VALENCIA. Marzo de 2011. Les Corts Valencianes aprobaban con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción de EU, que se abstuvo, una reforma del Estatuto dirigida a blindar las inversiones territorializadas en la Comunitat Valenciana en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Es decir, ajustar las partidas que se destinen a la población existente en la región: simplificando, recibir algo más de un 10% de las inversiones del Estado. Una cifra muy alejada de lo que cada año el Gobierno central viene enviando a la Comunitat Valenciana.

Este miércoles, cuatro años y medio después, el Congreso de los Diputados acordó -con la cámara casi vacía en el debate- la toma en consideración de la reforma estatutaria valenciana con el respaldo de casi todos los grupos parlamentarios -UPyD votó en contra- y, de esta manera, dio luz verde a la tramitación de esta remodelación que deberá acometerse ya en la próxima legislatura. Una iniciativa que, en este tiempo, el Partido Popular se ha encargado de aplazar en varias ocasiones para evitar conflictos interautonómicos: ahora, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina y a sabiendas de la imposibilidad de que entre en el calendario parlamentario de la legislatura que se agota, ha decidido apoyar la reforma en forma de patada hacia delante.