VALÈNCIA. "La exigencia de estos certificados de incineración no soportados normativamente generó el cobro de unas cantidades indebidas por estas actividades privadas que realizaba el personal público del Instituto de Medicina Legal". Así de tajante se explica la Agencia Valenciana Antifraude sobre la emisión de certificados no recogidos por la normativa por parte de médicos forenses del Instituto en el Tanatorio de València, que llegaron a cobrar hasta 51.200 euros en un año al margen de su actividad en la entidad, dependiente de la Conselleria de Justicia. También se llevaban a cabo actuaciones innecesarias por las que se cobraban "cantidades muy elevadas", en palabras de Antifraude.

En cuanto a lo primero, se trata de unos certificados de incineración que constatan que en los cadáveres no hay restos termoactivos y que, en efecto, pueden ser incinerados sin problema. Un documento que el Ayuntamiento de València exigía en su página web para el Tanatorio municipal pero que no estaba contemplado ni en la ley valenciana de Prácticas de Policía Sanitaria Mortuaria y tampoco en la ordenanza municipal de València referente a los servicios mortuorios. 

Con todo, había médicos profesionales privados y forenses que lo emitían en los cadáveres no judiciales a instancias de las funerarias. También los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal lo hacían de manera "automática" en el caso de los cadáveres judiciales que se iban a incinerar. Sin embargo, no sólo es que no estaba contemplado en la ley, es que además "carece de sentido" hacerlo porque los cuerpos ya han sido sometidos a sus respectivas autopsias y, en el caso de contener algún elemento radioactivo, este ya ha sido retirado.

Así pues, los médicos forenses que llevaban estas prácticas, "estaban cobrando para su propio beneficio por la emisión de un certificado indebido, innecesario y sin respaldo legal alguno", explica Antifraude, "y sin que dichos fondos pasaran por el control ni las arcas públicas, exigiendo tarifas o minutas que no eran debidas sin que se haya producido el reintegro de las mismas".

Se trata, para Antifraude, de una práctica que para un médico privado "no tiene respaldo normativo" pero que en el caso de empleados públicos que hayan trabajado con los cuerpos que se van a incinerar, tampoco, puesto que ello "supone el ejercicio de una actividad lucrativa privada afectada por el régimen de incompatibilidades".