Figuración del proyecto de Metrovacesa en Benimaclet.De un tiempo a esta parte un fantasma recorre la prensa valenciana: el fantasma de la propuesta de urbanización presentada por la promotora inmobiliaria madrileña Metrovacesa para el desarrollo del Sector PRR-4 del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia de 1988. La propuesta en cuestión, referida al conocido como PAI de Benimaclet, otrora tan popular, vaga ahora por las redacciones de la prensa valenciana, los despachos de nuestros políticos y las redes sociales sin que nadie se atreva ya a salir a defenderla en público. Lo que parecía destinado a ser otro paseo militar, o más bien rodillo de apisonadora al uso, se ha tornado gracias a largos años de presión vecinal en asunto objeto de discusión pública. Nada como arrojar luz sobre ciertas cuestiones para que algunos planteamientos desaparezcan como por arte de magia de encima de la mesa y las fuerzas del viejo urbanismo se vean obligadas a postergar su santa cruzada pavimentadora a la espera de que soplen mejores vientos para las altas edificabilidades, los complejos de fincas cerradas con piscina y jardín privado y las rentabilidades desaforadas tan necesarias para recompensar a los promotores a cambio de su innegable vocación por “hacer ciudad”.
Así, un poco sin que nadie lo esperara -y menos aún la mayoría municipal en el gobierno, que vendió a los vecinos hace sólo dos o tres años un “proceso participativo” consistente en que no había nada de fondo que debatir sobre lo que se debía hacer en el barrio porque la urbanizadora tenía unos derechos consolidadísimos e intocables-, aquí estamos, hablando de urbanismo. Tiene bastante mérito en una ciudad como València, que ha sido incapaz en casi 40 años, haya mandado la izquierda o la derecha, de poner en marcha la mayor parte de las dotaciones públicas previstas en el mencionado Plan General de 1988, de acometer un solo proyecto de urbanización por medio de gestión municipal directa o de elevar los estándares mínimos de calidad urbanística en materia de equipamientos -seguimos con un porcentaje de suelo escolar o de zonas verdes si contamos únicamente las urbanas que nos sitúan más en el norte de África que en el sur de Europa, por no mencionar nada respecto del espectral parque de vivienda pública de la ciudad- sin que nadie nunca haya entendido que fueran esas cuestiones asuntos que merecieran la más mínima atención o que debieran ser tratados fuera de la pacífica negociación de despachos entre constructoras, inmobiliarias, técnicos y demás gente “que son los que saben”.
De repente, decidir cómo colmatar -o no- las zonas que todavía no han sido urbanizadas entre Benimaclet y la ronda Nord es asunto de interés ciudadano y político. Como debe ser. Viene la prensa llena de artículos sobre si la rectificada propuesta del PSPV pergeñada desde el área de Urbanismo del Ajuntament de València -y que ya ha dejado de seguir la línea marcada por la inmobiliaria privada- es mejor o no que las que han hecho los diversos colectivos vecinales. Tenemos de repente comentarios y análisis sobre si la planificación alternativa propuesta por Compromís es más ecologista que elitista o al revés, insuficiente por no llegar a lo que piden los vecinos o en cambio una irresponsabilidad por osar plantear rebajar por primera vez en la historia de la ciudad la edificabilidad reconocida a una promotora. ¡Hasta Valencia Plaza ha iniciado sus emisiones en Twitch con un muy interesante debate entre los socios de gobierno donde se han podido visualizar buena parte de las diferencias de concepto sobre cómo ha de ser la planificación urbanística y la manera de hacer ciudad de unos y otros!
En conclusión, estamos teniendo, por primera vez, un debate parecido a lo que en una ciudad normal debiera ser la discusión pública sobre cómo ha de ser la ciudad. Porque nada hay más intensamente político en cuanto a la vida municipal que decidir cómo y por dónde crece la ciudad, con qué tipologías urbanas, con qué equilibrios entre espacios públicos y metros cuadrados destinados al mercado, con qué balance entre zonas verdes, esponjamiento y edificación… y la madre del cordero: con cuántas plusvalías por la recalificación del suelo involucrado -que serán lógicamente mayores cuanto mayor sea la posibilidad de convertir suelo en metros cuadrados edificables con destino a vivienda o terciario- destinadas a cada uno de los agentes involucrados en el proceso -desde los propietarios del suelo a los promotores y urbanizadores, pero también respecto de cuántas han de ir destinadas a la colectividad-.
En Benimaclet, aunque en ocasiones lo sea con los tropezones y balbuceos inevitables de quienes nos adentramos por primera vez en este terreno y a hablarnos unos a otros de lo que queremos, incluso entre socios de gobierno, estamos empezando a podernos tratar de convencer unos a otros de verdad sobre cómo queremos que se desarrolle la ciudad y cómo se urbanicen o no ciertos espacios, cómo engarzar espacio urbano y huerta y cómo desarrollar y gestionar equipamientos en nuestros barrios. Y con mucha gente opinando, por fin, en público: desde todas las glorias de la arquitectura valenciana que nos ha llenado el país de PAIs a las cohortes de jóvenes activistas que poco a poco se constituyen en reemplazo generacional de los líderes de las luchas de ayer, todos vamos apareciendo y dejando nuestra opinión. O bueno, casi todos: a estas alturas todavía es un misterio qué piensa la benemérita oposición tripartita (PP, Ciudadanos y Vox) sobre la cuestión. Es quizás muy osado extraer de ese silencio una posición política, pero cada día que pasa, por estruendoso, es un poco más fácil. Resulta así sencillo intuir que detrás de esa aparente no toma de postura hay en realidad incomodidad ante el hecho de que estas cosas se empiecen a debatir por todos… y también cierto embarazo asociado a la dificultad de defender en público las posiciones tradicionales sobre edificabilidad, tipologías y, sobre todo, reparto de los pingües beneficios asociados a los procesos de urbanización que han sido la norma en las últimas décadas.
No es sin embargo un pecado en que haya estado solos PP, Ciudadanos y Vox. Basta ver cómo la trabajosa revisión del Plan General de la ciudad acometida durante estos años de gobierno progresista, realizada poco a poco y barrio a barrio, pena por abandonar el esquema de funcionamiento de las últimas décadas para constatar lo difícil que resulta también a PSOE y Compromís desprenderse de las inercias del pasado y desligarse de las importantes presiones que todos intuimos detrás de cualquier decisión de planeamiento. O atender a cómo se están desarrollando los procesos de urbanización en curso en otras zonas de la ciudad, algunos recién iniciados, como el que se está empezando a plasmar entre la ronda sud y el nuevo cauce del Turia en el entorno del nuevo hospital La Fe, o directamente aún por plasmar, como el PAI del Grao y las líneas maestras que se van avanzando sobre el mismo. A la vista está, porque obras, grúas, urbanizaciones cerradas y un modelo de ciudad segregador y que nace viejo son amores por muchas buenas razones que se nos den, que allí donde no ha habido presión vecinal la dinámica y los sospechosos habituales han seguido campando a sus anchas hasta hace bien poco… y cabe la posibilidad de que en realidad lo sigan haciendo. Por eso qué ocurra con el PAI Benimaclet no es sólo importante en sí mismo, y más o menos todos lo intuimos, sino como posible piedra de toque a partir de un ejemplo que precisamente por esta razón a muchos interesa doblemente hacer desacarrilar.
Hay que dar por ello doblemente las gracias a la lucha vecinal de colectivos como la Asociación de Vecinas y Vecinos del barrio o Cuidem Benimaclet. Motejados de radicales o de ilusos, se han lanzado sobre ellos todo tipo de zahirientes epítetos y descalificaciones. Empezando por negarles la razón en ciertas ideas básicas que han defendido contra viento y marea y que, al final, ley y jurisprudencia en mano, han caído por su propio peso: que las decisiones sobre el urbanismo han de ser públicas, que nadie tiene derecho a patrimonializar unas meras expectativas de ganancia especulativa basadas en la calificación urbanística de unos terrenos mientras éstas no se patrimonialicen al urbanizarlos e, incluso, que las plusvalías de cualquier proceso de transformación de suelo, como por lo demás establecen la Constitución española y la Ley de Suelo, han de ser antes públicas y de la colectividad que de propietarios de suelo o empresas urbanizadoras. Ambos partidos en el gobierno de la ciudad de València se reconocen por fin a día de hoy, al menos de palabra, en estos postulados tan básicos cuando hablan de Benimaclet, con independencia de lo que les haya costado llegar a verbalizarlos o de la sinceridad con que lo hagan. Postulados que son el mínimo sobre el que se construye el urbanismo en cualquier país europeo desde hace décadas pero que, al parecer, aquí todavía cuesta que sean integrados y asumidos del todo y no digamos ya declinarlos debidamente.
Dos enseñanzas quedan bien a la vista. Que la presión vecinal, el compromiso de los propios habitantes de la ciudad, es básico para lograr una mejora sustancial de la manera en cómo la hacemos, desarrollamos y asignamos espacios y usos. Y que ya es hora de que todos nosotros, primeros interesados en que la política urbana sea más nuestra que de las promotoras, beneficios incluidos, porque sólo así será diseñada pensando en nuestros intereses, enterremos definitivamente el fantasma de propuestas depredadoras que aspiran a privatizar decenas de millones de euros de beneficios que deberían ser de todos y poder ser empleados en mejorar nuestra ciudad, lo que además pasa por un modelo de urbanismo que plantea, inevitablemente, muchísimas carencias desde la perspectiva del bien común.
La lucha no acaba en conseguir un PAI de Benimaclet que sea propio de un modelo de ciudad sostenible y adaptado al siglo XXI. Si ese hito se lograra y por primera vez desde la reinstauración de la democracia pudiéramos tener un desarrollo urbanístico verdaderamente participativo y permeado de criterios adaptados a la nueva agenda urbana de Naciones Unidas tal logro debería ser sólo el principio. Porque el resto de PAIs ya en marcha en la ciudad o en proyecto son tanto o más depredadores que la propuesta inicial para Benimaclet que ahora genera tanto rechazo en todos. Por no hablar de que la ciudad consolidada sigue teniendo unas carencias en cuanto a espacio público y equipamientos impropias del nivel de riqueza de nuestra sociedad y de cualquier aspiración de reparto y lucha contra la segregación urbana, siquiera sea de mínimos. Así que a ver si nos ponemos las pilas y estamos a la altura. Frente a quienes lamentan la cacofonía o conflicto asociado a que por fin estemos discutiendo, e incluso enfadándonos a veces, por estas cuestiones, conseguirlo pasa inevitablemente por seguir por esta senda y profundizarla antes que por abandonarla en aras al consenso de siempre y la paz de los despachos.
Disclaimer: A efectos de contextualizar algunas de las opiniones vertidas en este artículo se ha de señalar que participé en 2019, a título gratuito y junto a otros compañeros de la Universitat de València y Universitat Politècnica de València, en la realización de un informe jurídico sobre algunas de las cuestiones controvertidas desde un punto de vista jurídico en relación al proceso de transformación y urbanización del Sector “Benimaclet Norte” del PGOU de València, a solicitud de Cuidem Benimaclet y de la Asociación de Vecinas y Vecinos de Benimaclet. El informe estudiaba las consecuencias jurídicas de la no patrimonialización de las expectativas urbanísticas y concluía que una revisión de la clasificación total o parcial del sector era legalmente posible, así como aventuraba un cálculo de las posibles indemnizaciones debidas si se acometiera (derivada no tanto de la necesidad de indemnizar por este posible cambio como de que con la edificabilidad prevista en el sector el ayuntamiento ha ido comprometiendo pagos por otras cuestiones), calculaba posibles reducciones de edificabilidad para el caso de querer cubrir estos costes y los de una urbanización al uso sin transferir plusvalías a la promotora o los propietarios y proponía modelos de tipología urbana de transición con la huerta adaptados tanto al nuevo marco jurídico vigente en la Comunitat Valenciana desde la aprobación del Pla d’Acció Territorial de l’Horta como como a las fórmulas que ya se han experimentado en otros lugares. El informe puede consultarse aquí.
