Joan Ribó. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. "Es necesario acometer la desconexión de colectores a las acequias, ya que el vertido de aguas residuales a canales de riego puede suponer imputaciones penales para el consistorio, lo que requiere disponer de crédito adicional". Esta es una de las advertencias que dos técnicos del Ayuntamiento de València pusieron por escrito en un informe remitido al equipo de Gobierno presidido por Joan Ribó el pasado 31 de enero, al constatar que el presupuesto para mantenimiento y conservación de colectores era "insuficiente", por lo que advertían de "previsibles daños medioambientales e higiénico-sanitarios a la población".
Los funcionarios municipales manifestaban que no podían "asumir la responsabilidad técnica que deriva de un crédito que no alcanza los mínimos necesarios para atender razonablemente esta competencia", en referencia al saneamiento y alcantarillado municipal. Y añadían: "Tal circunstancia debe quedar reflejada por escrito, como así se hace, a los efectos de su constancia ante cualquier circunstancia que pudiera acontecer y que no podrá ser achacada a las actuaciones u omisiones de los técnicos responsables del Servicio, que no cuentan con los medios necesarios para atender esta situación debido a la continua disminución del crédito presupuestario".
La advertencia, que cayó en saco roto pues no se aumento ni un céntimo el presupuesto, cobra relevancia después de que el Ayuntamiento se viera obligado a cerrar en junio y julio, varias veces y en diferentes días, las playas de la Malva-rosa, Cabanyal y la Devesa por exceso de bacterias de aguas fecales cuyo origen aún se investiga.
La contrata del servicio de saneamiento, Acciona, explicó en octubre de 2018 en un escrito al que ha tenido acceso Valencia Plaza, que como consecuencia de la reducción presupuestaria sufrida desde 2012 no había sido posible acometer trabajos de renovación de la red de saneamiento, estando pendientes obras por importe de 38 millones de euros. Los técnicos municipales rebajaron a 30 millones ese importe, pero no la urgencia de las actuaciones.
En su escrito, Acciona solicitaba para 2019 un presupuesto de 24,7 millones, desglosado en 14,75 millones para servicios y conservación, 7,7 para cubrir los gastos realizados en 2018 que no tenían presupuesto y 2,25 millones para la "limpieza extraordinaria" del Colector Norte. El Ayuntamiento aprobó en total 10,26 millones y obligó a la contrata municipal a ajustar su plan de actuaciones a ese presupuesto.
Así lo hizo, el 30 de enero de 2019, y al día siguiente es cuando el ingeniero de la Sección de Saneamiento y el jefe del Servicio del Ciclo Integral del Agua daban el visto bueno a la propuesta de Acciona pero lanzaban su advertencia y se lavaban las manos: "Se observa que la consignación es insuficiente para el mantenimiento del servicio, incapaz de satisfacer la necesidad de atender las obligaciones y las necesidades urgentes, los incrementos soportados por el servicio, que no se recogen en la dotación presupuestaria disponible, indicándose que las disfunciones y desperfectos comprobados implican una degradación y deterioro de la calidad del servicio, advirtiendo previsibles daños medioambientales e higiénico-sanitarios a la población si no se dispone de recursos económicos adecuados a las necesidades de un servicio básico como es el saneamiento y el alcantarillado municipal".
Se basaban en un informe previo de los técnicos municipales, incluido en el expediente, que afirmaba que "la consignación presupuestaria es insuficiente para el mantenimiento del servicio" y que "la no dotación adicional puede poner en riesgo la seguridad y salud de la personas", además de que "la ausencia de crédito en la partida de inversión impide la renovación del alcantarillado, por lo que su deterioro se está incrementando exponencialmente".
Ocho días después, el pasado 8 de febrero, la junta de Gobierno local de la que formaban parte Compromís, PSPV y València en Comú aprobaba la programación anual sin añadir un euro al presupuesto en una resolución que recogía las advertencias de los responsables del servicio.
El Pleno del Ayuntamiento de València aprobó este miércoles una modificación de crédito de 2,3 millones de euros para "cubrir parcialmente las necesidades urgentes de renovación de colectores". Según el informe del técnico que justifica la nueva partida, "la cantidad ahora solicitada solo cubre una parte de las necesidades del alcantarillado y saneamiento, que se cuantificaron ya en diciembre de 2018 en 30 millones de euros".
Añade que "se manifiesta la imposibilidad de demorar" estas inversiones "a causa del perjuicio que se derivaría para la seguridad y salud de las personas, remarcando que la no ejecución de los proyectos podría generar consecuencias penales para el consistorio".
