Instalaciones de la depuradora junto a las viviendas de los afectados. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los vecinos afectados por la depuradora de Pinedo no han tirado la toalla. Este miércoles se reúnen con su abogado para analizar la sentencia que el pasado viernes se hizo pública y en su ánimo, aseguró su portavoz, Jaime Chornet, se encuentra el de elevar recurso de reposición. “Si cabe recurso de reposición, lo vamos a hacer; si cabe un pleito nuevo, volveremos a pleitear”, aseguró Chornet a Valencia Plaza.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anunció el pasado día 12 que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo declaraba “imposible de ejecutar” la sentencia de 2016 que ordenaba el cierre de la fase III de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Pinedo.
Según argumentaba la sala, los “gravísimos perjuicios ambientales” que esa decisión originaría se imponían a los derechos reconocidos de los vecinos. Es decir, la sentencia venía a ratificar que los afectados por la depuradora tenían razón pero que, por no perjudicar a terceros, en este caso más de un millón de personas, sus derechos debían ser soslayados. Muy significativamente, a nadie se le imponían costas.
El tribunal se ha visto obligado pues a rechazar la ejecución forzosa del fallo, que pedían los vecinos afectados por estas instalaciones. Sin embargo, ha acordado tramitar un nuevo incidente en el marco de este procedimiento que permita adoptar “las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria y la fijación a favor de los ejecutantes de la indemnización que en su caso proceda”.
Es decir, el TSJ emplaza a que se establezcan indemnizaciones a los vecinos de la manera más eficiente, en una clara declaración en defensa de los derechos de los perjudicados. Igualmente, la sentencia recordaba que contra este auto cabe la posibilidad de interponer recurso de reposición, extremo que es el que estudiarán los afectados este miércoles.
Fue en julio de 2016 cuando la Sección Primera del TSJCV dictó una sentencia por la que ordenaba al Ayuntamiento de València el cierre de la actividad en la Fase III de la citada depuradora al carecer de licencia municipal. Esa resolución fue declarada firme por un auto del Tribunal Supremo el 21 de mayo de 2018. Una firmeza que ha quedado ahora limitada con el único consuelo, para los afectados, de que en el apartado dos deja bien claro que se deben tramitar sus indemnizaciones.
Los afectados aseguraron no haberse sorprendido por el auto, ya que entendían que era una opción razonable. Tal y como está concebido actualmente el sistema de depuración de aguas de València, es prácticamente imposible cerrar la depuradora de Pinedo sin colapsar el sistema público de saneamiento de la ciudad y su área metropolitana. La única sorpresa, decía Chornet, es que se habían enterado antes por los periodistas que por el propio tribunal.
Desde el Consell son conscientes de la situación de indefensión de estos vecinos, que llevan padeciendo desde hace décadas todas las incomodidades derivadas de la presencia de una instalación como una depuradora, pero que para la administración pública, tanto municipal, como autonómica o estatal, nunca han existido. Una situación que ha cambiado en los últimos años, como consecuencia quizás de las acciones judiciales.
Unos días antes de las elecciones municipales desde la Conselleria pidieron mantener una reunión con los afectados para presentarles su propuesta. Desde Medio Ambiente, departamento que ahora está en manos de Mireia Mollà, se les comunicó que no se podían cerrar indemnizaciones, no era su competencia, pero sí plantear una reforma paisajista, poner muros verdes de árboles, ajardinar el entorno, cosas que a los vecinos les parecieron bien ya que contribuirían a minimizar el impacto de la depuradora sobre sus vidas.
Asimismo se les habló de un plan para solicitar ayudas económicas para reformar las viviendas, que se tiene que hacer conjuntamente con la concejalía de Urbanismo, que ahora está en manos de la vicealcaldesa Sandra Gómez. La intención, explicó Chornet, es antes de agosto tener una toma de contacto de cara a septiembre establecer una agenda de trabajo.
Por su parte, la administración autonómica está acelerando para tener en marcha lo antes posible el Plan Especial de la Depuradora de Pinedo. En estos momentos, en la Conselleria aseguran que lo tienen muy avanzado, lo que subsanaría el problema legal que se deriva de no tener la licencia. Sin dar más detalles de tiempo, desde la Conselleria indicaron que están a punto de concluir “la evaluación ambiental estratégica”, un proceso que se inició hace casi medio año y que se ha visto ralentizado por el impasse electoral.
En la Generalitat continúan trabajando con la perspectiva de que se mantendrá el statu quo actual, ya que insisten que el cierre supondría provocar “un desastre medioambiental”. La depuradora de Pinedo trata el 25% de las aguas residuales de la Comunitat Valenciana y da servicio a 17 municipios de València y a su área metropolitana. Ante esta situación, al no existir otra alternativa posible, el monstruo deberá seguir vivo.
Foto: KIKE TABERNER
