Divalterra, punto final

VALÈNCIA.- La Diputación de Valencia, con su entonces presidente Francisco Blasco al frente, creaba en 1988 la empresa Imelsa (Impulso Económico Local S.A.), cuyo objeto era la promoción, apoyo y participación en actividades económicas, empresariales y sociales en los municipios de la provincia. Se trataba de una sociedad mercantil controlada por la Diputación. Al no actuar en el mercado —al contrario que Girsa (gestión de residuos sólidos) o Egevasa (agua potable), también controladas por la corporación provincial—, Imelsa se financiaba íntegramente con los fondos que le transfería la Diputación, además de recibir alguna  subvención para el fomento del empleo. Eso, lo de fomentar el empleo, lo hacía muy bien. Especialmente entre los afines.  

Imelsa se encargaba de las brigadas forestales para la prevención y apoyo en la extinción de incendios. Contaba con 700 trabajadores, el 90% de los cuales eran brigadistas. La labor que estos especialistas han realizado a lo largo de los años se ha visto ensombrecida por los casos de corrupción que han provocado que dos expresidentes de la Diputación (uno del PP y otro del PSPV) se encuentren a la espera de juicio por posibles delitos en su gestión. Con una mancha en el nombre que siempre ha parecido una misión imposible borrar, pese a que luego pasara a llamarse Divalterra, ahora se enfrenta a su disolución, liquidación y extinción en mitad de otra polémica desvelada por Valencia Plaza. Una decisión, la que ha tomado el actual presidente de la institución provincial, el socialista Toni Gaspar, no exenta de polémica.

En enero de 2016 estalló el que se conoce como caso Taula (o Imelsa) debido a que el origen de la presunta ilegalidad fueron las prácticas realizadas en la empresa pública y a través de ella. Curiosamente, el principal confidente de la Justicia era, a la sazón, uno de los cabecillas de la trama: Marcos Benavent, autobautizado como ‘yonqui del dinero’, gerente de Imelsa entre 2007 y 2014. En términos generales, lo que investiga el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia —en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil— es una red trazada por cargos del Partido Popular para la adjudicación de contratos a cambio de comisiones ilegales, las conocidas como mordidas, en varias administraciones públicas (Diputación de Valencia, Generalitat y algunos ayuntamientos). 

En aquella primera jornada en la que trascendió la operación, más de una veintena de cargos y excargos populares fueron detenidos, los agentes realizaron numerosos registros y el juez ordenó bloquear varias cuentas y el embargo de bienes. Con el paso de los meses se convirtió en la mayor macrocausa de corrupción de la Comunitat Valenciana en número de imputados (superan el centenar) por  presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, entre otros.

* Lea el artículo íntegramente en el número 78 (abril 2021) de la revista Plaza