de pago que hizo a Hacienda en junio, se descolgó con una que además de la deuda con Hacienda incluía también el pago aplazado de los 6,9 millones de la decisión de recuperación, solo unos meses después de que se le hubiese advertido al club por el propio fisco que lo anterior no era posible (la Ley General Tributaria no permite el fraccionamiento del pago de las deudas derivadas de decisiones de recuperación). Además, Ramírez no solo planteaba un fraccionamiento imposible de la deuda, también condicionaba el pago a que el club militase en el Fútbol Profesional, algo que también chocaba con la política de recuperación de la Comisión (el cumplimiento "inmediato" y "en efectivo").