ALICANTE. La Agencia Tributaria mantiene su postura de exigir al Hércules que abone el martes como tarde la totalidad de dinero que le adeuda, esto es, 4,4 millones de euros o deposite un aval bancario por igual importe.

Y sí, también continúa Enrique Ortiz negándose a poner solución a la situación cumpliendo una de las dos exigencias anteriores: nadie duda, empezando por su propio entorno, que el constructor es el responsable de la situación de insolvencia que atraviesa el club, toda vez que la citada deuda millonaria se generó por unos gestores elegidos por él. Ahora bien, jurídicamente no cabe la posibilidad de reclamarle, a diferencia de lo que sucede con el consejo de administración.

Los Carlos Parodi, Valentín Botella y Francisco Javier Méndez, integrantes del órgano de gobierno del Hércules, son responsables subsidiarios de la deuda de acuerdo con la Ley General Tributaria y su patrimonio será también objeto de embargos.

Por cierto, lo anterior no sería la primera vez que sucede en el club blanquiazul, tal y como desvelaron en su día las escuchas del Caso Brugal, y es que en 2009 el patrimonio de los consejeros ya fue objeto de embargos, en esa ocasión por parte de la Seguridad Social.