VALÈNCIA (EP). El alcalde de Riba-roja del Túria (Valencia), Robert Raga Gadea, ha afirmado que la desestimación de la demanda interpuesta por el Valencia CF contra el consistorio por el PAI de Porxinos supone "el final de una aberración urbanística", al tiempo que ha defendido la "impoluta y pulquérrima" actuación de la corporación municipal.
"Ahora solo queda que todos aquellos que se han enriquecido a nuestra costa --la promotora y, por ende, el Valencia-- con los referidos 141'2 millones de euros pidan perdón por el daño ocasionado y que donen al pueblo las tierras de Porxinos como compensación por el pelotazo que realizaron", ha señalado.
El alcalde se ha pronunciado de esta manera, en un comunicado, después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de València haya desestimado la demanda interpuesta por el Valencia CF contra el Ayuntamiento de Riba-roja del Túria por el PAI de Porxinos.
El primer edil ha citado a Víctor Hugo y su frase "la primera justicia es la conciencia" para señalar que el Ayuntamiento la tenía "muy tranquila", porque sabía que había "actuado de acuerdo a la ley y la justicia".
El fallo, ha asegurado, "no deja lugar a dudas sobre la impoluta y pulquérrima actuación del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria que, en todo momento, siguió las indicaciones y los informes de los técnicos municipales".
Ha destacado que "los jueces llegan a afirmar que el Valencia CF actuó con 'abuso de derecho y mala fe' mientras la actuación del ayuntamiento 'ha sido diligente'".
También ha señalado que pagar los 25 millones de euros que se reclamaban "habría sido un varapalo en este momento en el que los políticos debemos continuar apoyando a nuestro tejido comercial, autónomos y empresas azotados por la crisis sanitaria de la pandemia de la covid".
"Si hacemos memoria y retrocedemos en el tiempo, cabe recordar que el proceso se inició en el año 2005 cuando el entonces gobierno municipal, encabezado por el Partido Popular, decidió rubricar un convenio con la mercantil Litoral del Este, impulsada por el Valencia CF, para construir 2.700 viviendas, un campo de golf y una ciudad deportiva sobre la Vall de Porxinos. Todo un programa urbanístico que, bajo el paraguas del deporte, se ha descubierto como un gran pelotazo económico", ha señalado.
El alcalde ha incidido en que "a la empresa promotora le reportó 141'2 millones de euros en plusvalías, como así se acredita en la sentencia". "No contentos con ello, la empresa quería que el ayuntamiento le devolviese, con intereses e indemnizaciones, el dinero que en su momento aportaron al municipio, libremente, en concepto de contraprestaciones", ha criticado.
"De ahí, que los jueces hayan calificado de 'abuso de derecho y mala fe' las reclamaciones económicas de la parte demandante. Los socialistas ya votamos en aquel momento en contra del proyecto y ya advertimos de las terribles consecuencias. El tiempo nos ha dado la razón", ha agregado.
Asimismo, ha señalado que "la empresa promotora no actuó sola" y "contó con el apoyo necesario y la connivencia del Ayuntamiento de aquel momento y de la propia Generalitat, ambos gestionados por el Partido Popular". "Ninguna circunstancia es baladí ni casual. Todo tiene su conexión y su explicación", ha reseñado al respecto.
No obstante, al final tanto el Tribunal Superior de Justicia primero en 2013 como, a continuación, el Tribunal Supremo en el año 2015 "han dado al traste con una iniciativa que no era beneficiosa ni para el paraje natural de Porxinos ni para los ciudadanos de Riba-roja de Túria", ha señalado.
El alcalde cree que "ahora solo queda que todos aquellos que se han enriquecido a nuestra costa --la promotora y, por ende, el Valencia-- con los referidos 141'2 millones de euros pidan perdón por el daño ocasionado y que donen al pueblo las tierras de Porxinos como compensación por el pelotazo que realizaron".
En total, se trata de 300.000 metros cuadrados de tierras con calificación agrícola que "deben ser disfrutados por todos los valencianos y valencianas".
"Además, que no recurran de nuevo la sentencia, una más en contra, y abandonen la vía jurídica. Y por supuesto, el PP de Riba-roja y el PP autonómico deberían pedir también perdón por todo el daño infligido a nuestro municipio. Por suerte, vivimos en una sociedad democrática en la que la justicia, una vez más, ha sido la encargada de poner a cada cual en su sitio. Con equidad y con absoluta independencia", ha zanjado.
El PP de Riba-Roja (Valencia) ha valorado que con la desestimación de la demanda interpuesta por el Valencia CF contra el Ayuntamiento de de la localidad por el PAI de Porxinos "queda acreditado que el Partido Popular de Riba-roja, entonces equipo de gobierno, actuó en todo momento con arreglo a la Ley y a la buena fe".
El PP ha acusado al alcalde, Robert Raga, de haber "intentado desde un principio trasladar a la opinión pública la irregularidad en la gestión del proyecto, llegando a interponer denuncias totalmente infundadas y repletas de falsedades" contra el alcalde en aquel momento, Francisco Tarazona, y dos de sus concejales, que fueron archivadas, ha señalado la formación en un comunicado.
De hecho, el PP ha aseverado que Raga "ha infundido el miedo a la población de Riba-Roja por las posibles consecuencias económicas para el municipio, siendo conocedor del poco recorrido de las acciones judiciales interpuestas frente al consistorio, tal y como él mismo reconoce a día de hoy".
El proyecto Porxinos estaba incluido en el programa electoral del Partido Popular, y "fue respaldado por la gran mayoría de los ciudadanos de Riba-Roja del Turia en las elecciones locales del año 2007", ha sostenido el partido.
"Los tiempos cambian, y lo que en aquel entonces se podía percibir como una actuación urbanística positiva para el municipio, hoy no se contempla; pero ello no es óbice para desenmascarar la deslealtad política que Robert Raga", ha reprochado la formación.
En ese sentido, ha sostenido que Raga pretendía "engañar a los ciudadanos del Riba-Roja acerca de la legalidad de dicho proyecto que, por otro lado y aun sin haberse ejecutado finalmente, nos ha reportado un beneficio económico que permitió, entre otras cosas, no subir impuestos, mantener todos los servicios que se prestaban y tener el Ayuntamiento saneado en los peores tiempos de crisis económica que sufrió España".