Foto de mayo de 2018 de la etiqueta de los electrodos pediátricos con la fecha de caducidad. Foto: VPVALÈNCIA. La Conselleria de Justicia no solo sabía que el desfibrilador que falló el pasado jueves cuando fueron a aplicárselo a un hombre infartado, que falleció, estaba averiado, tal como publicó Valencia Plaza en exclusiva este sábado, sino que también era conocedora de que el material médico necesario para su uso estaba caducado.
En las fotografías que realizó la persona que denunció en mayo de 2018 al gerente de la Ciudad de la Justicia, Miguel Furió, que el desfibrilador no funcionaba, hay varias de las pegatinas de la fecha de caducidad de los electrodos. En ellas se ve perfectamente la fecha: 27-02-2018. Las que aparecen en la imagen son las de los electrodos pediátricos, que no se llegaron a utilizar el jueves y que actualmente están junto al aparato en poder de la Conselleria que está investigando el suceso.
En la fotografía se puede observar que las fechas de caducidad estaban a plena vista por lo que surge otra pregunta, ¿cómo nadie vio que el material que tenían para salvar vidas estaba caducado?
Como contó Valencia Plaza, tras la advertencia de este ciudadano, primero a la Guardia Civil y luego al gerente de la Ciudad de la Justicia, Furió lo transmitió a la Conselleria de Justicia, encargada del mantenimiento del complejo judicial, según explicó él mismo. Furió dejó el puesto antes del verano y la actual gerente del edificio es Helena Agustí.
El viernes, la directora general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, Bárbara López Ramón, compareció ante los medios y manifestó: "Estamos investigando y vamos a investigar en profundidad por qué no han funcionado las baterías de este aparato. Seguiremos investigando y todo de lo que dispongamos les será facilitado".
Las reacciones tras la información de este periódico no se hicieron esperar. La publicación de lo sucedido en la Ciudad de la Justicia ha llevado a que incluso a la asociación de fiscales a la que pertenecía la propia Gabriela Bravo mientras fue fiscal emitiera este sábado un comunicado. En dicho comunicado, la Unión Progresista de Fiscales manifiesta que "a la vista de lo acontecido y con independencia de lo que resulte de la investigación que se lleva a cabo de las causas que motivaron el fallo del desfibrilador, la UPF exige a las autoridades autonómicas competentes el cumplimiento de esa normativa con expresa referencia a las facultades y obligaciones de control de mantenimiento y funcionamiento de los DESA en las sedes judiciales en las que un número ingente de profesionales y usuarios de la justicia acuden diariamente, todo ello a fin de evitar situaciones como la mencionada y garantizar el derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos en tales instalaciones".
El responsable de Justicia del PPCV, José Císcar, afirmó tras conocer la información: "Ahora hemos sabido que alguien está mintiendo en la conselleria porque resulta que sí eran conocedores desde hace más de un año del mal estado del desfibrilador y que no funcionaba. En mayo de 2018 se había notificado que no funcionaba el aparato que este jueves no pudo utilizarse por falta de batería para asistir a un infartado en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Durante 17 meses ha estado sin funcionar pese a que se les había advertido y el propio gerente había avisado a la dirección general de Justicia y al equipo de la consellera Bravo".
El portavoz popular de Justicia indicó que "alguien tiene que dar explicaciones y queremos que la consellera Bravo, como máxima responsable del departamento, venga a Les Corts a explicar lo sucedido y nos cuente por qué no se hizo nada pese a las advertencias del mal funcionamiento del aparato vital".
También Ciudadanos reaccionó por boca de su diputado en Les Corts Luis Arquillos, quien exigió explicaciones a Gabriela Bravo, por la "dejadez" de su departamento "en materia de prevención de riesgos laborales" en la Ciudad de la Justicia. En su opinión, "lo único que ha quedado claro ante hechos tan graves como el incendio o la muerte por no funcionamiento del desfibrilador es que tanto los trabajadores como las personas que allí acuden para realizar trámites se encuentran desprotegidas, no por falta de elementos sino por falta de interés por parte de los responsables".
Por su parte, los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO, Intersindical Justicia y UGT han enviado una petición conjunta a la dirección general de Justicia solicitando que "se les informe sobre los hechos acaecidos, y sobre cómo se aplicó y funcionó el protocolo de urgencias y el mencionado desfibrilador, así como, las actuaciones posteriores".
En el caso de CSIF, explicaron a Valencia Plaza, que desde el Comité de Seguridad y Salud Laboral han preguntado en numerosas ocasiones por el número, estado y personal formado para usar el desfibrilador. Siempre se ha contestado con ambigüedades.
