Foto: ESTRELLA JOVER VALÈNCIA. El Tribunal de Cuentas ha requerido al Ayuntamiento de València que mejore el ejercicio de la transparencia en la acción gubernamental. El organismo de control emitió a finales del pasado ejercicio un informe en el que señalaba diferentes aspectos que el consistorio del Cap i Casal, gobernado por Compromís y PSPV, deberá mejorar, al igual que otros grandes ayuntamientos, especialmente en lo que concierne a la normativa estatal de transparencia y buen gobierno aprobada en 2013.
Uno de los campos en los que se pide una mayor publicidad tiene que ver con la documentación que acompaña a los textos normativos que aprueba el consistorio. El Tribunal de Cuentas señala concretamente que el Ayuntamiento de València, como el de Zaragoza, no publica "la información relativa a las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos".
El área de Participación y Transparencia, que dirige Elisa Valía, asume este extremo y según las fuentes consultadas, se está preparando una circular que será remitida a todos los servicios en la que se pretende concretar qué se ha de incluir en los expedientes municipales de normativas locales que vayan a requerir publicidad.
Huelga recordar que el reglamento de Transparencia que aprobó el consistorio el año pasado recoge expresamente este extremo. Concretamente en el artículo 19, donde se explicita que deberá publicarse no sólo el texto completo de la normativa municipal aprobada, sino también "las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de estas normas".
Otro de los puntos en los que se centra el Tribunal es el de los informes de fiscalización llevados a cabo por organismos de control externo. Ni el Ayuntamiento de Málaga ni el de València habían cumplido con esta disposición de la ley de Transparencia, que explicita la obligatoriedad de hacer públicas tanto las cuentas anuales de los entes locales como los informes de auditoría y de fiscalización sobre ellas. Algo que también se ha dejado negro sobre blanco en la regulación municipal del ramo.
Por otro lado, la ley de bases de régimen local recoge la posibilidad de que los ayuntamientos acuerden entregar una indemnización económica a los cargos electos que, como consecuencia del régimen de incompatibilidades, no puedan desempeñar su actividad profesional ni percibir retribuciones económicas por otras actividades. Unos datos que, junto a las retribuciones que anualmente reciben altos cargos y responsables municipales, deben estar publicados y que en el caso del Ayuntamiento de València, pero también el de Zaragoza, no recogen en sus portales.
Fuentes del área que lidera Valía explican que, si bien es cierto que existe la obligación, también lo es que en el consistorio no se ha registrado todavía ningún caso que se pudiera enmarcar en estas coordenadas, y precisamente por eso no hay ninguna información relativa a estas indemnizaciones en la página consistorial. Explicaciones que fueron remitidas al Tribunal de Cuentas en forma de alegaciones pero que, según dice el organismo en su informe, se presentaron fuera de plazo.
El organismo de control va más allá de grandes ayuntamientos y otros entes locales y en su análisis sobre el cumplimiento en la normativa de la transparencia incluye, entre otras entidades, el área metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi). Sobre ella alerta de que no dispone de portal de transparencia, lo cual no implica por otra parte que no publique la información precisa, si bien "la presentación de la misma generalmente dificulta el conocimiento inmediato de la estructura, organización y funcionamiento de la entidad, lo que redunda de manera negativa en la transparencia de la actividad pública", especifica el Tribunal.
Asimismo, destaca la falta de profundidad en la presentación de los presupuestos, sobre lo cual la web únicamente recoge su desglose por capítulos, y esto "se considera insuficiente", a juicio del organismo, que añade más tarde que tampoco se publican las modificaciones presupuestarias aprobadas durante el ejercicio corriente, una información "significativa para conocer la ejecución del presupuesto". Y lo mismo ocurre con las cuentas, que no han gozado de publicidad pese a que lo explicita no sólo la ley estatal, sino también la ley valenciana de transparencia, según recoge el Tribunal de Cuentas.
