VALÈNCIA. Dos formaciones de gobierno. Dos posturas contrapuestas. Y una decisión ineludible por tomar. Esta es la situación actual en el ejecutivo local del Ayuntamiento de València, conformado por Compromís y el PSPV, que deberá enfrentarse en las próximas semanas a la disyuntiva: la permanencia o no del gerente de la EMT, Josep Enric García. Decisión de calado en tanto en cuanto lo que ocurra en la empresa que preside Giuseppe Grezzi puede ser clave para las relaciones entre ambos socios en lo que queda de mandato. No hay acuerdo. Y sin acuerdo, el conflicto amenaza con enquistarse.
El alcalde de la ciudad, Joan Ribó, de Compromís, reiteró este viernes su apoyo al gerente de la empresa al considerar que no tuvo ninguna responsabilidad de lo sucedido en la empresa de la que es responsable durante el fraude de cuatro millones perpetrado contra la firma en septiembre de 2019. El primer edil volvió a proteger así al directivo escudado también por el edil de Movilidad Sostenible y presidente de la mercantil municipal, Giuseppe Grezzi.
"Yo no soy partidario de la salida del gerente de la EMT porque creo que no es responsable de ese tema. Yo no soy partidario, creo que no es una responsabilidad suya", respondió el primer edil preguntado por si es partidario de que García abandone su cargo en la compañía a partir de al estafa detectada.
Ribó consideró que "la responsabilidad es muy clara" y la ha alejado de directivos de la entidad y circunscribió la responsabilidad únicamente a "la persona que, de alguna manera, indujo este tema y las personas que lo permitieron", en alusión a la jefa de Administración de la EMT, despedida tras conocerse el fraude, Celia Zafra, y Caixabank, la entidad a través de la cual se realizaron las transferencias de esta operación.
Una postura que también ha estado defendiendo el edil de Movilidad Sostenible y presidente de la empresa municipal, pero que es manifiestamente contraria a la posición de sus socios, el PSPV, que lidera Sandra Gómez. Los socialistas han dicho en numerosas ocasiones que las conclusiones de la comisión de investigación deberán incluir la exigencia de responsabilidades, también al gerente de la firma, al considerarlo responsable de la misma y al detectarse en la comisión ciertas deficiencias en los protocolos de control -empleadas aseguraron que éstos estaban escritos a mano y sin un documento estandarizado-.
Una decisión, la de cesar al gerente, que los socialistas pretenden acelerar de cara a las próximas semanas. Sin ir más lejos, esta semana Gómez instó a presentar las conclusiones de la comisión de investigación y cerrar el organismo próximamente, una forma de precipitar la salida del directivo de la EMT: bien forzando una dimisión previa a la presentación de las conclusiones, bien acordando con Compromís este movimiento, o a las bravas, aprobándolo con la oposición en la comisión de investigación, o incluso en el consejo de administración.
Eso sí, si se transitan las última sendas, el desgaste interno del gobierno municipal parece asegurado, dadas las posturas confrontadas de ambos socios de ejecutivo. El desbloqueo de la situación en la empresa municipal amenaza con un choque de trenes si nadie se 'baja del burro'. Y precisamente ello es poco probable ahora mismo, a juzgar por las declaraciones del alcalde de la capital.
A la postre, esta decisión, no está vinculada expresamente con el documento de conclusiones, pues se puede aplicar en el consejo de administración. Una vía que permitiría continuar con labores de investigación o que la oposición pueda acceder a toda la documentación solicitada, como exige el Partido Popular que dirige María José Català. Los populares han exigido que no se cierre la comisión de investigación y que se solicite nuevas comparecencias.
