ALICANTE. Superada la primera bronca política por las formas, la comisión de investigación del 'caso enchufes' de Alicante quedó constituida oficialmente este miércoles con dos avances básicos. El primero, la aprobación de su plan de trabajo, en el que se prevé una primera relación de solicitudes de comparecencia (la de los miembros del tribunal) para el próximo 2 de mayo, y en el que se extiende el objeto del análisis al conjunto de la oposición, incluida la parte que concierte al turno de movilidad y la del turno de consolidación. Y el segundo, la entrega de los informes internos recopilados hasta ahora a instancias de la Concejalía de Recursos Humanos y por la propia Alcaldía sobre el proceso de selección bajo sospecha.
Sobre el primero de ellos -el plan de trabajo y las propuestas de comparecencias-, este miércoles ya pudo anticiparse que el alcance de las indagaciones quedará limitado a la predisposición que pueda tener cada uno de los citados para facilitar explicaciones ante los miembros de la comisión. Como ya ha avanzado este diario, está por ver quiénes entre las personas que lleguen a proponerse aceptarán exponerse a las preguntas de los representantes políticos que conforman el órgano de fiscalización, ya que, como concretó su presidenta, la edil de Empleo y portavoz del PP, Mari Carmen de España, nadie está obligado a comparecer ante la comisión.
A priori, cabría aventurar que no pondrán reparos en responder todos aquellos interesados en explicar cómo se gestionaron las pruebas con la intención de disipar las dudas que han llegado a plantearse a instancias de las denuncias sobre una supuesta manipulación en favor de familiares de mandos policiales, de otros policías, de concejales y expolíticos de PP, PSOE y Vox, de representantes sindicales de UGT y CSIF, y de responsables de empresas que prestan algún tipo de servicio para el Ayuntamiento.
De ahí que, como mínimo, pueda augurarse la presencia de los cinco miembros que conforman el tribunal que pilotó el proceso: el jefe de la Policía Local, José María Conesa, como presidente; una funcionaria nivel A1 por delegación de la secretaría general del pleno, como secretaria; dos vocales designados por el IVASPE, y un tercer vocal nombrado a propuesta del presidente, en este caso, el jefe de la Policía Local de Xàtiva. De lo contrario, podrían quedar expuestos a que la opinión pública pudiese atribuirles un supuesto interés en que el proceso no se esclareciese.
Por lo pronto, en la primera sesión de la comisión se concertó que se procurarían todas las facilidades posibles para que todos compareciesen, como la posibilidad de que puedan proporcionar explicaciones por vía telemática, en el caso de aquellos citados que pudiesen alegar la imposibilidad de desplazarse hasta Alicante, al tener que atender obligaciones profesionales en sus lugares de residencia. Ahora bien, queda por concretar en qué orden concreto podrían prestar testimonio, pese a que, sobre todo, los representantes de Unides Podem EU y Compromís incidiesen en la necesidad de que se convocase en primer lugar a los vocales designados por el IVASPE y que Conesa fuese el último con la finalidad de poder preguntarle en su condición de presidente del tribunal sobre las explicaciones que pudiesen facilitar los primeros.
Puede inferirse, también, la participación de los representantes políticos que, por su grado de responsabilidad institucional, han podido o pueden tener alguna capacidad de decisión respecto a la convocatoria de la oposición, como el concejal de Recursos Humanos, José Ramón González, y el alcalde, Luis Barcala. Como mínimo, De España aseguró este miércoles que el equipo de gobierno (el bipartito compuesto por PP y Cs) no pondría ningún obstáculo, en cumplimiento del compromiso de transparencia adquirido por el primer edil, y que se facilitaría toda la colaboración posible puesto que las dos fuerzas aliadas al frente de la gestión municipal serían los primeros interesados en esclarecer si pudieron producirse las irregularidades aludidas por denunciantes de identidad reservada.
No obstante, no estaría garantizada la asistencia de otros posibles comparecientes, como los 20 primeros aspirantes que obtuvieron las mejores puntuaciones en el proceso que Unides Podem EU ya ha planteado que puedan ser citados a comparecer con la intención de que ofrezcan su perspectiva sobre el desarrollo de las pruebas. Es más, la práctica de esa diligencia debería pasar, primero, por el filtro de legalidad del secretario de la comisión, según el plan de trabajo de la comisión aprobado por unanimidad este miércoles.
Sobre el segundo punto -los informes internos elaborados hasta ahora-, lo cierto es que solo dos de ellos resultan especialmente relevantes: el emitido por Conesa como presidente del tribunal, a petición de la Concejalía de Recursos Humanos, y el elaborado por la secretaría general del pleno para informar sobre posibilidades de acordar la suspensión cautelar o la anulación de las oposiciones, a petición de Alcaldía.
