El alcalde de València, Joan Ribó con el concejal de Hacienda, Ramón Vilar. Foto: EFE/Kai Försterling VALÈNCIA. Pasadas las elecciones, conformado el gobierno en València ciudad entre Compromís y PSPV, y a poco tiempo de finalizar el verano y dar el pistoletazo de salida efectivo al mandato, hay algo claro: la ciudad se enfrenta a una subida de la presión fiscal en diferentes ámbitos. Por lo que se conoce de momento, el incremento de impuestos afectará al IBI y a la tasa del alcantarillado y conllevará además la creación de la llamada tasa al sharing que desde hace meses diseña el consistorio.
Uno de los problemas de calado que deberá afrontar el gobierno municipal durante los próximos años es la rehabilitación y el mantenimiento de la red de saneamiento, cuya precaria situación ha sido objeto de alarma y advertencia por parte de los técnicos municipales. Se trata de unas inversiones que alcanzarán los 160 millones de euros, la mitad de los cuales el consistorio pretende financiar con un crédito del Banco Europeo de Inversiones, pero el resto correrá a cargo del Ayuntamiento, que como publicó este diario, está estudiando aumentar la tasa del alcantarillado.
La concejalía de Hacienda que dirige Ramón Vilar y la del Ciclo Integral del Agua de Elisa Valía están elaborando un estudio económico para concluir cuánto aumentará esta tasa a partir del próximo año. El gravamen es uno de los seis apartados que conforman el recibo del agua de los contribuyentes en la ciudad, y aunque se desconoce con exactitud de cuánto será la subida, fuentes municipales valoraron el incremento en un euro y medio por recibo.
El consistorio recauda en orden a este impuesto unos 12 millones de euros anuales. Una cantidad que ha ido in crescendo levemente en los últimos años desde los 11,3 millones que se recaudaron en 2015 dado que el consumo de agua potable no se ha incrementado sustancialmente.
El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es el que más ingresos deja en las arcas del Ayuntamiento de València, razón por la cual su modificación acostumbra a generar mucho revuelo. Su subida tiene hasta nombre despectivo: 'catastrazo'. En 2016, se subió el gravamen en 5.000 recibos de más de 600.000 que gira el consistorio. Se trataba de inmuebles de alto valor catastral y especialmente comercios, negocios, restaurantes y otras actividades similares.
Ahora, la intención del concejal de Hacienda es pedir al Ministerio de Hacienda que actualice los valores catastrales de la ciudad, dado que los actuales datan de 1997 y están "desfasados", tal como publicó El Mundo. Aunque esta revisión puede aumentarlos o rebajarlos, lo más probable es que ocurra lo primero y que, por ende, incremente el IBI en términos generales.
En realidad, el Ministerio ya ha estado aumentando los tipos en la ciudad dado que la base lleva más de una década sin revisarse. No obstante, el consistorio ha estado amortiguando dicha subida mediante la corrección de los coeficientes municipales. Una maniobra que también prevé usar si la revisión de valores da como resultado un subida exagerada del impuesto. No así si el incremento no es acusado.
Con todo, lo cierto es que el consistorio plantea esta revisión pasadas las elecciones y tras tres años de caída en la previsión de recaudación del IBI. En 2015, el presupuesto elaborado por el gobierno del PP proyectó un ingreso de 205 millones de euros, que se elevó a 215 millones en las primeras cuentas del gobierno dirigido por Joan Ribó (2016), y a 227 millones de euros en 2017. Desde entonces, la estimación ha disminuido: 222 millones en 2018 y dos millones menos en el presente ejercicio.
Huelga resaltar que, tal y como PSPV y Compromís propusieron durante la campaña electoral, la intención es también implantar un recargo en el IBI a grandes tenedores de viviendas vacías con el propósito de incentivar la oferta de vivienda en alquiler y presionar así a la baja el precio de mercado. La iniciativa se encuentra recogida en el Acord del Rialto suscrito por ambas fuerzas.
"Cualquier vivienda que no esté destinada a un uso residencial tendrá que tener un gravamen específico; no puede pagar el mismo IBI una familia que tiene un piso para vivir que bancos que acumulan 10, 20, 30 o 40 viviendas, explicaba en una entrevista a Valencia Plaza la portavoz socialista y concejala de Urbanismo, Sandra Gómez, que aseguró que "se podría estudiar para los próximos presupuestos".
Más allá de estos impuestos -que ya existían y la intención es incrementarlos-, el consistorio ha diseñado en los últimos meses una nueva tasa que gravará el uso del espacio público por las empresas de alquiler de vehículos compartidos -el sharing- y con la que Hacienda prevé recaudar, en un cálculo conservador, 700.000 euros anuales.
La ordenanza fiscal se prevé aprobar en septiembre junto al resto de impuestos y establece una tasa anual de 60 euros por patinete eléctrico y monociclos o plataformas de poco tamaño, de 70 euros por vehículos similares de mayor tamaño, 78 euros por ciclomotor eléctrico y 82 por motocicleta eléctrica. En cuanto a los turismos, la ordenanza fija que si los vehículos eléctricos están exentos de pagar la zona azul, deberán abonar 715 euros anuales por unidad; mientras que si deben pagarla, la tasa aumenta hasta los 1.028 euros por unidad.
Se quiere incluir en los próximos presupuestos del consistorio, pero a la postre, no se podrá empezar a cobrar hasta que no exista una ordenanza sustantiva que regule la actividad en sí, y que depende de las concejalía de Espacio Público y Movilidad. Un aspecto importante para ello es conocer cuántos vehículos de cada tipo puede absorber la ciudad. Con todo, es complicado que dicha normativa esté lista antes de empezar el próximo año, por lo que la aplicación de las tasas puede quedar en el aire y acabar modificándose la recaudación final.
Esta tasa no sólo afectará a aquellas empresas que tengan repartidos sus vehículos a lo ancho y largo de València, sino que también deberán abonarla aquellos establecimientos que se dediquen a alquilar este tipo de vehículos y los tengan situados frente a su fachada o en el entorno del local. Por otro lado, no tendrá efecto alguno en aquellas empresas que operen en la ciudad mediante una concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento de València, como por ejemplo Valenbisi.
