El Consell busca blindarse, evitar la judicialización de la ATE y que se acabe el estadio

VALÈNCIA. La vicepresidenta y portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, dijo este viernes que el acuerdo alcanzado por las Consellerias de Política Territorial y la de Economía Sostenible para iniciar el procedimiento de declaración de caducidad anticipada de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que se le concedió en su día al Valencia CF busca evitar la judicialización del proceso y también blindarse si se da esa posibilidad pero, sobre todo, que se acabe el Nuevo Mestalla.

El pleno del Consell aprobó este viernes en virtud de ese pacto el inicio del procedimiento para la declaración de caducidad y resolución anticipada de la ATE que se le concedió al club para impulsar el cambio de estadio pero ha dejado abierta la posibilidad de mantener las ventajas en edificabilidad que se concedieron a la entidad si en 90 días el club presenta garantías económicas de que acabará la obra.

La vicepresidenta deslizó que se ha hecho creer a los aficionados que la “caducidad de la ATE” implica “un cambio” en la propiedad del club pero que “eso no es así”. “Nosotros tenemos que velar porque se acabe el estadio porque València no se merece eso. Ese esqueleto es intolerable y tiene que ser un campo acabado y eso es lo que prima”, subrayó.

Oltra insistió en que el principal objetivo del Consell es que el “esqueleto” que supone el inacabado Nuevo Mestalla deje de serlo “lo antes posible” y que eso guía las “estrategias y tácticas” que han puesto en marcha y dijo que se trata de un nuevo “empastre del gobierno del PP” que les toca arreglar y que la ATE fue una “mezcla de electoralismo, fútbol, mala gestión y malas decisiones”.

“Hay un galimatías jurídico tremendo. A eso nos tenía acostumbrado el gobierno del PP, que asumía acuerdos en los que siempre perdía la administración, es decir los valencianos y las valencianas. No conviene judicializar una cuestión que puede tardar décadas en resolverse” apuntó.

La vicepresidenta puso como ejemplo de la complejidad jurídica del asunto, que mientras que el informe de la Abogacía de la Generalitat atribuye al Valencia como promotor del incumplimiento de la fase I de la ATE, el del Ayuntamiento no lo hace. “Y los dos son informes jurídicos”, apuntó Oltra, que se mostró segura de que eso lo aprovecharía el Valencia en una posible denuncia.

Además, resaltó que el hecho de que el acuerdo lo impulsen las dos consellerias permite protegerse ante una posible judicialización porque “hay una confusión muy grande” en las competencias y de esta manera se “blinda” esa parte y se evita tener otro “frente abierto”.

“El derecho es complejo. Mi experiencia, como gestora profesional y abogada, me dice que siempre es mejor un acuerdo que un pleito. Si además hablamos de temas urbanísticos, los pleitos son más largos que un día sin pan”, recordó antes de insistir en que como gestores deben evitar la “problemática” de que acabe en los juzgados.

“Un juez puede decantarse para un lado o para el otro y además nos puede costar una millonada”, recordó Oltra, que no quiso avanzar la postura del Consell en el caso de que el Valencia presentara el aval y propusiera retomar las obras en 2024 como hizo en un calendario presentado recientemente para solicitar una prórroga de la ATE. “No voy a especular, no hay que adelantar acontecimientos”, respondió.

La vicepresidenta sí que insistió en que los avales han de ser “tangibles, suficientes, serios y trazables” y que sólo en ese caso se optaría para, de manera conjunta con el Ayuntamiento de València, mantener las ventajas de edificabilidad en el solar del actual Mestalla.

“No pueden ser un papelito”, apuntó Oltra, que agregó que esperan que el acuerdo entre LaLiga y el fondo CVC facilite al Valencia el dinero para acabar el estadio. “En ese caso el Consell puede mantener las condiciones, pero sólo en ese caso”, subrayó.

El acuerdo del Consell asume, para iniciar el expediente, que el Valencia incumplió plazos e hitos, lo que abre la puerta a su sustitución como promotor, algo que la Abogacía considera “inviable”, o bien a la caducidad de la actuación, que es la opción por la que se ha decantado el gobierno autonómico.