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Indra, exonerada definitivamente por la CNMC de la prohibición de contratar con el sector público

14/05/2021 - 

VALÈNCIA. Indra Business Consulting es la única consultora que ha resultado exonerada definitivamente de la prohibición de contratar con el sector público, medida prevista en el artículo 71 de la Ley de Contratación del Sector Público, dentro del grupo de 22 compañías que han sido multadas por constitución de cártel, según informó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en una reciente resolución de expediente.

La resolución de la CNMC apunta literalmente que "esta Sala considera oportuno recoger la eficacia del programa de cumplimiento en relación con las normas de competencia de Indra Business Consulting, tal como se ha indicado en el fundamento 5º apartado G".

Fuentes cercanas a esta resolución destacaron que la voluntad cumplidora de Indra en relación con la normativa de la defensa de la competencia explica también, según la Resolución del Expediente, que la CNMC ha reducido la multa a Indra Business Consulting desde 450.000 euros que era la propuesta de resolución inicial a 27.000 euros.

En el caso de PA Consulting Services Limited Sucursal en España y uno de sus directivos, la CNMC ha aplicado una reducción del 40% en el importe de la multa debido a su solicitud de clemencia.

La CNMC ha impuesto multas por un total de 6,3 millones de euros a 22 empresas de servicios de consultoría, entre las que se encuentran algunas de las principales firmas que operan en España, y a una docena de sus directivos por una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), constitutiva de cártel. Y ha activado el presupuesto legal para que algunas de estas empresas no puedan participar en próximos concursos organizados por las administraciones públicas (AAPP).

Deloitte es la compañía que recibe la multa de mayor cuantía, con 3,99 millones de euros, seguida de PwC, con 670.000 euros, e Idom Consulting, con 640.000 euros. Las multas se imponen sobre un porcentaje de la facturación de las compañías.

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