Las obras del nuevo estadio y la multa de la UE, encrucijadas del Valencia para 2019

VALÈNCIA.  La reanudación de las obras del nuevo Mestalla, que llevan casi una década paradas, unida a la venta del actual estadio, así como la resolución del pago de la multa impuesta al club por la Unión Europea (UE) son dos de las principales encrucijadas no deportivas que afrontará el Valencia en 2019.

A estas dos cuestiones se une el asunto de los terrenos de Porxinos y la merma de ingresos que ha supuesto la eliminación del equipo en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

El del estadio, cuyas obras comenzaron en 2007 y se paralizaron en 2009 por falta de liquidez es un asunto recurrente en torno al club, que no fue resuelto por los consejos de administración previos a la venta de la entidad en 2014 y que todavía no se ha resuelto desde que el club es propiedad del empresario Peter Lim.

Las últimas noticias al respecto se dieron en la junta de accionistas del día 7 de este mes cuando el presidente de la entidad, Anil Murthy, explicó que se ha remitido la documentación a las autoridades para recibir las licencias correspondientes antes de avanzar en el proyecto.

También explicó que se mantiene con la empresa Deloitte la negociación tanto para la venta de los terrenos del actual Mestalla como para encontrar la financiación que permita acabar con el nuevo.

"Hay interés de empresas en comprar Mestalla y estamos analizando los números para que el Valencia no sea financieramente inestable", agregó el presidente del club valenciano, quien espera que el nuevo campo atraiga más a los aficionados.

Posteriormente, el arquitecto Mark Fenwick, socio del estudio Fenwick Iribarren, aseguró que el proyecto actual del nuevo Mestalla supone una reducción de costes de casi sesenta millones respecto al proyecto anterior.

"Es verdad que el equipo de Peter Lim ha puesto en marcha un nuevo proyecto, un estadio más económico, menos costoso", afirmó el arquitecto cuatro días después de aquella junta tras explicar que "los pilares se mantienen para apoyar sobre lo ya construido" y que el nuevo proyecto tendrá una cubierta "espectacular".

Sobre la sanción de la Unión Europea, que ha rechazado la apelación del club a la suspensión del pago hasta la decisión final del caso en el que ha sido castigado por haber recibido ayudas públicas en la concesión de un crédito para ampliar su capital social en 2009, el club considera que no hubo ayuda estatal.

Por ello, el Valencia, que en este asunto tiene en juego veinticuatro millones de euros, considera que la decisión final de los tribunales no será la que la Comisión de la UE trata de infligir "injustamente al club".

En el caso Porxinos, cuyo PAI fue anulado en 2013 en una decisión que llegó hasta el Tribunal Supremo, el club se encuentra a la espera de buscar una compensación con el ayuntamiento de Riba-roja y de la Generalitat.

El Valencia trabajará en 2019 con un presupuesto de 171 millones de euros y con la urgencia de volver a clasificarse para la Liga de Campeones a pesar de la gran distancia de la cuarta posición que mantiene al final de 2018.

Además, ha reconocido que la pasada campaña hubo unas pérdidas de 36 millones, lo que obligará a la entidad a vender futbolistas el próximo verano, tras haber vivido el club "por encima de sus posibilidades", según su director general, Mateu Alemany.

En la actual temporada, el Valencia esperaba un ingreso por competiciones europeas próximo a los 65 millones de euros y en el mejor de los casos la cantidad quedará reducida al cincuenta por ciento en función de la trayectoria del equipo en la Liga Europa.