València, capital de las libertades en la red

VALÈNCIA.-No ha hecho falta darle más que la primera línea de 1984, de George Orwell. «Fue un día frío brillante en abril, y los relojes dieron las trece», y GPT2 hizo el resto. En tono futurista y al más puro estilo de novela, continuó: «Estaba en mi coche camino a un nuevo trabajo en Seattle. Pisé el acelerador, puse la llave y lo dejé correr. Acabo de imaginar cómo sería mi día. Cien años a partir de ahora. En 2045, fui profesor en alguna escuela en una zona pobre de la China rural». Aunque el género es ciencia ficción, GPT2 es un sistema de Inteligencia Artificial que se atreve con el mismo Orwell. La herramienta es tan buena escribiendo noticias y obras de ficción sin intervención humana, que las posibilidades de darle un uso malicioso son enormes por lo que la compañía que la ha desarrollado, OpenAI, afirma necesitar más tiempo para estudiar cómo  evitar que se convierta en un arma de doble filo. 

No es 1984, es el antepaso del internet de las cosas, y para entenderlo, València es el sitio apropiado. Lo es desde hace cinco años, fecha en la que se estableció, en Las Naves, el Internet Freedom Festival (IFF), la cita mundial que cada año congrega a un millar de activistas, ONG, agencias gubernamentales, medios de comunicación, pero también a las principales plataformas de internet, con el objeto de reclamar un internet más libre, diverso, colaborativo y abierto. Este mes de abril, el IFF celebra su quinto aniversario con varios hitos conseguidos: por su plantel han pasado más de 6.000 personas de más de 135 países; sus entradas se agotan a los pocos días y tienen una media de mil asistentes en lista de espera; son la excepción a la regla con un 52% de mujeres participantes y con más de la mitad de ponentes procedentes del Sur Global, y en estos años han recaudado más de medio millón de dólares para becas. «En 2017, el IFF creó el Fondo de Diversidad e Inclusión para dar voz a grupos minoritarios.

A día de hoy, ese fondo es una referencia en el sector, y ha becado a más de 200 activistas de todo el mundo y cuenta con la colaboración de grandes corporaciones», explica el valenciano Pepe Borrás, cofundador y director ejecutivo del Festival. «Es un proyecto pionero, el único proyecto en el mundo que se dedica a cultivar comunidades y a conectar a todos los grupos que trabajan en el campo de la libertad de internet», explica.

Lea Plaza al completo en su dispositivo iOS o Android con nuestra app

Desde Nueva York estos días se ultiman los detalles del programa de este año. A lo largo de las ediciones anteriores, han participado los nombres más importantes en el ámbito de los derechos humanos y el activismo. Reporteros Sin Fronteras, Electronic Frontier Foundation, Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, Amnistía Internacional... Las principales plataformas tecnológicas, Facebook, Google, Twitter, Mozilla, Wikimedia, Tor, Creative Commons, pero también agencias gubernamentales como el Departamento de Estado de EEUU, la Agencia Internacional sueca de Cooperación y Desarrollo, o fundaciones como la Open Society Foundations de George Soros, la Ford Foundation u Omidyar Networks, que patrocinan en buena parte el encuentro anual. También invitados especiales como Jimmy Wales (fundador de Wikipedia), Gumersindo Lafuente, Virginia Pérez Alonso, Malén Aznárez, Dario Adanti y Chema Alonso, entro otros. Entre los asistentes, la organización explica que la participación española en temas de libertad en internet no es muy elevada, pero la presencia de valencianos, en cambio, es anormalmente alta. 

Del ciberfemismo a las fake news

El IFF nació casi por generación espontánea, comentan sus fundadores, sin pretender ser una cita anual ni tan voluminosa como lo es en la actualidad, pero sus resultados han superado todas las expectativas, y la fórmula de poner a las personas en el centro de la mirilla y no tanto la tecnología parece funcionar. «A las compañías les gustan las conferencias, a las personas los festivales», claman en sus redes sociales. Sandra Ordóñez es la contraparte de Pepe Borrás. Es la cofundadora y directora de comunidad. Señala que desde el principio tuvo claro que ciertos temas no se pueden tratar en el espacio digital y era necesario el encuentro físico. «Si queríamos hacer partícipes las voces de las minorías, de los colectivos LGTBIQ perseguidos en sus países, de los activistas de los derechos humanos, de las mujeres, de las minorías raciales, teníamos que ofrecerles un espacio ante todo seguro para que pudiéramos ir creando esta comunidad que hoy es el IFF», explica.

Y tanto esfuerzo se pone en la seguridad que tanto la organización como los participantes, hasta la prensa que viene a cubrir el evento, se rigen por un estricto código de conducta al modo del Chatham House, en el que no caben fotos ni identificación de nombres sin permiso estricto, nada de comentarios e imágenes sexistas, conductas despectivas, ni siquiera burlas ante acentos o deslices idiomáticos. También se apuesta por la mejora constante de las herramientas y la respuesta rápida a las necesidades. «Educar y capacitar a los diseñadores y desarrolladores que crean herramientas de Internet Freedom en la metodología de human-centered design (diseño centrado en las personas) para hacerlas más efectivas, utilizables y útiles para el Festival», señala la publicista valenciana Yasmina López Lluch, especializada en diseño de servicios, y que este año ha sido becada por la organización para desarrollar su investigación.

Una de las participantes habituales del IFF, Gaba Rodríguez, vinculada al proyecto Tor —la principal tecnología para comunicaciones anónimas y seguras que ella usa para las estructuras feministas en la red—, señala que «los protocolos que se han creado en el IFF desde la perspectiva de género, donde queda claro qué se espera de estos espacios diversos e internacionales, han facilitado que todas nos sintamos cómodas en ellos», explica. Movimientos como el #MeToo o las grandes movilizaciones vía redes sociales con motivo del #8M son materia del festival que apuesta por el ciberfeminismo.

Al amparo de la confluencia generada en estos años han nacido proyectos como la primera Red Africana de Formadores de Seguridad Digital y su versión latinoamericana, la organización Digital Society of Zimbabwe (DSZ) que trabaja con defensores de los derechos humanos, pero también líneas de trabajo con activistas y periodistas perseguidos. De hecho, la edición DE 2018 del IFF fue el germen del primer programa que pretendía convertir València en ciudad refugio para periodistas en riesgo, aunque a día de hoy sigue siendo un borrador. Una iniciativa en la que participó la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de València, y a la que dieron su apoyo las principales organizaciones internacionales de protección de la prensa, y a la que se ha sumado la Cátedra DevStat  UV.

De la vergüenza a la alabanza 

Uno de los participantes de aquel proyecto es el periodista mexicano Javier Garzá. En esta edición del IFF hablará de las Fake News y de los apagones de internet como una de las herramientas de censura cada vez más practicadas por estados totalitarios. «La tecnología ya permite hacer fake news casi indescifrables cuya consecuencia directa es generar incertidumbre. Aquí en México es constante la recurrencia a informaciones adulteradas sobre la seguridad que provocan miedo en la población y fidelizan ciertos votos. El segundo uso de las fake news es el que les dan los políticos, y son todas aquellas noticias que no les gustan y las tildan de falsas, por ejemplo, cuando Trump acusa directamente al New York Times de inventar bulos sobre él. Estas informaciones predisponen al público contra los medios de comunicación y a los periodistas que hacen las coberturas a peligros manifiestos», explica. Y ante este doble peligro, Garzá llama a desarrollar una cultura de verificación, tarea difícil cuando las plataformas evolucionan a más velocidad que las destrezas de los usuarios.

La comunidad IFF, especialmente sus estandartes valencianos, son referencias ya en su ámbito del activismo digital, y han tenido que ver en hitos como el reciente Reglamento General de Protección de Datos. Desde Bruselas, Guillermo Peris, coordinador de comunidad de la plataforma European Digital Rights (EDRi), que aglutina a más de una treintena de organizaciones internacionales, lo califica como el estándar más alto a nivel global, junto con la Convención 108+ del Consejo de Europa, de protección de datos. «Eso sí, hemos calificado el Reglamento de Regulective (Regulation + Directive) por las múltiples flexibilidades que permite, a pesar de ser un Reglamento. Está por ver cómo se va a implementar, pues hemos visto ciertos problemas en España y Rumanía, y cómo las agencias de protección de datos van a actuar frente a las infracciones», explica. 

Jordi Peris (Edri): «En la lucha contra la corrupción, la Comunitat ha pasado de ser una vergüenza a ser un referente internacional»

En cuanto a la Comunitat Valenciana, queda mucho por hacer según Peris, pero se han dado pasos positivos, como «la apuesta de la Agència AntiFrau Valenciana por la implementación de una infraestructura digital basada en el software GlobaLeaks. La principal tecnología desarrollada es un buzón de denuncia para alertadores (whistleblowers), es decir un marco seguro y anónimo de denuncia de irregularidades y fraudes. El software presenta una integración total con la tecnología Tor e incorpora además PGP como el estándar para el cifrado de correo y archivos», indica. El contrato se hizo además con una empresa que proporciona servicios profesionales sin fines de lucro, por lo que todo el conocimiento generado vuelve al común. «En la protección de los denunciantes, y la lucha contra la corrupción, la Comunitat ha pasado de ser una vergüenza a ser un referente internacional», señala.

Peris avisa de que, a pesar de los avances de los últimos diez años, estamos en un punto de inflexión. «Las elecciones estatales y europeas nos darán una visión de dónde iremos, por lo que llamamos a los ciudadanos a tener en cuenta cómo los diferentes partidos tratan los derechos digitales». Y es que, las campañas electorales de 2019 serán las primeras en las que, si no se modifica la ley, los partidos podrán buscar información ideológica de sus votantes según su huella en internet, y rastrear sus datos de contacto para enviarles spam o mensajes directos al WhatsApp sin consentimiento previo. 

Mientras las leyes siguen siendo dubitativas, la AI viene para quedarse en el ámbito judicial. El desarrollador valenciano Jaume Cardona es director técnico de la organización internacional Huridocs que ayuda a las ONG a proteger y optimizar su tecnología, pero también a los tribunales internacionales a mejorar sus bases de datos, hacerlas más accesibles y coordinadas. A este respecto dice que los algoritmos son fundamentales porque permiten procesar enormes volúmenes de textos, pero su peligro es manifiesto. «EEUU ha digitalizado toda su jurisprudencia. Ahora se pueden procesar todas las sentencias y usar un evaluador que haga de referencia a la hora de dictar una sentencia, pero la máquina tiene un sesgo claro heredado que la puede convertir en una herramienta claramente discriminatoria. Y a su vez coarta al juez o a la jueza a la hora de dictaminar en contra de su criterio», señala.

Con el 5G a la vista 

Quizá la de George Orwell no es una visión más apocalíptica que la que se nos viene encima. Pepe Borrás apunta tres claros desafíos de futuro inmediato: «La mitad del mundo ya está conectada a internet, pero la otra mitad se va a conectar con las garantías mínimas. Esto hace que la privacidad sea cosa de ricos y que la mayoría se tenga que conformar con regalar sus datos, y en este ambiente de desconocimiento irrumpe el 5G que permitirá que todo esté conectado. Es el denominado internet de las cosas, la tercera revolución de internet, por cuya tecnología se está librando la guerra fría entre las grandes potencias», indica. 

Si a la ecuación se le añade la tendencia a dejar la ley en manos de algoritmos que son propiedad de grandes corporaciones, «nos veremos abocados a una dejación de funciones del Estado y de las instituciones internacionales que esperan que Google, Facebook y otras grandes plataformas se conviertan en la policía y juez de internet por diferentes razones (protección de derechos de autor, protección de víctimas de discriminación, prevención de acciones terroristas o de radicalización...), con el riesgo que ello conlleva para las garantías de un Estado de Derecho», comenta Peris. 

En un momento en el que hay más pantallas que usuarios, «el IFF intenta concienciar a los participantes de que la tecnología no es neutral, vamos, si estamos haciendo algo en internet tenemos derecho a saber quién está en la habitación», señala Sandra Ordóñez. Es decir, que los protocolos, el hardware, el software y la infraestructura de las tecnologías de la información se diseñen de un modo abierto y que protejan al ciudadano. «Hay que huir del solucionismo digital. Hay una famosa frase que circula en internet a este respecto que dice: "La tecnología es la solución, pero ¿cuál es el problema?"—, añade Peris— y concluye: Aceptemos que las sociedades son complejas y no intentemos solucionarlo todo a golpe de algoritmo».

Y por si todo esto suena a ciencia ficción, la Guardia Civil avisa a golpe de tuit: «¿#Sabes qué tener en cuenta a la hora de adquirir un robot de limpieza? Lo 1º las condiciones de privacidad y seguridad. Una buena práctica es conectar estos dispositivos solamente cuando los necesitemos». ¡Ay, el internet de las cosas!

* Este artículo se publicó originalmente en el número 53 de la revista Plaza