Grúa en València. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. "El principal fracaso de La Nau ha sido el control y seguimiento de las contratas, especialmente en las prórrogas". Habla un miembro del gobierno municipal de València, que considera un "despropósito absoluto" la situación jurídica en la que se encuentra el servicio de la grúa municipal, prestado por la UTE Pavapark Movilidad y Autobuses Playa San Juan sin contrato desde que el consistorio decidiera rescindirlo en octubre de 2017. Durante este tiempo -20 meses-, el servicio se ha prorrogado hasta que no se realice el concurso público y la contrata lleva cobrados sin contrato más de 7,2 millones de euros.
Por ello, la Agencia Valenciana Antifraude ha instado al Ayuntamiento de València a que ponga en marcha el concurso público correspondiente. La resolución de Antifraude remitida al consistorio y a la que ha tenido acceso este diario "recomienda encarecidamente que se inicien con la mayor celeridad posible los trámites para la contratación de este servicio". El organismo que dirige Joan Llinares, en el documento fechado el 5 de marzo de este año, asegura que no hay atisbo de práctica corrupta en este caso, pero insiste en la necesidad de sacar la licitación pública y acabar así con los pagos fuera de contrato a la mencionada UTE.
En octubre de 2017, el consistorio rescindió el contrato existente con esta unión de empresas alegando que la había incumplido algunas de las condiciones de los pliegos y que el servicio había empeorado. Una maniobra que costó al consistorio una indemnización de 2,5 millones de euros. La concejalía de Seguridad Ciudadana, entonces dirigida por Sandra Gómez y posteriormente por Anaïs Menguzzato, manifestó la intención de poner en marcha otro concurso público para adjudicar el servicio.
Sin embargo, Antifraude ha constatado que esto todavía no se ha hecho. De hecho, no existe ningún expediente que incluya los nuevos pliegos, según fuentes municipales. Así pues, será tarea del nuevo concejal del ramo, también socialista, Aarón Cano, atender las consideraciones remitidas por el ente autonómico a principios de marzo, hace ya cinco meses.
El retraso es considerable. Este era uno de los asuntos de la concejalía de Seguridad que estaban en el aire a pocos meses de las elecciones municipales, junto con la ordenanza de convivencia. Menguzzato admitió ya en la primavera de 2019 que el proceso se iba a dilatar todavía más y probablemente hasta el final de este ejercicio. Todo y cuando el servicio de Contratación del consistorio había instado a la concejalía, días después de rescindir el contrato, en 2017, a que se tramitara la licitación "de urgencia".
Pero durante este período que el contrato no ha estado vigente, el consistorio ha estado prorrogando la contrata sine die al entender que es un servicio necesario en una gran ciudad como València, y pagando a la UTE 363.000 euros mensuales mediante reconocimientos de obligación, una fórmula con la que, además, no hace falta justificar la cantidad de dinero gastada. Por ello, ante los repetidos pagos que se mantienen sin haber licitado el servicio, la Intervención municipal ha estado poniendo reparos y exigiendo al gobierno municipal que fije un período límite a este impás provisional. La Agencia Antifraude, por su parte, incrementa la presión sobre el consistorio y le insta a acelerar el proceso de licitación.
Durante todo este tiempo, el consistorio ha estado abonando una cantidad mensual bastante superior a la UTE por el mismo servicio que prestaba con contrato. Así, por ejemplo, en los cuatro meses posteriores a la rescisión del contrato, el Ayuntamiento pagó 2,1 millones de euros por un servicio que, en el mismo período del ejercicio anterior, había costado 1,3 millones. Esto supuso, por tanto, pagar un 60% más por el mismo servicio. Una circunstancia con evidente afección al erario público pero sobre la que, sin embargo, la Agencia Antifraude no ha emitido ninguna consideración.
