El edil de Cultura Festiva, Pere Fuset. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. (VP/EP) El Ayuntamiento de València pagará una multa de 40.986 euros impuesta por la Inspección de Trabajo a raíz del accidente en el montaje de las gradas portátiles de los conciertos de la Feria de Julio de 2017, que acabó con el fallecimiento de un operario. Así pues, la Inspección considera al consistorio como "autor" de una infracción muy grave al suscribir un contrato de servicios, mientras que la Inspección considera que debería haber sido un contrato de obras. Y, por tanto, hubiera necesitado de otros requisitos legales, como un informe de seguridad y salud que no existió, precisamente, porque no era necesario dado el modelo de contrato. Esta resolución ha sido ratificada por la Dirección General de Trabajo de la Generalitat Valenciana.
El Pleno municipal ha aprobado este jueves una modificación de crédito en la que iba inserto el pago de esta multa. Por ello, el portavoz del Partido Popular, Eusebio Monzó, ha reiterado que se deben "depurar responsabilidades" y que esta resolución implica que el Ayuntamiento no es ajeno al procedimiento judicial que se lleva a cabo de forma paralela.
En ese sentido, los 'populares' han recriminado "sus mentiras" al alcalde, Joan Ribó, y al concejal responsable de la Feria de Julio, Pere Fuset, dado que el primero manifestó en febrero que "el Ayuntamiento es ajeno al accidente en el montaje de las gradas".
Entonces, el primer edil anunció que el Ayuntamiento no se personaría en la causa penal abierta por el momento porque no había novedades. "Si hace falta nos personaremos pero en este momento no hay nada nuevo ni vemos la necesidad de avanzar un proceso que los servicios jurídicos están estudiando", argumentó.
Por eso, Monzó ha insistido, previamente al pleno de este jueves, en que el consistorio debe "ponerse a disposición de la familia" del trabajador fallecido en el accidente y "personarse en la causa judicial". Fuentes municipales del equipo de gobierno han señalado que se trata de un tema judicializado y que el propio juzgado ha excluido al Ayuntamiento del procedimiento. Sin embargo, otras fuentes señalan que "depende de los servicios jurídicos".
Desde el consistorio explican que el Ayuntamiento contrató el escenario y los elementos relacionados. Por tanto, "son los promotores quién contrataron y fueron autorizados a instalar una grada". "La sanción se produce únicamente por una divergencia técnica de interpretaciones sobre un hecho administrativo", afirman, ya que "los técnicos municipales entienden que la contratación de montajes, como el del escenario, es una prestación de servicios, y así se calificó su contratación legalmente". Mientras tanto, "la Inspección considera que se trata de una obra". Según el Ayuntamiento, esta diferencia de catalogación técnica del contrato lleva asociadas "implicaciones diferentes en materia de protección de riesgos laborales".
El concejal Monzó, que ha lamentado el siniestro de Viveros y se ha puesto "a disposicion de la familia" del fallecido "para lo que considere oportuno", ha reiterado que este accidente es "un asunto muy grave, quizá el más grave sucedido a lo largo de toda la legislatura". "Atiendan y pónganse al lado de la familia", ha dicho al equipo de gobierno local.
"Ribó y Fuset mintieron a la prensa y al pleno para esconder que la Inspección de Trabajo había sancionado al Ayuntamiento con una multa de 40.000 euros por una infracción grave en el montaje de las gradas de los conciertos de Viveros. El Ayuntamiento es parte afectada y debe personarse en la causa judicial. Ribó no puede frenar más su personación porque sus mentiras y las de Fuset les delatan. Tendrán que dar explicaciones donde sea necesario", ha planteado Monzó.
Tras ello, el grupo municipal del PP ha señalado, en un comunicado, que el consistorio es "administración responsable de dar los permisos de ocupación en un espacio público como el Jardín de Viveros" y ha considerado que en el caso que ha originado la sanción "no actuó correctamente".
Asimismo, esta formación ha indicado que las diligencias abiertas por un juzgado de instrucción "para dirimir si hubo alguna responsabilidad penal de momento se han dirigido contra el personal de las empresas promotoras de los conciertos".
