Aumsa aprobará la venta de 100 viviendas públicas entre quejas de los inquilinos por el precio

VALÈNCIA. Finalmente, el Consejo de Administración de la empresa urbanística del Ayuntamiento de València, Aumsa, prevé aprobar la próxima semana el precio de venta que se ofrecerá a los inquilinos de un centenar de viviendas de protección pública. Este año vence el plazo de opción a compra que tienen estos vecinos, aglutinadas en torno a una plataforma, quienes consideran que el precio que se les oferta es excesivo, lo que ya retrasó la aprobación de la oferta en diciembre de 2019.

Se trata de unas cien viviendas repartidas en varias localizaciones de la ciudad: en la avenida Maestro Rodrigo, en Arquitecto Segura Lago, Maldonado, Osset y Trafalgar. Tras haber pospuesto la aprobación del precio de compra, ahora se volverá a llevar al Consejo de Administración y, con toda probabilidad, saldrá adelante. El precio que el consistorio ofrece a los inquilinos es de 1.820 euros por metro cuadrado útil de vivienda, unos 1.450 por metro cuadrado construido. Cuantía que, en algunas viviendas, supera los 160.000 euros más IVA.

Se trata del módulo máximo que fija la Generalitat Valenciana para las viviendas de protección pública. A ello, al hecho de que es un máximo, se acoge la plataforma de inquilinos para exigir unas cuantías menores, algo que en el gobierno municipal y en la empresa pública defienden que no se ajustaría a ley, según el secretario consistorial, pues se estaría vendiendo vivienda pública, patrimonio municipal, por debajo de lo tasado.

Subrayan en Aumsa, que preside la edil Sandra Gómez, que la rebaja cabría en circunstancias especiales, como que la tasación de las viviendas se encontrara por encima del precio de mercado. Además, apuntan, se ha acordado con los inquilinos que el alquiler que hayan abonado desde su entrada a la vivienda, se descontará en su totalidad del precio total. En el contrato inicial, sin embargo, sólo contaría en torno al 65% de lo abonado, y no el 100%.

En la plataforma, por su parte, consideran que el secretario municipal "ha realizado una interpretación errónea de la legislación" al confundir el precio máximo con el precio final. Asimismo, señalan que otras promociones de vivienda pública se han enajenado con un precio inferior, a 1.290 euros el metro cuadrado, lo que, insisten, "genera un agravio comparativo". Recuerdan además que, cuando los partidos del gobierno -PSPV y Compromís- se encontraban en la oposición, solicitaron "una bajada sustancial del módulo de vivienda de protección oficial ya que lo consideraban excesivo y especulativo".

Este mismo viernes la plataforma ha convocado a sus miembros para informar de la decisión del Ayuntamiento de continuar adelante con lo anunciado inicialmente. Por el momento, han adelantado que solicitarán amparo tanto del Síndic de Greuges como del Defensor del Pueblo. Tras la aprobación del precio en el Consejo de Administración, aquellos que acepten las condicionespodrán acogerse al derecho de compra, mientras que el resto podrán continuar viviendo de alquiler, perdiendo la opción a la compra preferente cuando finalice el plazo límite.