La Fiscalía pide seis años de cárcel para un exdirector de Vaersa por las 'tarjetas green'

VALÈNCIA. El exdirector de Vaersa con el PP entre 2007 y 2011 Felipe Espinosa se sentará el próximo jueves en el banquillo para la celebración de un juicio con jurado por las conocidas como 'tarjetas green' de la empresa pública dependiente de la Generalitat dedicada a la gestión medioambiental. La Fiscalía pide para él seis años de cárcel por cargar a una cuenta asociada a la firma gastos personales, entre ellos costosas comidas. 

En su escrito de acusación, el Ministerio Público explica que Espinosa disfrutaba de una tarjeta de crédito e-Business Visa asociada a su cargo político que debía ser empleada en relación con su actividad en Vaersa. Ésta tenía un límite económico de hasta 6.000 euros, fue dada de alta en agosto de 2007, cuando el acusado fue nombrado, y estuvo vigente hasta septiembre de 2013. 

La Fiscalía cree que "a sabiendas del destino" que debía darle, la utilizó durante varios años para fines propios y particulares, totalmente ajenos la actividad empresarial de Vaersa. Aunque los gastos de los primeros años han prescrito, se le ha podido investigar por los efectuados desde el mes de enero de 2011 hasta su destitución.

 Durante este tiempo, y "causando un perjuicio al patrimonio público", señala el escrito, Espinosa realizó numerosas extracciones de efectivo desde diferentes cajeros automáticos, que generalmente ascendían a 500 euros cada vez, constando un total de 48 operaciones de esta clase (un total de 24.000 euros).

La gran mayoría de los gastos, expone la fiscal, fueron en restaurantes, y entre ellos destacan especialmente los realizados los fines de semana en el club social de la Urbanización Alfinach, en la localidad de Puzol y donde residía el acusado. También las costosas comidas los viernes en el restaurante El Molí, de la misma localidad.

Otros usos significativos de la tarjeta, de acuerdo con la investigación, fueron las revisiones de su vehículo en el concesionario Jaguar/Land Rover, que alcanzaron los 6.478,56 euros, así como la gasolina para coches particulares pese a que contaba con uno oficial. Igualmente, se contabilizaron gastos en establecimientos comerciales como El Corte Ingés, Leroy Merlin o Consum. 

Todo ello puede ser constitutivo de un delito continuado de malversación previsto en el Código Penal antes de la reforma de 2015.