El Hércules paga la nómina de mayo y espanta la obligación de avalar para seguir en Segunda RFEF

ALICANTE. El pasado viernes abonó el Hércules a su plantilla y 'staff' técnico la nómina del mes de mayo, un pago que tradicionalmente se le hace bola al club desde que en junio no tiene que competir.

Huelga decir que el retraso había sembrado de preocupación al vestuario, máxime teniendo en cuenta la querella por presunto alzamiento de bienes que ponía el foco sobre un dinero que precisamente ha servido para pagarle (así lo asegura el club). No obstante lo anterior, ni parece que la querella fuera el motivo para el retraso ni tampoco que el pago haya respondido al malestar de los jugadores... Más bien lo que ha ocurrido, por segundo año consecutivo, es que el club se ha dado cuenta de que, si persistía en el retraso y la plantilla denunciaba el impago ante la 'Comisión Mixta Asociación de Futbolistas Españoles-Real Federación Española de Fútbol', le iba a tocar no solo pagar (o pactar un pago aplazado), también presentar un aval de entre 200.000 y 300.000 euros en función de la suma total de las denuncias para poder competir la próxima campaña en la Segunda RFEF.

Los jugadores blanquiazules tenían de plazo hasta el 24 de junio para reclamar el impago de esa nómina de mayo. El Hércules solo hubiese escapado a la obligación de avalar de no haber excedido las denuncias un global de 100.000 euros, toda vez que en ese caso se exige que haya sido denunciado en dos de las últimas tres campañas (contando la que ahora vence) y el club no se encontraba en esa situación. De ser el volumen de las denuncias superior a los 100.000 euros, la RFEF hubiese obligado al Hércules a presentar un aval bancario por importe mínimo de 200.000 para poder competir en Segunda RFEF en la 2022/23 y, de exceder las denuncias los 200.000 euros, el aval que se le hubiese exigido al club habría ascendido a un mínimo de 300.000. 

Bloqueo de los derechos federativos

En el caso de haberse mantenido en el tiempo, concretamente a 31 de julio, el impago hubiese acarreado para el Hércules también el bloqueo de los derechos federativos, pero no un descenso administrativo porque ese castigo se reserva solo para los clubes que a 30 de junio no han pagado o llegado a un acuerdo de aplazamiento con los jugadores que les han denunciado dentro de un primer plazo que expiró el 27 de mayo para los clubes de Segunda RFEF, situación en la que no se encontraba la entidad del Rico Pérez.