Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, en busca y captura 

VALÈNCIA. El Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una orden de busca y captura contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por no haberse presentado a una citación para declarar como investigado en un delito contra la Seguridad Social, según adelanta este martes La Provincia.

Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, se encuentra de viaje de negocios en Miami (EEUU) y ha alegado en su defensa que la citación no le fue notificada correctamente y que piensa regresar a España en las próximas horas para ponerse a disposición del Juzgado.

El procedimiento por el que ha sido citado investiga si Ramírez cometió un fraude a la Seguridad Social al pagar a sus trabajadores de su grupo de empresas de seguridad salarios por debajo de los estipulado en el convenio colectivo de la vigilancia y seguridad privada.

Se trata de una causa independiente de la iniciada en 2014 por el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, donde se le acusa de haber eludido el pago de varios millones de euros a la Seguridad Social abonando de forma sistemática a los vigilantes de Seguridad Integral Canaria las horas extraordinarias como si fueran dietas, que tributan menos.

Miguel Ángel Ramírez lleva varias semanas sin acudir al palco del estadio de Gran Canaria. De hecho, no estuvo presente este domingo en el partido en el que se consumó el descenso de la Unión Deportiva Las Palmas a Segunda División, tras su derrota por 0-4 contra el Deportivo Alavés.

Seguridad Integral Canaria se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado 22 de diciembre; entre otros motivos, por el coste que ha supuesto para la empresa una sentencia del Tribunal Supremo que anuló su política de salarios bajos y le obligó a pagar los estipulados en el convenio colectivo nacional.

Tras la última reforma laboral, la empresa de Ramírez se descolgó del convenio nacional de la seguridad privada y dotó a Seguridad Integral Canaria de un convenio laboral particular de empresa, con salarios muy inferiores de los de su competencia, lo que le permitió ganar numerosas licitaciones públicas.

Sin embargo, el Supremo anuló ese convenio de empresa y obligó a Seguridad Integral Canaria a abonar a su empleados con carácter retroactivo la diferencia entre sus suelos y los fijados por el convenio nacional.

Según han indicado a Efe fuentes cercanas al caso, la Seguridad Social reclama ahora a Ramírez las cotizaciones que debería haber pagado si durante todo ese tiempo hubiera retribuido a sus trabajadores conforme al convenio colectivo nacional de la seguridad privada, como ordena el Supremo.

La defensa de Ramírez ha alegado que la citación para declarar en esta causa no fue notificada correctamente, sino que se entregó en la sede de Seguridad Integral Canaria.

Los letrados del empresario argumentan que Ramírez puede ser accionista de Seguridad Integral Canaria, pero desde 2016 no es ni su administrador, ni siquiera trabaja para la compañía, por lo que legalmente su sede no sería el lugar adecuado para entregarle una citación.