VALÈNCIA. Cinco años de investigación han arrojado sus resultados. El levantamiento del secreto de sumario de la macrocausa conocida como caso Azud ha desvelado no pocos detalles de la trama de presunta corrupción que tiene como columna vertebral al empresario Jaime Febrer y su conglomerado mercantil, el Grupo Axis. Con él, y con la colaboración de políticos, funcionarios, y otros personajes vinculados tanto al PP como al PSPV, Febrer habría sido el cabecilla de múltiples operaciones urbanísticas para beneficiarse él y otros empresarios a cambio de mordidas, regalos y comisiones.

Todo ello según el relato de la juez que ha instruido la causa en el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia a partir de las investigaciones de la Guardia Civil y las indagaciones de la Fiscalía Anticorrupción. La magistrada relata de manera muy detallada en uno de sus autos, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, la presunta operativa con la que el entramado empresarial podría haber amañado licitaciones públicas, obtenido beneficios urbanísticos y económicos, o haber sido adjudicatario irregular de contratos públicos.

Así, la jueza recopila hasta nueve operaciones urbanísticas "de las que se tiene constancia", en las que intervino el conglomerado de Febrer, y que según el relato de la magistrada habrían conllevado contraprestaciones para que, a la postre, se hicieran "prevalecer" los "intereses económicos frente a los intereses públicos". Por ello se investigan delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.

El mencionado auto habla de que alrededor del Ayuntamiento de València, durante el gobierno encabezado por Rita Barberá, se creó una "trama" en la que "autoridades, funcionarios, personal laboral, asesores y técnicos, entre otros", obtuvieron "grandes beneficios" como consecuencia del boom inmobiliario en la ciudad durante la primera década de los 2000. Como ejemplo, el abogado y cuñado de la alcaldesa, José María Corbín. Y constructoras e inmobiliarias, subraya, fueron el "canal de obtención" de dichos beneficios en diferentes operaciones, que aquí se detallan, junto a otras en municipios como Xixona, Burjassot o Benicàssim

La Semana Santa Marinera como pretexto

Es el caso de una permuta urbanística que aprobó el Ayuntamiento de València para la empresa matriz de la trama, CVC -propiedad de Febrer-, y que se fraguó entre los años 2001 y 2002. La operación contó con la participación "imprescindible" de Alfonso Grau, entonces concejal de Economía y Hacienda del gobierno de Barberá, y resultó en pingües ganancias para Febrer.

Así, CVC compró por 240.000 euros dos inmuebles que al Ayuntamiento le interesaban para ampliar el museo de la Semana Santa Marinera en el Cabanyal. Tras la compra, el consistorio se los intercambió por un solar edificable en la zona sur de Patraix por un valor superior, de casi 390.000 euros. Y poco después, la firma de Febrer vendió el terreno recibido del consistorio por 760.000 euros. Una operación que, a la postre, reportó un beneficio de 370.000 euros para el empresario de la construcción, según el auto.

El 'pelotazo' al calor de la Fórmula 1

La macrocausa también afecta a los suelos donde se desarrollaron los Grandes Premios de Fórmula 1: el PAI del Grao. En 2006, al calor del boom en esa zona, nació la mercantil Acinelav, una promotora impulsada por la empresa de Jaime Febrer -CVC-, Bancaja Habitat, Pavasal, Kiraly (participada por Gesfesa) y el constructor Salvador Vila. Acinelav pronto se hizo con un tercio de todos los terrenos del PAI. Y de ella, Corbín habría cobrado 224.000 euros en comisiones por hacer de intermediario entre las compañías y su cuñada, la alcaldesa Rita Barberá, que se había involucrado mucho políticamente en el desarrollo del circuito de la Fórmula 1.

Este contacto próximo con Barberá reportó a los empresarios, por un lado, un 'pelotazo' urbanístico de 85 millones de euros tras el aumento de edificabilidad de los terrenos aprobado por el Ayuntamiento, así como un incremento de valor de 230 millones tras conseguir la entrada de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Adif, Bankia y el Ayuntamiento en Acinelav. Consecuciones por las que además, Febrer habría percibido en total hasta 6,6 millones de euros en concepto de honorarios.