ALICANTE. La mayoría de las partes del 'caso Abde' van a recurrir el auto por el que la instructora incoa procedimiento abreviado (cuentan con tres días desde la notificación para hacerlo en reforma y con cinco en apelación), pero alguna de ellas, en el marco de su estrategia de defensa, también trabaja en otro plano.
Como contó Alicante Plaza en julio, desde el minuto 1 de la instrucción de la causa el Hércules mantiene contactos con la Agencia Tributaria buscando un acuerdo por el que a cambio de saldar su deuda esta se retire como acusación en el procedimiento.
Se trata de algo que podría allanar el camino hacia el archivo, que obviamente la defensa del Hércules solicitaría, confiando en que el Ministerio Fiscal no se oponga. Ahora bien, de no estimar la titular del Juzgado de lo Penal número 9 de Alicante la petición de archivo, el que la Agencia Tributaria se retirase como acusación también interesaría a los investigados de cara a un hipotético juicio e incluso, llegado el caso, una condena.
La instrucción del 'caso Abde' avanza contra el Hércules, la Fundación, consejeros y patronos
La magistrada María Luisa Carrascosa decretaba esta semana (el auto tiene fecha del miércoles, pero las partes fueron notificadas el jueves) la apertura de lo que se conoce como fase intermedia, buscando delimitar los hechos sobre los que, llegado el caso, versarían los escritos de acusación: el Ministerio Público, la acusación particular (la Agencia Tributaria) y la popular (la Asociación Herculanos) cuentan con 10 días para solicitar el sobreseimiento o la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación.
El auto de incoación de procedimiento abreviado mantiene la condición de investigados tanto del club como de su fundación, de Carlos Parodi, Valentín Botella, José León y José María Caruana porque, tal y como se recoge en el fundamento jurídico segundo del mismo, "existen indicios racionales suficientes y serios de que [...] intentaban claramente burlar las deudas mantenidas con la Agencia Tributaria, pese a los intentos posteriores de llegar a nuevos acuerdos o abono de parte de la deuda ordinaria mantenida con dicha entidad".
Por el contrario, decreta el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones de cara a Caja Rural Central y al director de su sucursal de la alicantina calle Calderón de la Barca: "No consta que cooperaran de ninguna manera con los querellados en la actividad delictiva imputada, ni los ayudaran ni conocieran sus propósitos por más que pudieran conocer que era una práctica o forma de actuar extraña [...] atendieron todos los requerimientos efectuados por la Agencia Tributaria; actuaron conforme marca la normativa aplicable en materia de blanqueo de capitales y se limitaron a realizar las actuaciones requeridas por el Hércules y la Fundación como clientes de la entidad [...] en absoluto puede acreditarse ni siquiera indiciariamente su cooperación de cualquier tipo en la comisión del delito de alzamiento de bienes imputado", versa el fundamento jurídico tercero del auto.
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Por cierto, la magistrada rechaza la práctica de dos diligencias que había solicitado la defensa de Carlos Parodi y la acusación popular que encarna la Asociación Herculanos. Concretamente, la primera había solicitado la comparecencia en calidad de testigo de Miguel Campoy, quien fuera presidente de la Fundación y firmase en 2011 el convenio marco que rige la relación entre esta y el club, mientras que la acusación popular pedía requerir a Caja Rural Central la aportación de la justificación documental de la liquidación de la cuota del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados derivado del endoso del cheque de 2.000.000 euros. La magistrada lo rechaza sobre la base de que "no resultan trascendentales, necesarias e importantes a los efectos del objeto delimitado de la instrucción e investigación del delito y conducta concreta imputada a los encausados, conllevando su eventual práctica exclusivamente a una dilación que no parece oportuna [...] al no desprenderse del resultado de dichas diligencias ningún indicio adicional a lo ya resuelto".
La instrucción de esta causa arrancó el pasado junio, tras la interposición por parte de la Fiscalía de una querella contra el Hércules, la Fundación, sus patronos y consejeros por la presunta comisión de un delito de frustración de la ejecución (alzamiento de bienes) al eludir el pago de su deuda con la Agencia Tributaria tras ingresar 2.000.000 euros en concepto de pago por parte del futbolista Ez Abde de su cláusula de rescisión.
Los investigados primero habrían endosado a la Fundación el cheque con la citada suma librado por el Barça y del que era beneficiario el Hércules y después, con cargo a la cuenta de aquella, repartido los 2.000.000 euros en 34 cheques bancarios (33 de ellos por valor unitario de 60.000 euros y el último por 15.770 euros) de los que el beneficiario era el club.
