ALICANTE. La Federación Madrileña de Peñas del Rayo Vallecano, diez peñas rayistas y 22 abonados de la grada afectada han presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el cierre parcial del estadio de Vallecas decretado a raíz del lanzamiento de aviones de papel durante el encuentro contra el Athletic Club del pasado 10 de octubre. Los demandantes consideran que la clausura de la grada situada sobre los vestuarios constituye un "castigo colectivo" que vulnera los derechos fundamentales de espectadores a los que no se atribuye participación alguna en los incidentes.
La sanción, acordada el 14 de octubre por el Comité de Disciplina de la RFEF, se aplicará este sábado durante el encuentro contra el Elche CF (14 horas), correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports. Un choque que este viernes ha sido declarado de alto riesgo por Antiviolencia y que estará sujeto a una especial vigilancia después de los incidentes que obligaron a suspender el último partido disputado en Vallecas.
Casi a la misma hora en la que trascendía esa declaración de alto riesgo, el Rayo emitía un comunicado tratando de acercar posturas con su afición. La entidad anunciaba la devolución de la parte proporcional de los abonos correspondiente a los tres encuentros disputados como local en Ontime Butarque, así como la recuperación de la tradicional franja en las equipaciones de la temporada 2027/28. Dos gestos con los que el club que preside Raúl Martín Presa busca rebajar la tensión con su masa social.
La sanción federativa también incluye una multa de 6.000 euros al Rayo, aunque esta no forma parte de la impugnación judicial, en la que el club figura únicamente como parte interesada.
Según la demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, los aficionados consideran que el cierre de la grada vulnera cuatro derechos constitucionales: el principio de legalidad y de personalidad de las sanciones, la presunción de inocencia, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y el principio de igualdad.
Los recurrentes denuncian que la medida deja sin acceso a sus localidades a abonados contra los que no existen pruebas individualizadas y que tampoco han podido defenderse durante el procedimiento disciplinario. Además, cuestionan que la Federación haya delegado en el propio club la delimitación de los bloques afectados, pese a que el acta arbitral recoge lanzamientos desde diferentes sectores del estadio y no precisa desde cuál se produjo el que motivó la suspensión del encuentro.
Recuerdan también que Antiviolencia ha propuesto prohibir el acceso a los estadios a doce personas por su presunta participación en los incidentes, mientras la Policía continúa trabajando en la identificación de otros posibles responsables. A su juicio, las sanciones deberían dirigirse contra quienes cometieron los hechos y no contra el conjunto de una grada.
Para respaldar su posición, los demandantes invocan el Convenio de Saint-Denis del Consejo de Europa, una recomendación de 2025 contraria a las prohibiciones colectivas y una declaración suscrita el pasado septiembre por representantes de la UEFA, clubes, ligas y organizaciones europeas de aficionados.
El TSJM no suspende cautelarmente el cierre, pero tampoco avala la sanción
- Momento del lanzamiento de objetos en el Rayo Vallecano-Athletic Club
Los aficionados solicitaron al TSJM que suspendiera de manera urgente el cierre de la grada para que los abonados afectados pudieran asistir al Rayo Vallecano-Elche de este sábado. Sin embargo, el tribunal ha rechazado adoptar esa medida cautelar al considerar que la proximidad del encuentro no deja tiempo suficiente para acordarla.
Eso sí, la decisión no supone que el TSJM haya dado la razón a la Federación ni que considere ajustada a derecho la sanción. El tribunal no ha entrado todavía a valorar si el cierre vulnera los derechos fundamentales de los abonados, cuestión que deberá resolver cuando examine el fondo de la demanda.
Según los promotores del recurso, el órgano judicial también apunta que los perjuicios ocasionados a los espectadores podrían tener carácter económico y, por tanto, ser susceptibles de una compensación posterior.
Los demandantes han presentado un recurso de reposición para intentar que se revise la decisión sobre la medida cautelar. Mientras tanto, el procedimiento principal sigue adelante, aunque, salvo que prospere esa nueva petición, la grada permanecerá cerrada durante el encuentro de este sábado.
La afición considera que lo sucedido pone de manifiesto la dificultad de obtener una respuesta judicial antes de que se ejecute una sanción de estas características, especialmente cuando apenas transcurren diez días entre el acuerdo federativo y su aplicación.
En su demanda, los recurrentes solicitan que se anule la clausura y se reconozca el derecho de los abonados a no perder sus localidades por hechos que no se les atribuyen. Subsidiariamente, piden que la propia Federación delimite los sectores afectados después de examinar las grabaciones y escuchar a los espectadores o, al menos, que se permita reubicar a quienes no participaron en los incidentes.
Los promotores, cuya defensa dirige el abogado Javier Flores, consideran que el procedimiento puede sentar un precedente en el fútbol español, al cuestionar la legalidad de las sanciones que castigan a toda una grada por el comportamiento de unos pocos.
Por ahora, y salvo un cambio de última hora, el Rayo-Elche se disputará con parte del aforo de Vallecas clausurado y con un dispositivo de seguridad reforzado, mientras la batalla judicial entre la afición rayista y la Federación sigue su curso.
