ALICANTE. A lo largo del domingo, 2 de febrero, CCOO y UGT se han movilizado en el país y, en la Comunitat Valenciana en puntos como Alicante, Elche, València o Castellón "para denunciar el uso oportunista de los derechos sociales y la protección de la mayoría social y, particularmente, a los más vulnerables". En su manifiesto explican que "las personas y sus derechos no pueden ser rehenes de la lucha partidista ni de los intereses inmediatos de algunos partidos políticos. Por delante de la clase trabajadora, los pensionistas y los colectivos más vulnerables no pueden estar las estrategias políticas". Y añaden que "nos ha costado mucho conseguir un sistema de pensiones público y sostenible, y no vamos a permitir que ahora sea amenazado por disputas cortoplacistas que buscan debilitarlo en favor de su privatización".

Motivos de la movilización

Los sindicatos han llamado a la manifestación porque "el Parlamento debe estar al servicio de la gente, no de estrategias de vuelo corto que solo consiguen desprestigiar a quienes las realizan y tienen efectos negativos sobre las instituciones democráticas que deben defender. La no convalidación del Real Decreto Ley 9/2024 puso en riesgo medidas sociales fundamentales que afectan a millones de personas". Argumentan que más de 10 millones de pensionistas veían amenazada la revalorización de sus pensiones; que 2 millones de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) quedaban en la incertidumbre sobre su protección, que el incremento de las pensiones mínimas entre un 6% y un 9% estaba en peligro; que las ayudas para las víctimas de la Dana y el volcán de La Palma quedaban bloqueadas; que la moratoria de desahucios para familias vulnerables se veía paralizada y el apoyo al transporte público se ponía en cuestión para más de 20 millones de personas usuarias.

"No podemos permitir que estos derechos sean moneda de cambio en una disputa estéril y artificial con el falso argumento de si las medidas deben presentarse juntas o separadas en distintos decretos, cuando es notorio que el propósito e intención era aprovechar la ocasión para castigar a un Gobierno, por distintos motivos, pero sobre la espalda de más de la mitad de población del país. Lo importante no es cómo se tramitan, sino que se aprueben y entren en vigor", esgrimen los sindicatos convocantes.

Garantizar las pensiones y reforzar la Seguridad Social

Desde CCOO y UGT en todo el país reclaman la revalorización de las pensiones, pero también su sostenibilidad. "Por eso exigimos que se respeten las medidas destinadas a robustecer el sistema público de pensiones y que forman parte de los acuerdos alcanzados en el diálogo social; aumento de la base máxima de cotización y cuota de solidaridad de los salarios muy altos, que contribuyan más los que más ganan, y que se siga incrementando la hucha de las pensiones con el refuerzo del MEI".

En este sentido, aclaran que "no se puede defender la subida de las pensiones sin garantizar los recursos para financiarlas. Algunos partidos apoyan la revalorización, pero rechazan los ingresos que la hacen posible. Eso es poner en riesgo el sistema y abrir la puerta a su privatización".

"Un paso adelante, pero seguimos en la calle"

El Gobierno ha aprobado este martes un nuevo Real Decreto Ley 1/2025 con el paquete de medidas sociales que habían sido bloqueadas. "Ahora la responsabilidad está en los grupos parlamentarios".

Han anunciado que, esta vez sí, respaldarán el transporte público asequible; la paralización de desahucios; el incremento de las pensiones contributivas, no contributivas y mínimas; el refuerzo del Ingreso Mínimo Vital; las ayudas a los afectados por la Dana y el volcán de La Palma.

"Pero esto no ha sido gratis. Se ha conseguido porque la ciudadanía, los sindicatos y los colectivos sociales hemos alzado la voz. Y por eso seguimos en la calle", reivindican los sindicatos de clase, "porque los derechos de la gente, especialmente de los más vulnerables, no pueden ser rehenes de intereses partidistas que solo buscan su beneficio inmediato".

Para UGT y CCOO, no son estas las únicas cuestiones "que estaban y están en juego". Y es que, en los meses inmediatos tiene que tramitarse en las Cortes "la reducción de jornada a 37,5 horas que hemos acordado con el Gobierno". La ausencia de presupuestos generales del Estado para 2025 y la situación de prórroga presupuestaria desde 2023, afecta directamente a un gran número de políticas públicas que se ven en serias dificultades para concretarse.

Llamamiento a la movilización

Desde ambos sindicatos expresan que "el anuncio de movilizaciones y la indignación social han producido sus primeros resultados con la aprobación de este RD Ley 1/2025. Nos congratulamos de ello y mantenemos la iniciativa movilizadora, en confluencia con un relevante número de organizaciones, plataformas y movimientos sociales, para exigir responsabilidad y compromiso".

Piden que "los grupos parlamentarios cumplan con su palabra y aprueben el nuevo Real Decreto Ley sin más dilaciones; que se ocupen de las necesidades de la gente y no vuelvan a utilizar sus derechos como moneda de cambio; que nunca más se ponga en riesgo la protección social de la mayoría social de este país; que no se bloquee el funcionamiento de las instituciones de forma oportunista, provocando elevados costes a la ciudadanía, evitando poner en marcha medidas necesarias que necesitan de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado".

Entre otras peticiones, instan a "implementar en toda su extensión los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia. Ello debe incluir la reforma fiscal comprometida, necesaria para implementar políticas públicas e inversiones imprescindibles en el tejido productivo, infraestructuras, redes de protección, … También debe facilitar la comprometida renovación del sistema de financiación autonómica. 

También, a "incrementar la financiación y calidad del empleo y de los servicios de atención a la dependencia", a "desarrollar una estrategia de cuidados que mejore la calidad de los mismos para la población dependiente (infancia, vejez, personas dependientes…), reforzando las infraestructuras necesarias y eliminando el enorme impacto de género que tiene para las personas cuidadas y para las personas cuidadoras, muy mayoritariamente mujeres" y "que se cumplan los compromisos adquiridos con las personas trabajadoras en materia de reducción de la jornada legal máxima a 37,5 horas".