VALÈNCIA. El Gobierno valenciano, presidido por el popular Carlos Mazón con Vox como socio, se enfrenta a su primera gran crisis empresarial. Este miércoles, Ford ponía sobre la mesa negociadora el despido de 1.622 trabajadores, un tercio de la plantilla que actualmente cuenta con unos 4.900 empleados. Una posibilidad que, de confirmarse, dejaría a la factoría con unos números raquíticos en comparación con su época más expansiva, cuando albergaba a 9.000 trabajadores.

El escenario es preocupante desde el punto de vista económico y laboral, pero también político. No en vano los empleos indirectos que giran en torno a Ford Almussafes rondan los 30.000 puestos y la facturación de la factoría se situó próxima a los 12.200 millones de euros en 2022, lo que representaba más del 18% del PIB valenciano. Unas cifras que convierten cualquier crisis de esta empresa en un problema también para el Ejecutivo de turno.

La delicada situación de Ford Almussafes no es nueva. En los últimos años se ha constatado un decrecimiento de la producción que, en el pasado ejercicio descendió un 10% respecto al año anterior, además de reducir la plantilla en 1.144 trabajadores. No obstante, el anterior gobierno dirigido por el socialista Ximo Puig aún pudo sacar pecho cuando en junio 2022, Ford decidía adjudicar los nuevos modelos eléctricos a Almussafes en detrimento de la planta de Saarlouis: una decisión que implicaba garantizar la supervivencia de las instalaciones valencianas.