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El Hércules sigue sin convocar a sus accionistas para aprobar las cuentas del ejercicio 2020/21

ALICANTE. Ya es una tradición, aunque también lo era la de lanzar cabras desde un campanario y hubo un día que se acabó. 

El Hércules es estos días uno de los protagonistas de la sección de Alicante del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), aunque no por lo que cabría esperar: a un mes para que finalice el ejercicio 2021/22, el club sigue sin convocar a sus accionistas para la pertinente Junta General en la que examinar y someter a aprobación, si así procede, la cuentas del ejercicio pasado, el 2020/21. El plazo expiró hace tiempo, pero eso parece lo de menos para el Hércules: las cuentas del ejercicio 2018/19 se aprobaron el 31 de julio de 2020, aunque en ese caso el retraso estaba justificado (y amparado por la Ley) por la declaración del Estado de Alarma por la pandemia (la Junta General se iba a celebrar en marzo), pero las correspondientes al ejercicio 2019/20 recibieron el visto bueno de los accionistas el 30 de junio de 2021 y con las del 2020/21 ocurrirá lo mismo en el mejor de los casos (ha de mediar un mínimo de un mes entre la convocatoria de la Junta General de Accionistas en la que se aprueban y la celebración de esta).

La Ley de Sociedades de Capital establece que la formulación de las cuentas anuales ha de realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio, su aprobación en los tres meses siguientes a la formulación y su depósito en el Registro Mercantil en el plazo de un mes desde la aprobación. Lo anterior nos lleva en el caso de las Sociedades Anónimas Deportivas, quienes cierran su ejercicio el 30 de junio, a las fechas límite del 31 de diciembre para aprobar las cuentas y del 31 de enero para depositarlas.

Tanto la citada Ley de Sociedades como el Reglamento del Registro Mercantil contemplan diferentes sanciones para los casos de incumplimiento de los citados plazos: desde el cierre de la hoja registral, a multas cuyo importe puede ir de los 1.200 a los 60.000 euros y a la exigencia de responsabilidad personal de los administradores.

Quique Hernández y Carlos Parodi

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