ALICANTE. El concurso para seleccionar el diseño del futuro centro de congresos de Alicante encuentra el camino despejado. El acuerdo de su convocatoria quedó aprobado por unanimidad este miércoles, en el transcurso del pleno de la Diputación Provincial correspondiente al mes de abril, sin mayores sobresaltos. Los tres grupos políticos representados en la corporación (PP, PSOE y Compromís) y los dos diputados no adscritos (exrepresentantes de Ciudadanos) mantuvieron el voto expresado en comisión informativa el pasado 22 de marzo y avalaron las bases del proceso pese a los reproches sobre el retraso y sobre el oportunismo electoral que los socialistas y los valencianistas atribuyeron a la iniciativa, que queda activada a poco más de un mes de la cita con las urnas del próximo 28 de mayo.

Sea como fuere, el acuerdo permite que la convocatoria se pueda poner en marcha en cuestión de semanas, en cuanto su anuncio quede publicado en boletines oficiales. Será entonces cuando se active el calendario previsto en el propio pliego de condiciones: tres meses para la presentación de proyectos por parte de los gabinetes de arquitectura interesados y un mínimo de otros dos meses más para que el jurado de expertos compuesto por seis arquitectos de prestigio evalúe las propuestas que acaben registrándose. 

Se trata, no obstante, de un plazo que podría ampliarse si se considerase oportuno, en el supuesto de que concurriese gran cantidad de propuestas, como se prevé que podría suceder, a tenor del interés que, según fuentes consultadas, ya se habría constatado entre los arquitectos a los que se sondeó con la intención de que pudiesen formar parte del jurado y que declinaron el ofrecimiento para poder concurrir en el procedimiento.

Después de septiembre

En todo caso, esa programación conlleva que todas las decisiones sobre el futuro del proyecto quedan demoradas hasta el próximo mandato, ya que, como pronto, no se seleccionará al ganador del concurso hasta los meses de septiembre o octubre. Es decir, que será la próxima corporación y el próximo gobierno que deparen las elecciones municipales y autonómicas -sea del color político que sea- el que asuma la responsabilidad de sancionar el fallo del jurado. Y, en consecuencia, también el que deba adjudicar la redacción del proyecto de ejecución a través del procedimiento negociado que ya se incorpora en las bases del concurso.

Como ya ha informado este diario, la convocatoria prevé un primer premio de 90.000 euros (que se eleva a 108.900 con impuestos) para la propuesta que gane el concurso. Y, además, establece que el gabinete redactor que resulte seleccionado percibirá unas retribuciones de más de 6,9 millones por la elaboración del proyecto constructivo.