Compromís y Podem firman la declaración del trasvase Tajo-Segura del PP y no la del PSPV

VALÈNCIA. A lo largo de esta legislatura se han producido algunas alineaciones inesperadas, la mayoría de ellas durante el trámite de los Presupuestos de 2018. No en vano, PP y Podemos se opusieron el año pasado a que el Consell otorgara una subvención directa de 3 millones de euros a la aerolínea valenciana Air Nostrum y también plantearon enmiendas -no conjuntas- para restar los fondos de la Agencia Valenciana de la Innovación que dirige Andrés García Reche. 

Un año después, y con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, las 'pinzas' extrañas no se están produciendo tanto en lo referido a las cuentas autonómicas, sino por las exigencias que desde Les Corts se hacen al Gobierno de España que ahora mismo preside Pedro Sánchez. Una circunstancia -la del cambio de morador en La Moncloa- que ha condicionado el tono del PSPV para reivindicar distintas cuestiones que antaño demandaban a Mariano Rajoy reiteradamente. 

Así, el último caso tuvo lugar este jueves después de la sesión de control al president de la Generalitat, Ximo Puig. Los socialistas propusieron al resto de grupos firmar una declaración institucional sobre el trasvase del Tajo-Segura que ni Compromís ni Podemos quisieron secundar. La negativa, no obstante, no quedó ahí. Valencianistas y morados prefirieron rubricar otra declaración institucional elaborada por el PPCV que, cabe señalar, era más ambiciosa porque además contemplaba acuerdos sobre infraestructuras y demandas sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019. 

El texto del PSPV proponía, por una parte, instar a la Generalitat a "seguir defendiendo los intereses de los usuarios del Tajo-Segura y con ello la sostenibilidad social, económica y medioambiental de los municipios de la provincia de Alicante". Por otra, pedía al Ejecutivo central que continuara "garantizando la sostenibilidad social, económica y medioambiental de esos municipios del empleo que genera la agricultura, tanto directos como indirectos, solicitando que se garantice el agua necesaria para toda la demanda y de todos sus tipos a un precio asequible", así como a "mantener el aporte de agua del Tajo-Segura en las condiciones y términos que establece la normativa y legislación actual" e incluir "la consulta a la Generalitat Valenciana y usuarios sobre las necesidades semestrales". 

Un redactado que el grupo parlamentario que lidera Fran Ferri consideraba una "loa a la ministra Teresa Ribera", mientras que el que dirige Antonio Estañ aseguraba que no firmaría un texto que no tuviera "nada que ver" con el dictamen que ya se emitió en la comisión del Agua que se ha celebrado en esta legislatura en Les Corts Valencianes. 

Por su parte, la declaración de los populares invitaba al Parlamento valenciano a manifestar "su rechazo" a la propuesta de "recortar el trasvase del Tajo-Segura" que reduce del 20 al 7,5 hm3 las transferencias aportadas. No obstante, la resolución propuesta era aún más beligerante en tanto en cuanto instaba al Consell a interponer un recurso contencioso administrativo en el momento en el que el Ministerio para la Transición Ecológica publicase la Orden, ya que en la última se observaba que los indicadores de sequía en los últimos meses se habían agravado. 

Sin embargo, el grupo parlamentario que lidera Isabel Bonig aprovechó la ocasión para incluir en este manifiesto una petición expresa al Gobierno central para que este presente ante el Congreso de los Diputados los PGE de 2019 y que estos, a su vez, contemplen todas las partidas de ingresos que el Consell ha previsto en el Proyecto de Ley de las cuentas autonómicas del próximo ejercicio  -lo que incluiría esos 2.222 millones ficticios-, así como "el Plan de Choque" aprobado en Les Corts hace más de un año que fijaba "una inversión mínima de 1.200 millones territorializadas en la Comunitat Valenciana". 

En materia de infraestructuras, el PPCV también pedía que los grupos con representación en la cámara valenciana manifestaran su disconformidad con la posibilidad que recoge el Real Decreto-Ley que permitiría al Gobierno "cobrar peajes en la AP-7 una vez finalice la concesión", y al Consell de Ximo Puig le pide que "recurra las tarifas que fije el Consejo de Ministros". 

Toda una serie de demandas al Ejecutivo de Sánchez que los socialistas, a diferencia de sus socios del Botànic -Compromís y Podem-, no quisieron firmar. Más allá de la división que generaron las iniciativas -ruptura provocada por el nivel de exigencia al Gobierno central con las reivindicaciones valencianas que durante la legislatura, cabe señalar, han sido motivo de discurso unánime entre socialistas, valencianistas y morados para hacer frente a Rajoy y Cristóbal Montoro-, cabe apuntar que ninguna de ellas llegaron a pronunciarse en el hemiciclo, ya que las declaraciones institucionales necesitan la firma de todos los grupos para ello. Con todo, ambos textos no sirvieron sino para evidenciar la división de los socios.