VALÈNCIA. El juicio por el presunto amaño del encuentro entre el Levante UD y el Real Zaragoza del año 2011 comenzó este martes en la Ciudad de la Justicia de València. A las puertas de los juzgados se agolpaban un centenar de periodistas, muchísimos más que con cualquier caso de tribunales. El fútbol mueve masas. Uno a uno los procesados fueron desfilando ante las cámaras y, uno a uno, evitaron contestar más allá de dar los buenos días a la prensa que allí se agolpaba.
Con más de una hora de retraso comenzó el primer juicio por amaño deportivo que afecta al deporte rey. En el banquillo, 42 personas, 36 de ellas futbolistas, el resto directivos del Zaragoza. El juicio, se desarrolla por los delitos de fraude deportivo y falsedad documental.
El primer en hablar durante las cuestiones previas fue el Ministerio Fiscal quien solicitó únicamente la ampliación de la pericial de los datos económicos de los jugadores del Levante. Un informe realizado por LaLiga y en el que se basa gran parte del peso de la acusación.
Una cuestión previa centrada en un derecho fundamental centró el comienzo del juicio. Esa cuestión previa fue la referida a la forma en la que el denunciante, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, tuvo conocimiento del presunto fraude deportivo. Pero antes de entrar en eso, fue el turno de las acusaciones.
El letrado del Deportivo de la Coruña, acusación popular, dijo que se reserva la vía civil para poder solicitar una indemnización. Mientras, la defensa del Real Zaragoza solicitó poder incorporar el compliance -protocolo de buenas prácticas de una empresa- del club, lo que podría rebajar la pena al aplicarse una atenuante.
El inicio del procedimiento, y conseguir la nulidad de todo lo actuado hasta ahora, fue el pilar fundamental de la intervención de la defensa del Real Zaragoza, club que está procesado como persona jurídica. Explicó que no han tenido acceso al sumario entero, que se les entregó un pendrive, lo que afecta directamente al derecho de defensa. Pero lo central de su intervención fue la petición de la nulidad del procedimiento porque solo se basa en la denuncia del presidente de LaLiga, Javier Tebas, que presentó "saltándose" el secreto profesional.
Explicó que Tebas se enteró por el presidente del Depor, Augusto César Lendoiro, pero que en aquella ocasión no presentó denuncia, que lo hizo después, cuando un jugador del Zaragoza le dijo que habían cobrado y le explicó cómo se hicieron los pagos, pero que ese comentario supuestamente se lo hizo el jugador como abogado, lo que llevaría a que la información estuviera protegida por el secreto profesional. Es decir, que Javier Tebas no podría revelar ningún dato obtenido por esta vía.
El letrado del Zaragoza tachó este hecho de "nudo gordiano" del procedimiento porque Tebas se negó a decir quién fue la persona que le explicó el tema porque se lo contaron como abogado y se acogía al secreto profesional. Que no lo defendió porque era un conflicto profesional, pero que inició una investigación propia, lo que para la defensa tachó de un procedimiento basado en el derecho profesional que, según él, Tebas se saltó.
El origen sería ilícito a juicio del abogado del Zaragoza, que describió lo sucedido como una circunstancia "gravísima desde el punto de vista deontológico y del derecho de defensa". "¿Cómo es posible que haya habido una instrucción, un escrito de acusación y un juicio y nadie se haya planteado este hecho? Es una vulneración del derecho de defensa", apostilló a este respecto.
Tras una mañana en la que la mayor parte de las defensas de los exjugadores del Levante y del Zaragoza, así como de los directivos del club maño, han centrado las cuestiones previas en conseguir la nulidad de todo lo actuado hasta ahora por la presunta revelación de secreto por parte de Tebas, así como en eliminar el lapidario informe de LaLiga sobre el partido, fue el turno de la Fiscalía.
El fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce, dedicó menos de diez minutos a desmontar lo pedido durante casi cuatro horas por las defensas. El representante del Ministerio Público, rápido y contundente en su exposición, dijo que en ningún caso la acusación depende del auto de instrucción, como expusieron varias de las defensas. Esgrimió que "no hay prescripción porque cuando hay concurso de delitos porque, la citada prescripción, siempre la marca el delito más grave, en este caso la corrupción delictiva que tiene un plazo de prescripción de diez años. Los diferentes tipos penales están cohesionados y se atiende al más grave, y lo tienen los directivos del Zaragoza".
Tras eso, Ponce entró a valorar el punto más caliente del día, la posible nulidad de la denuncia, lo que obligaría a absolver a todos los acusados. A este respecto, se mostró vehemente: "No hay ningún derecho fundamental vinculado, el secreto profesional no es un derecho fundamental. No hay derechos absolutos en nuestro ordenamiento. Parten de un error, Tebas manifiesta que una persona le trasmite una información, dónde está la ilicitud, no ha puesto escuchas ni entrado en domicilios".
Y prosiguió diciendo que la incorporación de su declaración al procedimiento se realiza con una denuncia porque tiene unos datos que afectan a un delito. "Se han rasgado las vestiduras, pues haber denunciado al señor Tebas al colegio profesional. No se puede coger una parte de la información y rechazar otra. ¿Dónde está el cliente? Como mucho afecta a la credibilidad, pero solo es una declaración. Nos tenemos que creer que existe una dispensa porque si no, no nos creemos que hay un cliente. No nos podemos creer una parte y la otra no. El derecho a la intimidad es un derecho personal, no ha revelado ningún dato personal, que lo hubiesen dicho en instrucción y tampoco lo han hecho. No ha dicho ningún dato íntimo de ningún procesado", apostilló.