ALICANTE. Ni Enrique Ortiz ni Juan Carlos Ramírez confirman si pujarán o no en la subasta convocada por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
Ambos pero especialmente Ortiz son reticentes a manifestarse respecto a esta cuestión si bien, este domingo y a preguntas de Alicante Plaza, dejaban entrever que apurarán los plazos no solo para pujar, también para decidir si hacerlo o no por el 15,07% de los acciones del Hércules titularidad del banco del Consell y el derecho de crédito de 15,4 millones que mantiene contra la Fundación del club blanquiazul.
Hasta las 15 horas del martes se pueden formular ofertas y los empresarios no tienen prisa, toda vez que el que la subasta quede desierta no perjudica a sus intereses y tampoco parece que ahora se vaya a concretar en un puja formal el interés mostrado por terceros meses atrás y es que, además de no incluirse en el lote el estadio José Rico Pérez (algo que ha desincentivado a varios), como venimos contando en Alicante Plaza, tampoco la subasta confiere al ganador la propiedad del Hércules si no de solo el 15,07% de sus acciones y la titularidad de un derecho a reclamarle a la Fundación 15,4 millones de euros.
Esta subasta no otorga la propiedad del Hércules
Es cierto que el adjudicatario podría convertirse en un futuro en el máximo accionista, pero para eso necesitaría lograr la ejecución del embargo que pesa sobre el 72,69% del capital social del Hércules que es titularidad de la Fundación, en virtud del citado impago del derecho de crédito, algo que no le resultará nada fácil salvo que, obviamente, sean Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez los acreedores, ya que precisamente estos controlan la voluntad del patronato de la Fundación a través de terceros.
Liquidación de la Fundación y probablemente del club
Tal es la oposición que encontraría un adjudicatario distinto de Ortiz y Ramírez que la Fundación, tras poner todas las trabas judiciales posibles, no dudaría en inmolarse, es decir, solicitar su liquidación voluntaria; si bien esto provocaría la celebración de una nueva subasta en la que, eso sí, entonces sí estarían sus acciones sobre la mesa, no solo hasta ese momento ambos empresarios seguirían controlando el club es que este probablemente ya no existiría dado que la falta de acuerdo con los acreedores (sería lo lógico ante la indefinición de quién ha de garantizarles el pago de la deuda del Hércules) le abocaría también a la liquidación por lo que, en todo caso, todo desembocaría en una subasta pero ya solo de la unidad productiva...
Foto: Pepe Olivares
Por tanto, todo se reduce a que Ortiz y Ramírez decidan 'complacer' o no al IVF desembolsando los 600.000 euros de rigor. Una decisión que, teniendo presente lo anterior, es tan política como económica.
El doble de los 300.000 euros anunciados por Ramírez
El precio de salida que fijó el banco del Consell es sensiblemente superior (el doble) al que estaban dispuestos a pagar por unas acciones del Hércules que Juan Carlos Ramírez ha negado en varias ocasiones que tengan ese valor (el club está en causa legal de disolución) y un derecho de crédito en el que el deudor está al borde de la liquidación.
Si finalmente 'pasan por el aro' y pujan, salvo sorpresa mayúscula (que sí tuvieran rival y ofertara más dinero), se harán con la titularidad del lote y, en lo que a la Fundación se refiere, obviamente llegarían a un rápido acuerdo con esta (se lo pondría en bandeja) para cancelar la deuda de 15,4 millones a cambio de las acciones. En ese momento, Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez sí serían propietarios del Hércules.
Foto: Pepe Olivares
