Marea Valencianista presenta una denuncia en la CNMC, por si el Ayuntamiento intenta firmar un nuevo convenio urbanístico con Peter Lim

VALÈNCIA. Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, se puso en contacto con los altos responsables de la CNMC (Comisión Nacional del Mercado de la Competencia) para realizar una consulta previa sobre si sería legal firmar un nuevo convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Valencia y Peter Lim, tras incumplir éste la ATE y la Ley de Servicios Públicos (conocida como Ley de Contratos del Estado). Ante la respuesta tajante de la ilegalidad que estaba a punto de producirse, ha puesto en marcha una denuncia y será la CNMC la que le diga los pasos a seguir en el futuro, ya sea a través de la propia institución reguladora o a través de los órganos judiciales que la Comisión indique en su resolución.

El portavoz de Marea Valencianista ha presentado una denuncia con número de registro 20230300000014067578, con fecha 07/’3/23 a las 12.39 h, en la que informó a la CNMC que la abogacía de la Generalitat tras constatar el incumplimiento de sus obligaciones por parte de Peter Lim como promotor de la ATE, determinó la obligación de la Administración de declarar la caducidad de la ATE o de acordar la sustitución del promotor, en ambos casos con la consiguiente resolución anticipada de la relación jurídica que vinculaba al promotor actual con la Administración. Constatado el incumplimiento grave y reiterado de los plazos establecidos para la ejecución de las Fases 1 y 2 por el promotor de la ATE, tal y como se acreditó en los diversos informes evacuados al efecto, la Administración tuvo la obligación jurídica de actuar ejerciendo plenamente las potestades otorgadas por la ley para satisfacer precisamente las finalidades de interés público inherentes a la dirección de la actuación urbanística, que recordemos es definida por la ley como una función pública, dando el trato de contrato a cualquier convenio urbanístico, y esto es fundamental que lo entiendan los concejales responsables de la cuestión, antes de caer en un más que posible delito de prevaricación.

Miguel Zorío, ya avisó a los responsables políticos del Ayuntamiento de Valencia y a los funcionarios de las áreas de urbanismo y licencias, que “la ley de contratos del estado prohíbe taxativamente volver a firmar un convenio urbanístico con aquel promotor que haya incumplido un convenio (ATE) anteriormente. De hacerlo incurriría en un delito flagrante de prevaricación. Por ello el Valencia CF de Peter Lim no puede ser de nuevo el firmante y beneficiario de un contrato con el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana.

Miguel Zorío ha presentado a la CNMC una denuncia por un caso muy claro, desde un punto de vista legal, de beneficiar a un infractor (Peter Lim) impidiendo a otro promotor presentarse en libre concurrencia a la terminación del estadio y a la urbanización comprometida en el convenio con el Ayuntamiento de Valencia y los vecinos del barrio: “la figura del convenio urbanístico ha sido muy estudiada desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, llegando a la conclusión de que habida cuenta de que representan acuerdos de voluntades entre administraciones y administrados, son contratos. Contratos que, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administración, podrían clasificarse como especiales, al “ajustarse a los requisitos del art. 5.2 b) de dicho Texto legal, en tanto que tiene naturaleza contractual y carácter administrativo por declararlo así una ley, por tener como objeto una finalidad pública competencia de la Administración) o por su vinculación al tráfico administrativo específico de la Administración (convenios atípicos)”.

Miguel Zorío también recuerda a la CNMC cuales son los supuestos que imposibilitan que una empresa como el Valencia CF SAD de Peter Lim contrate con una Administración Pública en el caso de que incurran en alguna de dichas circunstancias, impidiendo la libre competencia de otros promotores como es su caso: “El artículo 71 de la LCSP recoge un catálogo de prohibiciones en que pueden incurrir las empresas imposibilitando de este modo contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la LCSP, es decir, aquellas que se consideran que forman parte del sector público. Concretamente, cuando la empresa incurra en alguna circunstancia que se determina a continuación:

• Dejar de formalizar el contrato adjudicado a su favor en los plazos indicados en el artículo 153 de la LCSP, por causa imputable al adjudicatario.
• Incumplir con dolo, culpa o negligencia las cláusulas esenciales del contrato o las condiciones especiales de ejecución, cuando el incumplimiento fuese considerado infracción grave en los pliegos o el contrato.
• El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por la Administración. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Así lo establecía el artículo 113.4 del TRLCAP: “cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía”.

El portavoz de Marea Valencianista, solicita a la CNMC una solución rápida que lleva proponiendo desde hace meses, la ejecución subsidiaria y la sustitución del promotor, ya que en este caso, si se intenta forzar la firma de un nuevo convenio con Peter Lim, se favorece el monopolio de un promotor que ha incumplido la ley y le damos la posibilidad de pegar un pelotazo urbanístico. Para Miguel Zorío la única solución legal es “iniciar la tramitación, para que el Ayuntamiento de Valencia ejecute subsidiariamente y realice la sustitución del promotor, figura jurídica que encaja a la perfección con la Ley de Contratos Públicos del Estado. La elección de esta opción permitiría reiniciar las obras ya, pidiendo las licencias oportunas y dando tiempo a la administración a firmar el nuevo convenio con el promotor que sustituya a Peter Lim, quien a través de la SAD tendrá que abonar el coste de la obra o ceder sus acciones como forma de pago. Esta opción permite mantener al Valencia CF los máximos aprovechamientos urbanísticos que tiene concedidos con la ATE actual, con el nuevo convenio, tanto en el viejo como en el nuevo Mestalla, e impide un pelotazo de Peter Lim. Además, así el Ayuntamiento no estaría beneficiando a un ofertante (Peter Lim) que ha incumplido un contrato frente a otras empresas que en libre concurrencia podrían finalizar las obras. Nosotros estamos preparados para presentar los avales necesarios de forma inmediata”.

Esta denuncia se suma a la que Miguel Zorío presentó ante la fiscalía anticorrupción de Valencia por los enjuagues contables de Cilessen y Neto o la pérdida por el camino de 26 millones de euros que se producen en los fichajes de Cancelo, Rodrigo y André Gomes.