Àgueda Micó, Manolo Mata y Antonio Estañ, negociadores del Botànic II. Foto: EFE/Kai FörsterlingEl aparato del nuevo gobierno cuatripartito de Ximo Puig, con dos consellers más y sus correspondientes altos cargos y asesores y con nuevas agencias, oficinas e institutos –vulgo, chiringuitos–, va a ser bastante más caro que el del Botànic I, que ya fue creciendo a medida que avanzada la legislatura. El problema no son las consellerias, doce es un número razonable, el problema es todo lo demás.
A la espera de que los nombres del futuro Consell empiecen a filtrarse este domingo –sería más lógico una nota de prensa, pero las filtraciones son más divertidas–, analicemos brevemente el esquema –me resisto a llamarlo arquitectura, que es un arte– del nuevo Gobierno.
La nueva conselleria de Innovación, Investigación y Universidades es un acierto porque a poco que haga en investigación será más que lo de la pasada legislatura, que fue un desastre con millones de euros de la UE que no se pudieron adjudicar. Y a las universidades también les falta un poco de atención. Por cierto, ¿la agencia de la innovación de Reche dependerá de la nueva conselleria o continuará en Presidencia?
La Conselleria de Vivienda no hacía falta, se ha creado porque Dalmau quería llevar esa área y el PSPV no iba a darle todas las obras públicas. Habrá que desearle al líder de Podem mayores éxitos en un problema que cada vez afecta a más gente.
Es una pena que en el esquema del nuevo gobierno cuatripartito no hayan incluido una conselleria de Cultura monda y lironda, como habían prometido, porque eso significa que la Cultura continuará siendo una cenicienta, residual dentro de una gran conselleria como es la de Educación, como vino a reconocer Vicent Marzà cuando después de un año en el cargo admitió que no se había ocupado lo que debería de la cultura debido al trabajo que le daba la educación.
Que esa es otra, por qué tiene que ir Cultura con Educación cuando, si no la quieres dejar sola, tiene más que ver con Turismo –que también se ha quedado sin conselleria– o incluso con Economía, porque la cultura es un sector económico que necesita de la administración.
Es positivo el mantenimiento de la Conselleria de Transparencia, aunque en la nueva denominación haya quedado relegada a la tercera posición por detrás de las generalistas y redundantes Calidad Democrática y Buen Gobierno. Todo indica que al frente de esta conselleria estará Rosa Pérez Garijo, de Esquerra Unida. Ya escribí el otro día que me parecía un error que Unides Podem entrara en el Consell y un error aún mayor que lo haga también EUPV, así que no insistiré. Solo recogeré lo que a este respecto le dijo Isabel Bonig a Ximo Puig el otro día en el debate de investidura: "Mi abuela decía que los peores enemigos de los socialistas son los comunistas; usted verá lo que hace".
Asumido que tendremos un cuatripartito en el Consell, Rosa Pérez parece una persona idónea para hacer más transparente la Generalitat y, sobre todo, para vigilar a sus compañeros de gobierno, como ya hizo en la Diputación de Valencia. Será como una independiente en el Consell, independiente del resto de partidos.
La transparencia continúa siendo una necesidad a pesar de lo andado por Manuel Alcaraz y su equipo en la pasada legislatura. Y no hablo solo del control de la corrupción, que también. Es necesario, por ejemplo, que cuando estemos en precampaña electoral la Conselleria de Sanidad Universal no pueda esconder durante meses las cifras trimestrales de listas de espera sin que pase nada. ¿Tan malas eran que hubo que ocultarlas?
Pues deben de ser malísimas, especialmente las de Alzira un año después del final de la concesión. Solo así se explica que el PSPV haya vetado la inclusión en el Acord del Botànic II de una de las promesas estrellas de Ximo Puig, la reversión anticipada de la concesión hospitalaria de Dénia. No solo no accedió a la pretensión de Compromís y Unides Podem-EUPV de concretarlo negro sobre blanco, sino que el acuerdo dice textualmente que la recuperación de la gestión pública de los hospitales de gestión privada se realizará "una vez finalizada la concesión", cosa que, dicho sea de paso, es la solución más lógica y barata, como hemos defendido en este periódico sin más argumentos que las evidencias.
Tampoco el equipo de negociadores comandado por Manolo Mata tuvo a bien incluir en el Acord del Botànic II la reversión de las resonancias magnéticas, cuyo contrato finalizó hace más de siete meses y que Eresa y compañía continúan explotando con pingües beneficios.
Punto 6 del eje 5 del Acord del Botànic II: "Reforzaremos la Abogacía de la Generalitat con personal especializado con la finalidad de personarse en los casos de corrupción y la recuperación del dinero robado". Falta hace, pero tendrán que correr si se refieren a los gobiernos del PP –y se refieren a ellos– porque los plazos de prescripción son muy cortos.
El Tribunal de Cuentas ha dicho esta semana que las exconselleras Lola Johnson y Trini Miró y cuatro exdirectivos de la empresa pública Circuito del Motor no tienen que devolver los 24 millones de euros que perdimos los valencianos con la compra de la empresa privada Valmor Sports, y tiene razón porque la Abogacía erró el tiro al culparlos a ellos y no al Consell de Alberto Fabra, al que por cierto pertenecía una Isabel Bonig que ahora se jacta de la absolución como si pudiera estar orgullosa de aquel pufo.
La sentencia, firmada por la exministra de Aznar y exdiputada del PP Margarita Mariscal de Gante, está llena de incongruencias y contradicciones con la instrucción judicial del caso Valmor. Por ejemplo, el fiscal consideró que Lola Johnson engañó al Consell de Fabra, que no fue imputado porque se creyeron que solo costaría un euro, pero la magistrada del Tribunal de Cuentas dice que esos argumentos son "extraordinariamente endebles", que lo son.
El fallo es un compendio de sorpresas para quienes hemos seguido el caso desde antes de que la Sindicatura de Comptes advirtiera de que esa acción nos había costado al menos 24 millones. Mariscal de Gante da por bueno ese cálculo pero afirma que no comprar Valmor le podría haber costado a la Generalitat mucho más dinero, lo que no deja de ser una mera hipótesis, para a continuación rechazar todos los argumentos de la Abogacía por considerarlos meras hipótesis. Por ejemplo, que la Generalitat habría recuperado parte del dinero si hubiese ejercido acciones judiciales contra los administradores de Valmor en lugar de firmarles un compromiso de no actuar contra ellos. Mera hipótesis.
Lo más llamativo es que la hipótesis de la magistrada sobre lo que podría haber costado no comprar Valmor, pilar de la absolución, se basa en un contrato que ordenó firmar Camps dos días antes de dimitir, según el cual la Generalitat asumía la condición de garante del cumplimiento de los contratos de Valmor con Bernie Ecclestone, liberando a Bancaja de tal carga.
Pues bien, hace seis meses la jueza del caso Valmor archivó la pieza relativa a la organización del gran premio, en la que estaba imputado Camps, porque había descubierto que en realidad no hubo tal relevo de garantía entre Bancaja y la Generalitat. Mágico contrato y mágica justicia.
