ALICANTE. El pasado 4 de julio se daba a conocer la resolución de la Comisión Europea por la que se declaraba ayuda de Estado ilegal los avales otorgados en 2010 por el Instituto Valenciano de Finanzas a diferentes clubes de fútbol de la Comunitat, entre ellos el Hércules.

Como consecuencia de lo anterior, los blanquiazules tienen de plazo hasta noviembre para devolver 6.935.020 euros; ahí es nada para un club que apenas tiene ingresos al militar en Segunda División B y que trata de renegociar los convenios suscritos en 2012 con sus acreedores porque no puede cumplirlos. 

De ahí que resulte clave la calificación que se le dé a esa nueva deuda: como crédito concursal o como crédito contra masa. 

En el primer caso, estaríamos en el escenario menos malo para el Hércules dada su delicada situación económica, pues cabría una quita y una espera. En el segundo no y el futuro de la SAD de un club fundado en 1922 más que negro si cabe.

Apenas 48 horas después de conocerse la resolución de la Comisión Europea, el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y el director general del IVF, Manuel Illueca, mantenían un encuentro para abordar lo resuelto por la comisaria de la Competencia, Margrethe Vestager; en sus declaraciones posteriores, tanto el uno como el otro ya pusieron el acento en lo anterior llegando a calificar como “territorio inexplorado” aquel al que que con su decisión de recuperación Bruselas ha llevado al club blanquiazul, amen del propio Hércules con sus impagos.

Por cierto, no resta mucho para que se agote el plazo para poder recurrir ante el Tribunal General de la Unión Europea la decisión de la Comisión. Un recurso que, por otro lado, no conllevará la suspensión de la obligación de pagar (para ello el TUE habría de estimar una petición de suspensión cautelar).