Exterior de la cárcel de Picassent en una imagen de archivo. Foto: EP VALÈNCIA (EP). El Defensor del Pueblo sugiere en su informe de 2023 a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) que, ante la ausencia de especialistas en Psiquiatría en el Centro Penitenciario de Valencia Antoni Asunción Hernández, se adopten "medidas urgentes necesarias" a fin de contar con un número suficiente de estos profesionales.
El objetivo es, según el informe consultado por Europa Press, alcanzar a completar las plazas previstas en la Relación de Puestos de Trabajo, "para poder hacer efectiva la atención médica íntegra de la población penitenciaria en materia de salud mental". La queja lleva fecha de noviembre del pasado año y, según consta en el documento, la respuesta del Ministerio de Interior está en trámite.
Se trata de una sugerencia semejante a la formulada para que el Centro Penitenciario de Málaga contase con un número adecuado de facultativos de sanidad penitenciaria.
El Defensor del Pueblo formula varias propuestas para hacer mejoras puntuales en este sentido. Entre ellas, que se emitan los preceptivos informes médicos y psicológicos, dirigidos a la junta de tratamiento de un centro penitenciario cada vez que se aplica el régimen cerrado a una persona o se lleva a cabo la revisión de su modalidad o grado --y no solo en la primera propuesta de aplicación--.
De igual modo propone que se lleve a cabo una "coordinación real y efectiva" entre los servicios sanitarios penitenciarios y los de la comunidad autónoma, para evitar la pérdida de citas médicas y que los servicios médicos pongan siempre en conocimiento de las autoridades judiciales aquellos hechos que, presuntamente, supongan la comisión de un delito, con expresa remisión del parte de lesiones como elemento objetivo indispensable para la investigación de los sucesos.
El Defensor del Pueblo también contesta a una queja relacionada con la instalación de sistemas de refrigeración en el Centro Penitenciario de Valencia, y sugiere que se faciliten ventiladores a las personas privadas de libertad sin cargo a su peculio, a fin de paliar las elevadas temperaturas que se alcanzan en los meses estivales.
Otra de las quejas planteadas hacía referencia a dilaciones en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Paterna (Valencia), en la que se puso de relieve que el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial consideró "imprescindible" la creación de un juzgado de primera instancia e instrucción en este partido judicial.
Según señala el informe, estos juzgados de primera instancia e instrucción "soportaron una carga de trabajo que se situó en 2020 en el 123 por ciento; en 2021 en el 135% y en 2022 en el 166% del indicador aprobado por el Consejo General del Poder Judicial".
La recomendación en este caso es que en su propuesta de programación de desarrollo de la Planta Judicial de 2024 se incluya la creación de un nuevo juzgado de primera instancia e instrucción en el partido judicial de Paterna (Valencia), "en consideración a que así ha sido propuesto por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial".
