VALÈNCIA. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha dado carpetazo definitivo a uno de los proyectos más ambiciosos de la 'era Montón'. La exconsellera socialista, que inició durante la primera legislatura del Govern del Botànic el proceso de creación de un gran centro logístico que dispensara los fármacos a las residencias públicas y privadas, ha visto como su sucesora ya da por enterrado una fórmula que no se acababa de ver clara como modelo para el conjunto del sector socio-sanitario.
Ahora, el cambio de modelo que prácticamente desterraba a las oficinas de farmacia de dispensar a las residencias privadas -bautizado con el nombre de Resi-EQuiFar- ha quedado más que enterrado con la elaboración de un proyecto de decreto por el que se regula la ordenación de la prestación farmacéutica en los centros sociosanitarios de la Comunitat Valenciana. El documento, que ha salido a información pública, afianza un sistema que ya se apuntalaba en la Ley de Acompañamiento de 2019, donde se devolvía a las oficinas de farmacia su papel principal.
Cabe recordar que fue en julio de 2018 cuando el equipo de Barceló tomaba la decisión de paralizar el concurso para la elaboración de dosis unitarias de medicamentos con el que se preveía la construcción de este gran centro logístico y en el que la italiana Santa Lucia Pharma APPS era la única candidata a adjudicárselo por 37 millones de euros. Y es que se consideró que la construcción de esta central no daba la seguridad de poder ofrecer el servicio con garantías a los 28.000 pacientes de los centros.
La intención de la dirección general de Farmacia, en aquel momento liderada por Patricia Lacruz, era que un único centro en la Comunitat Valenciana fuera el eje para hacer llegar los medicamentos a las residencias, que a día de hoy se dispensan desde la atención hospitalaria a las públicas y desde las oficinas de farmacia a las privadas.
"Valorados los informes técnicos y la viabilidad de la iniciativa, hemos decidido paralizar el expediente de licitación, ante la dificultad de poner en marcha el proyecto con las garantías que debe de prestar el servicio”, apuntaba entonces Barceló en un comunicado. A partir de ahí, desde la Conselleria de Sanidad iniciaron un diálogo con los colegios farmacéuticos y las residencias para definir cuál era el mejor modelo, que ha terminado en una solución ya conocida donde las oficinas de farmacia cumplen una función clave.
Según recoge el borrador del proyecto de decreto, las residencias de más de 100 camas tendrán que disponer de un Servicio de Farmacia Sociosanitario propio pero, en el caso de las residencias con menos de 100 camas, los depósitos de medicamentos pueden estar vinculados a Servicios de Farmacia de algún hospital público o privado o a oficinas de farmacia. Una fórmula que ya se contemplaba a día de hoy. Mientras, las oficinas de farmacia que presten el servicio a las residencias tendrán que estar en la misma zona farmacéutica que el centro sociosanitario, lo que supone que se encuentren en el mismo departamento de salud o en los departamentos de servicios sociales establecidos por la conselleria competente.
