Vista del abandonado circuito urbano de Fórmula 1 de València. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Las detenciones y los registros practicados este jueves en el marco del 'caso Azud' han vuelto a poner el foco, entre otras cosas, en diferentes operaciones urbanísticas en torno al PAI del Grao y el circuito urbano de la Fórmula 1. Una de las líneas de la investigación gira precisamente en torno a una de las empresas vinculadas con la compra de suelo en este sector, todavía por urbanizar nueve años después de que los bólidos dejaran de rodar por la pista.
El macroproyecto del PAI del Grao es la historia de un plan propio del boom inmobiliario de la época. Con la construcción del circuito de Fórmula 1, se decidió proyectar en los más de 300.000 metros cuadrados que engloba todo el sector una lujosa zona con elevados edificios y extravagancias urbanísticas similares a otros grandes circuitos del mundo. En concreto, se pretendía tomar la el recorrido del circuito como esqueleto para levantar miles de nuevas viviendas de primer nivel.
Las previsiones eran inmejorables hasta tal punto que la construcción del circuito en esta zona, que ascendió a unos 40 millones de euros, no iba a costar ni un euro a los valencianos, según el que fuera president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps: el Ayuntamiento de València, entonces dirigido por el PP de Rita Barberá, repercutiría el coste del circuito a los promotores privados. La cuantía, con las proyecciones astronómicas de la época, era comparativamente ridícula con el dinero que movería el macroproyecto, de manera que -se pensaba entonces- no habría ningún problema.
Fue en este contexto cuando, en 2006 -un año antes de conocerse que València albergaría el Gran Premio de Fórmula 1-, al calor de lo que se veía venir, nació la mercantil Acinelav Inversiones 2006, una promotora impulsada por Bancaja Habitat (después Bankia), Pavasal, Construcciones Valencia Constitución, Kiraly Desarrollos Inmobiliarios (participada por Gesfesa) y el constructor Salvador Vila, que se hizo con un tercio de todos los terrenos por 300 millones de euros. Una operación de tamaña magnitud que sorprendió por el elevado precio de compra de las parcelas, que eran propiedad de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), y que fueron revalorizadas al ser recalificadas a suelo residencial dos años después, en 2008.
Así pues, cerca de 100.000 metros de suelo del sector del Grao, pasaron a manos de la mencionada sociedad, mientras que los propietarios de los otros dos tercios eran administraciones públicas, entre ellas Adif, y diferentes particulares. Pero el macroproyecto urbanístico, como ocurrió en muchos otros casos, acabó en descalabro con la irrupción de la crisis inmobiliaria y el declive del gran evento de la Fórmula 1 en el Cap i Casal.
En 2012, tras la victoria de Fernando Alonso en el Gran Premio de València, la maltrecha Generalitat de Alberto Fabra renunció a mantener el gran premio. Fue la puntilla a un proyecto que la mera situación económica ya había complicado muchísimo. Acinelav entró en concurso de acreedores. La participación de Bankia acabó en manos del 'banco malo' —Sareb— con la reestructuración bancaria; y la del resto, controlada por la banca acreedora tras ser declarada su insolvencia en 2011.
En esta situación, los suculentos terrenos del PAI de los que era propietaria la firma salieron a subasta por un precio infinitamente menor al precio de compra, y fueron muchas las empresas que pujaron por este importante trozo de pastel de la ciudad. Entre las ofertas estaban la de la enseña Pereabros Investment con el presunto respaldo de un fondo dubaití, que rondaba los 40 millones de euros; la de la sociedad Business Together, por 35 millones; y la de Net de Gerrers, con una puja de 28,8 millones. Pero ninguna materializó la inversión antes de la fecha límite.
Finalmente, la firma inversora Atitlan, propiedad de Aritza Rodero y Roberto Centeno, junto al fondo británico Hayfin Capital, la familia Martinavarro y el empresario Francisco Martínez se hizo con el tercio que tenía Acinelav. De hecho, será Nuevas Actividades Urbanas (NAU), sociedad de Atitlan, el gestor urbanístico del desarrollo, que lleva años parado.
Lo cierto es que en 2018 se intentó retomar este proyecto presentando un planeamiento, pero de momento, no se ha avanzado demasiado. El motivo no es otro precisamente que las cargas urbanísticas derivadas de la construcción del circuito, que el Ayuntamiento se comprometió a repercutir a los promotores pero que ahora, pasados los años, negocia con ellos reducir para poder reactivar el suelo baldío y abandonado.
El fiasco cobra ahora de nuevo importancia porque uno de los detenidos este jueves en el 'caso Azud' es el empresario Jaime María Febrer, administrador de Construcciones Valencia Constitución, empresa participada en la otrora propietaria del suelo, Acinelav Inversiones 2006.
Los investigadores consideran que el empresario, así como el que fuera vicealcalde de Barberá, Alfonso Grau, y el entonces portavoz socialista -coordinador de Urbanismo cuando entró la izquierda a gobernar en 2015-, Rafa Rubio, estarían implicados en una presunta trama de corrupción urbanística por el cobro de comisiones o mordidas de los responsables políticos a cambio del derecho de construcción en parcelas de propiedad municipal o de la compra de las mismas -que van más allá del PAI del Grao-.
En 2014, el entonces portavoz del grupo municipal de Compromís y hoy alcalde de la ciudad, Joan Ribó, denunció ante la Fiscalía la compraventa de terrenos en este sector urbanístico por parte de Acinelav por "una serie de anormalidades". En la denuncia aseguraba que la mercantil "no es más que la asociación de intereses de Bancaja y una serie de constructores locales, vinculadas a la misma, que se beneficiaron del conocimiento previo de la celebración de la Formula 1 y de la modificación del Plan General que iba a realizar el Ayuntamiento de Valencia".
Entre las diversas irregularidades que denunciaba Ribó se encontraban, por ejemplo, la disparidad de precios en la compra de parcelas por diferentes propietarios. Mientras una de ellas se consiguió a 2,75 euros por metro cuadrado, hubo otras dos -donde se situaban los antiguos depósitos de CLH- que se vendieron a Acinelav a 2.936,65 euros por metro cuadrado.
Por ello este jueves, Ribó aseguró ver una "estrecha relación" entre el caso investigado y la denuncia presentada en 2014 por él mismo. Aunque aseveró que "no puede confirmar" esta relación en estos momentos, dijo que "se irá viendo". "El sumario está muy cerrado, lo iremos viendo", apuntó, para añadir que en este tema "presuntamente hay mucha tela que cortar".
