«Du yu espic inglish?» 

VALÈNCIA.-Eusebio Hierónimo fue un religioso dálmata que pasó a la historia por ser, probablemente, el primer traductor cuyo nombre es célebre. Beatificado por sus servicios a la Iglesia, San Jerónimo tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín. Luego, el Antiguo Testamento, también del hebreo (que estudió en Belén) al latín. El día de su fallecimiento, el 30 de septiembre, es el día internacional de la traducción. 

Seguramente San Jerónimo nunca imaginó el impacto que la traducción (y la interpretación o la traducción oral) iban a tener en el mundo. La asociación mundial del ramo dice representar a más de ochenta mil profesionales y son miles, millones, los contratos, libros, conversaciones, declaraciones, películas, canciones o trabajos académicos que son traducidos año tras año. 

No está claro que San Jerónimo tuviera conciencia de traductor. En su época, era considerado como un erudito, un experto en la exégesis de la Biblia. Tampoco consta que en el siglo IV el concepto de intrusismo, más propio de nuestro tiempo, existiera. Y sin embargo, según muchos, ese es uno de los problemas que aqueja a la profesión, especialmente cuando se trata de asistir a personas extranjeras ante la policía o la justicia. 

Cualquier persona que tenga que comparecer en una comisaría o en un juzgado puede reclamar la asistencia de un traductor en aplicación de la ley. Esta establece que, por ejemplo, un detenido tiene derecho a conocer, en un lenguaje comprensible y en un idioma que entienda, los motivos de su arresto. Ahí entran en juego los traductores y los intérpretes jurados, pero también las grandes empresas que dominan el sector. 

Una de ellas, Seprotec, con presencia en Madrid, València, Alicante, Castellón y otras muchas ciudades del mundo, se adjudicó en 2019 un contrato del Ministerio del Interior por casi once millones de euros. Objeto: «Traducción de escuchas telefónicas y transcripción de cintas en soporte informático grabadas en idiomas distintos al castellano en el marco de actuaciones e investigaciones policiales». El concurso anterior quedó desierto. No hubo ofertas ante unas condiciones que las compañías habituales consideraron insuficientes. 

Este tipo de compañías también prestan otros servicios ordinarios. Básicamente, la asistencia a extranjeros que comparecen ante policías y jueces y la traducción de los documentos judiciales a idiomas no oficiales en España. El problema es que contratan, o eso se denuncia, a personas sin la cualificación necesaria para ejercer. Y eso puede generar indefensión y la vulneración de otros de sus derechos. 

Así lo cree María Jesús Blasco, profesora y exvicedecana del Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad Jaume I. «Cualquier persona que acredite que sabe un idioma puede presentarse en cualquiera de estas agencias, se le asigna un juzgado y ya está», dijo en una jornada organizada por la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ). 

Miguel Ángel González, coordinador de intérpretes judiciales en Las Palmas, sostiene que «nunca debe haber negocio detrás de esto porque siempre que haya un interés económico está viciado el sistema». Pero lo cierto es que la economía manda. Las administraciones de Justicia e Interior descargan la labor de encontrar un traductor en empresas, a las que pagan —de ahí el aludido contrato desierto— cantidades ajustadas. Estas, a su vez, remuneran a sus traductores con precios bajos, según algunas fuentes, incluso de menos de diez euros la hora. 

Una remuneración pobre ahuyenta al talento y muchos traductores o intérpretes jurados optan por centrarse en tareas más lucrativas. Además, muchas veces el trabajo no se puede planificar —nadie sabe cuándo puede ser detenido alguien que no hable castellano pero sí sueco, por poner un ejemplo— y requiere de conocedores de las lenguas más diversas: no abundan los expertos en japonés pero si un ciudadano de ese país fuera arrestado debería ser atendido en esa lengua. A veces hay que improvisar.

«Un traductor-intérprete tiene que aprobar el examen del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero eso no es suficiente para acceder a trabajos oficiales» 

Además, la ley es laxa, tal vez ambigua, lo que podría favorecer el intrusismo. Lo explica André Hochemer: «Se debería obligar a recurrir siempre a traductores-intérpretes jurados para actos jurídicos o judiciales. Ahora mismo depende del juez de turno exigir que sea un traductor-intérprete jurado el que intervenga en un juicio cuando existe la necesidad de comunicarse con una parte extranjera».

Hochemer, alemán de 45 años, es licenciado en filología española y filología inglesa. Afincado en València desde el siglo pasado, ha completado trabajos coloridos —traducciones de Mortadelo y Filemón y varios cómics del prestigioso Paco Roca—, pero también es un habitual de los asuntos legales. Es traductor-intérprete jurado oficial, lo que implica que ha aprobado el examen que para tal efecto organiza el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Su nombre aparece en el listado de la institución, pero no es suficiente para acceder a trabajos oficiales. «En actos jurídicos como puede ser la firma de un contrato actualmente es suficiente que intervenga alguien con conocimientos de idiomas. Como solemos bromear, basta con recurrir ‘‘al primo que ha estado dos semanas en Londres’.’ No obstante, en cuestiones peliagudas como los juicios donde el diablo está en los detalles, deberían contratarse solo profesionales cualificados para obtener una mayor garantía y seguridad para todas las partes», dice Hochemer. Asimismo, sostiene que sería deseable que la Administración «en vez de hablar de los profesionales, hablara más con ellos para averiguar las necesidades reales de profesionales, clientes y otros actores del sector». 

Stefan Schmidt es otro valenciano de origen alemán y, desde 2016, presidente de La Xarxa. Esta asociación, con 125 socios, quiere velar por los intereses de los profesionales de la traducción e interpretación de la Comunitat Valenciana. Schmidt es licenciado en filología alemana por la Universidad de Friburgo, lleva treinta años trabajando de traductor e intérprete y es profesor asociado en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universitat de València. 

¿Intrusismo? Sí, y mucho

¿Hay intrusismo en el sector? «Sí —contesta rotundo—, justamente en los sectores que trabajan con la Administración, básicamente Justicia e Interior. Porque la Administración contrata empresas que teóricamente deben aportar profesionales cualificados, y que son los traductores e intérpretes jurados en los procesos judiciales y administrativos, y al final estos servicios, a menudo, no los prestan los traductores e intérpretes jurados, sino personas que en general tienen una insuficiente cualificación y mayoritariamente trabajan en condiciones de explotación. Esto provoca que se incumplan derechos civiles y sociales básicos en relación con colectivos especialmente vulnerables».

Schmidt reclama que la Administración escuche al sector —«a los profesionales y a las asociaciones profesionales, tanto nacionales como internacionales»— y señala una paradoja: «Lo más característico de España es el sistema de habilitación, que es público y nacional y mediante pruebas selectivas, principalmente. No en todos los países cuentan con esta figura de traductor». Sin embargo, el intrusismo es más norma que excepción. 

 Ana Orts, licenciada en traducción e interpretación, está, con matices, de acuerdo. «Hay mucho intrusismo en la traducción general sobre todo; en la traducción jurada es más complicado porque debemos tener el nombramiento de Asuntos Exteriores y nuestros datos deben constar en el listado que publica y actualiza cada cierto tiempo dicha institución. Pero aún así se han dado casos de fraude en el sector de la traducción jurada». 

Fraudes e intrusismo, como las meigas, haberlos, haylos. Los cánones del sector aconsejan que un intérprete judicial o policial debe dominar a la perfección los dos idiomas de trabajo. Además, debe tener un buen conocimiento de las culturas en contacto, controlar bien las técnicas de interpretación y tener sólidos conocimientos jurídicos. Pero de la teoría a los hechos hay distancia. 

La asociación del sector denunció ante el defensor del pueblo que un periodista con nulos conocimientos de árabe consiguió ser seleccionado y asignado a un juicio que se iba a celebrar parcialmente en ese idioma: dos paquistaníes contratados por la policía en la investigación sobre una mafia que importaba ilegalmente mercancías acabaron detenidos por extorsionar al jefe de la red. También cita el caso de un traductor de bengalí que se comunicaba perfectamente en una vista con sus compatriotas, pero no tenía ni idea de castellano, idioma en el que los jueces decidieron seguir la sesión. 

Las quejas tienen soporte académico. Un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona de 2015, que analizó cincuenta y cinco vistas en diez juzgados de la ciudad condal, reveló que los intérpretes judiciales cometen veinticinco errores graves por hora y no traducen más de la mitad de la información oral transmitida. El estudio se centró en tres lenguas europeas (inglés, francés y rumano), al margen de otros idiomas sin tanta presencia en España cuya interpretación recae, en ocasiones, en personal sin titulación. 

Una realidad muy compleja

Seprotec es uno de los gigantes del sector. En 2019 se adjudicó el servicio de traducción e interpretación para la justicia y otras administraciones valencianas por 3,5 millones de euros. Fue la única oferta. En competencia con Ofilingua, el otro dominador del mercado, sirven a la mayoría de las administraciones españolas. La empresa niega que se paguen precios irrisorios, explica la dificultad logística del asunto y aduce a las estrecheces financieras que ocasiona trabajar para administraciones que, además de exigir tarifas competitivas, muchas veces bajas, tardan en abonar las facturas. 

«Seprotec está muy comprometida en dar el mejor servicio a los clientes y las mejores condiciones posibles a sus trabajadores, y aunque debemos seguir trabajando para mejorar, hay mucho desconocimiento sobre nuestro funcionamiento cotidiano», explica Isabel Arroyo, responsable de traducción de la compañía, con presencia en varios países. La empresa contrata a mil traductores al mes, de los que 350 trabajan de manera estable y 250 a jornada completa, y otros quinientos con una relación más espóradica en función de las necesidades. Hay hasta cuarenta gestores para lidiar con la tarea logística de, por ejemplo, localizar a un traductor de vietnamita para un servicio en los juzgados de Vinaròs. Tiene una base de datos de diez mil traductores-intérpretes. 

André Hochemer: «Como solemos bromear entre nosotros, para actuar de traductor a veces basta con recurrir ‘‘al primo que ha estado dos semanas en Londres’’»

«En ningún caso hacemos contratos por menos de diez euros la hora. La mayoría de veces el profesional contratado para un servicio específico cobra entre dieciséis y dieciocho euros, siempre con su correspondiente contrato y con todos los costes que eso comporta, seguridad social, vacaciones o indemnización». Según Arroyo, cuando la Administración paga entre 35 y 45 euros la hora, son precios razonables. «La Comunidad de Madrid sacó una licitación con un precio máximo, máximo, de dieciocho euros». Insostenible.

Por lo que respecta la Comunitat Valenciana, la Generalitat, los servicios de traducción e interpretación jurada se contratan a las empresas del sector, que son las que establecen las condiciones laborales y tarifas con los profesionales que, a su vez, contrata. Una hora de traducción se paga a entre 18,67 y 21,47 euros por hora según el lote del que se trate. Los lotes tienen diferentes precios por cuestiones como la distancia de las sedes judiciales, por ejemplo. En el caso de la lengua de signos, se paga a 26,25 euros la hora.

La logística del negocio tampoco es fácil, explica Arroyo. «Trabajamos de manera concienzuda en la selección de los intérpretes, pero hay tal variedad de casos que es imposible satisfacer a la perfección toda la demanda». Especialmente, cuando esta llega sin apenas antelación. Si un ciudadano de Mali que no habla castellano denuncia un asunto en una comisaría de Torrevieja, se necesita un intérprete de bambara, una lengua hablada en algunos países del oeste de África. Y ni hay intérpretes titulados en ese idioma ni es fácil encontrarlos, de ahí que en muchos idiomas, estas empresas recurran a profesionales cuya actividad principal no es la traducción.

Seprotec es la traductora de todos los partidos judiciales valencianos. Ganó todos los lotes en concurso excepto el de lengua de signos. Arroyo pide que mejore la comunicación con la Administración. «En bastantes ocasiones enviamos traductores con información muy parcial o directamente insuficiente sobre el asunto en cuestión. No es lo mismo un caso de delito sexual que uno económico, ni el árabe de Marruecos que el de Iraq, pero para poder acertar con el perfil necesario necesitaríamos saber más».  

* Este artículo se publció originalmente en el número 68 (junio 2020) de la revista Plaza