ALICANTE. Lo dice la sentencia 23/2026 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Hércules CF cometió un delito de delito de alzamiento del bienes (artículo 258 del Código Penal), con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de reparación del daño, al disponer de la manera que lo hizo de los 2.000.000 euros que abonó en 2021 Ez Abde para comprar su libertad. En consecuencia, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV le impone una multa de 42.000 euros con responsabilidad personal subsidiaria para los administradores en caso de impago, así como la pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo de 3 años.

El citado fallo no es firme, todavía puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo; de hecho va a serlo, como ya avanzaban en las horas siguientes a la notificación del mismo las defensas de los condenados. Pero la posibilidad de que la mancha quede ahí para siempre en la ya centenaria historia del club blanquiazul vuelve a estar sobre la mesa.

Como no se va a conformar y recurrirá en casación al igual que el resto de condenados, empezando por la Fundación y siguiendo, especialmente, con Carlos Parodi, Valentín Botella y José León (José María Caruana tendrá que protagonizar ahora un auto de complemento de la sentencia porque el ponente se ha olvidado de él en el fallo), es prematuro decir que el Hércules vuelve a hacer historia, en este caso negativa, pero no que está cerca de hacerlo: no hay muchos clubes de fútbol que hayan sido condenados penalmente en nuestro país desde que se le puede exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas. Es más, ahora mismo, sobran puestos en el hipotético podio. Casualmente el FC Barcelona, otro de los actores en los primeros capítulos del 'caso Abde', aunque con un papel residual, aceptó en 2016 una condena por sendos delitos contra la Hacienda Pública cometidos con el fichaje de Neymar da Silva. Ahí empieza y acaba la lista, puesto que otras entidades como el CA Osasuna o el Córdoba CF se vieron en el pasado vinculados a delitos juzgados y condenados, pero su participación en los hechos no era reprochable penalmente.

Campeón en los despachos, hasta ahora

El Hércules fue la primera Sociedad Anónima Deportiva (SAD) en presentar una suspensión de pagos; lo hizo en 2001. Once años después y ya con otra normativa (la famosa Ley Concursal, que vio la luz en 2003 y empezó a aplicarse en 2004), volvió a suspender pagos y en 2017 tuvo que pedir una segunda oportunidad (reconvenio) a sus acreedores (algo de lo que no hay muchos otros casos dentro de las SAD). También fue la primera en iniciar un Expediente de Regulación de Empleo que afectó a futbolistas en nuestro país, cosa que hizo en 2012, y un Expediente de Regulación de Empleo Temporal que afectó a todos sus trabajadores, vía a la que recurrió en 2020 ante la crisis económica ligada a la Covid-19. Un año antes había sido una de las primeras (se le adelantó el FC Barcelona) en doblarle el brazo a la poderosa Comisión Europea en un litigio por Ayudas de Estado prohibidas.