El alcalde de València, Joan Ribó, en un Pleno del Ayuntamiento. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. No hubo sorpresas. El servicio de mediación hipotecaria del Ayuntamiento de València lo prestará durante los dos próximos años la cooperativa El Rogle. En realidad, lo continuará prestando, porque esta empresa de servicios jurídicos fue la elegida a dedo en marzo de 2016 por la concejala de Vivienda, María Oliver –de València en Comú y candidata de Podemos a la Alcaldía en 2019– hasta que fue advertida de la ilegalidad de mantener ese contrato y tuvo que convocar un concurso.
A pesar de que el concurso fue licitado en la intempestiva fecha del 31 de julio a las 13.30h, con plazo para presentar ofertas hasta el 15 de agosto, no pasó inadvertido para la empresa Novaedat Benestar, perteneciente al grupo Cleop, que tuvo la osadía de presentar una oferta y ganar por goleada a El Rogle. La mesa de contratación, formada por técnicos del Ayuntamiento, otorgó 98,01 puntos a Novaedat Benestar y 73 a El Rogle, y obviamente propuso adjudicar el contrato a la primera.
Sin embargo, antes de la adjudicación definitiva la cooperativa presentó un escrito de alegaciones solicitando la exclusión de Novaedat Benestar porque, según dijo, su objeto social "no guarda relación directa ni indirecta con el objeto del contrato". Y lo logró, no sin grandes esfuerzos por parte de la Junta de Gobierno Local que preside Joan Ribó, primero para admitir como "recurso de alzada" lo que se presentó por "error" como un escrito de "alegaciones" y, después, para corregir a los técnicos de la mesa de contratación y considerar que la empresa que había presentado la mejor oferta no guardaba relación, aunque fuera indirecta, con el objeto del contrato.
El objeto del contato era este: "Servicio de asesoramiento, mediación e intermediación para personas, familias o unidades de convivencia que puedan verse afectadas por situaciones de riesgo residencial que puedan derivar en ejecuciones hipotecarias o de alquiler".
Novaedat Benestar alegó que en su objeto social figuraba lo siguiente: "La gestión, dirección, administración, explotación y arrendamiento de servicios sociales, servicios de la dependencia, servicios de personas con diversidad funcional, servicios y actividades comunitarias de carácter social e intermediación cultural, servicios de atención e intervención a personas con riesgo y vulnerabilidad social, públicos o privados, de todo tipo…" con el añadido: "Las actividades integrantes del objeto social se realizarán por medio de los correspondientes profesionales con la titulación adecuada, cuando así sea preciso".
Además, los dos abogados propuestos para prestar el servicio, Manuel Sarrión y Laura Latorre, tenían una trayectoria de 14 y siete años de ejercicio, respectivamente –frente a los seis y cuatro años que tienen los propuestos por El Rogle–, y contaban con una experiencia en el Programa de Intermediación Hipotecaria del Colegio de Abogados de seis y cuatro años, respectivamente, con servicios prestados para los ayuntamientos de Torrent, Llíria, Quart de Poblet y Catarroja, gracias a un convenio firmado con la Diputación de Valencia.
Pese a ello, la Junta de Gobierno Local, formada por el alcalde y los tenientes de Alcalde (Compromís, PSPV y València en Comú), rectifica a los técnicos y decide dejar fuera la mejor oferta, con lo que se propone a sí misma adjudicar el contrato a El Rogle.
La licitación fijaba un horario de 12 horas, lunes miércoles y viernes de 9 a 13h, pero la oferta de Novaedat Benestar lo ampliaba en seis horas más y un día adicional. La de El Rogle amplía el horario en tres horas. El contrato se ha adjudicado por 102.855 euros (IVA incluido), con una rebaja del 14,86%. La de Novaedat Benestar era del 14,12%, lo que suponía 1.062 euros más (IVA incluido).
La filial de Cleop optó por no seguir peleando y pidió la devolución del aval. No obstante, podría verse beneficiada por el recurso potestativo de reposición interpuesto por el portavoz del Grupo Popular en el Consistorio, Eusebio Monzó, contra la adjudicación firmada el pasado 7 de noviembre.
En él, además de discrepar sobre la decisión de la Junta de Gobierno Local "en contra del criterio de la mesa de contratación", señala una serie de irregularidades formales cometidas, a su juicio, por la cooperativa El Rogle y por el propio Ayuntamiento. Así, El Rogle presentó su escrito de "alegaciones" por Registro de Entrada y en formato papel, cuando la ley establece que las comunicaciones entre empresas y Ayuntamiento se llevarán a cabo "por medios exclusivamente electrónicos".
Lejos de requerir a El Rogle que subsanara el error, el Consistorio citó al representante de Novaedat Benestar para entregarle copia de las alegaciones en papel, incumpliendo también la ley –la empresa sí presentó las suyas en formato electrónico–. Por ello, el PP considera "nula de pleno derecho" la adjudicación a El Rogle, que para más inri presentó la documentación requerida como adjudicataria también mediante una comparecencia física.
No era ningún secreto que El Rogle era la empresa favorita para Podemos y, por extensión, para el equipo de Gobierno municipal. Como publicó en su día Valencia Plaza, el Ayuntamiento presidido por Joan Ribó renovó en 2015 el convenio anual de 11.000 euros con el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) para prestar este servicio de mediación. Sin embargo, nueve meses después de la llegada del nuevo gobierno, María Oliver impulsó un contrato menor alegando que el Ayuntamiento no podía hacerlo "por falta de medios personales y materiales", pese a que el ICAV ya lo estaba prestando desde hacía años.
El contrato menor fue adjudicado en marzo de 2016 a El Rogle Cooperativa Valenciana y ascendía a 21.719,50 euros, IVA incluido. Es decir, 17.950 euros más IVA, una cantidad que raya el límite máximo de los 18.000 euros establecido entonces para los contratos menores. A partir de esa cantidad no era posible adjudicarlo a dedo. Además, eran 10.000 euros más de lo que facturaba el ICAV por el mismo servicio. Incluso el primer convenio incluía un día de servicio más a la semana en las dependencias del Colegio de Abogados.
Ambos servicios continuaron dándose de forma paralela durante cuatro meses, hasta julio de ese año, cuando el Consistorio decidió dar por finalizado el convenio con el ICAV tres meses antes de lo previsto por ser "coincidentes" las tareas.
Cuando finalizó el contrato, Oliver impulsó dos procesos de contratación que, como relató este diario, la Intervención municipal y el Servicio Económico Presupuestario frustraron al alertar de un posible fraccionamiento de contrato y de un aumento injustificado del importe.
Desde entonces, abril de 2017, la mercantil continuó prestando los servicios con las mismas condiciones que establecía el contrato menor, pero sin contrato. Es lo que se traduce de las objeciones que la Intervención municipal hacía cada vez que el consistorio realizaba el pago a la cooperativa. El organismo avisaba en cada ocasión de que "el encargo", por parte del área de Vivienda, dirigida por María Oliver, se había realizado "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
Añadía el interventor que en el momento de realizarse el encargo "existía crédito adecuado y suficiente, si bien no fue debidamente autorizado y dispuesto". Y finalizaba así: "El presente informe se emite con independencia de las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir".
