El anuncio de la sanción de la Comisión Europea (CE) al Elche CF, Hércules CF y Valencia CF cumple un año sin que los clubes hayan abonado las cantidades requeridas y sin que sus recursos hayan encontrado respuesta definitiva
VALENCIA. El anuncio de la sanción de la Comisión Europea (CE) al Elche CF, Hércules CF y Valencia CF cumple un año sin que los clubes hayan abonado las cantidades requeridas y sin que sus recursos hayan encontrado respuesta definitiva.
El 4 de julio de 2016 la CE anunció que varios clubes españoles, entre los que se encontraban estos tres, debían devolver el importe de una serie de ayudas que este organismo consideraba "públicas" e "ilegales" al entender que "utilizar dinero público para financiar clubes de fútbol profesional podía falsear la competencia".
Según anunció la CE, el Valencia debía devolver 20,4 millones de euros, el Hércules 6,1 y el Elche 3,7 como consecuencia de los avales otorgados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a préstamos concedidos a esos tres clubes de la Comunitat Valenciana.
Desde la Comisión se opinaba que esos avales públicos permitieron a los clubes obtener préstamos en condiciones favorables cuando atravesaban dificultades financieras y que, por tanto, debían de devolver las cantidades "para restablecer unas condiciones de competencia equitativas con los clubes no subvencionados".
El Valencia había sido avalado para obtener un préstamo de 75 millones de euros en 2009 que fue destinado a la adquisición de acciones por la Fundación Valencia CF y que incrementado en seis millones más en 2010.
Respecto al Hércules, el aval correspondió a un préstamo a la Fundación del club por dieciocho millones de euros, y en el del Elche a dos préstamos que sumaban catorce millones, también concedidos a la Fundación del club.
Hace un año, los clubes se posicionaron en contra de la decisión, mientras que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, les mostró su apoyo, al considerar que la CE no había no ha examinado bien la situación y opinar que "los clubes y sociedades anónimas no generan ninguna competencia desleal en España".
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, indicó que se iban a estudiar los casos de forma individualizada y que el asunto había puesto en evidencia la gestión del Partido Popular en cuanto a la ayuda del fútbol profesional.
Dos meses después, la CE anunció que los clubes podían recurrir al estar "capacitados para interponer un recurso de anulación contra la decisión de la CE ante el Tribunal General de Luxemburgo", al tiempo que recordó que a quien le correspondía recuperar la ayuda era a quien la otorgó, en este caso el IVF.
Puig señaló más tarde que le gustaría que desde Europa se "entendieran las situaciones" y que hubiera una equidad que no le parecía se había producido en esta sanciones, que para entonces ya habían sido recurridas.
En marzo de 2017, el director del IVF, Manuel Illueca, insistió en que la Generalitat se encontraba a la espera de la aprobación o no por parte de la Unión Europea (UE) de las medidas cautelares pedidas por Elche, Hércules y Valencia para saber si debía cobrarles o no los importes de las sanciones impuestas por Europa.
Si no se aprobaban las solicitudes de los clubes, el IVF debería cobrar de "manera efectiva e inmediata", explicó Illueca, quien con antelación había señalado que el recurso a esta decisión de la CE correspondía al Reino de España y no de forma directa a los clubes.
Aunque inicialmente se esperaba que antes de final de 2016 se conociera si las sanciones habían sido suspendidas cautelarmente, todavía no hay decisión pública al respecto.
Previamente, en la junta general de accionistas del Valencia CF de finales de 2016 se anunció que el club había provisionado 23,3 millones de euros en su presupuesto ante la posibilidad de tener que abonar la cantidad reclamada por la Comisión.